El juez Andreu imputa a Deloitte y a su socio Celma por Bankia
Tanto Deloitte como Celma, el Banco de España y la CNMV están en el mismo barco con la siguiente excusa: la operación de salida de Bankia a bolsa era una operación de Estado, no podía naufragar
El juez Fernando Andreu da las puntadas finales de la instrucción del caso llamado “salida a Bolsa de Bankia”. Ayer dictó una providencia tan escueta como contundente: “Dada cuenta, visto el estado de las presentes actuaciones, recíbase declaración en calidad de investigados al Representante Legal de Deloitte S.L. y a D. Francisco Celma Sánchez, el próximo día 20 de junio de 2016 a las 9:00 horas...”
El juez parece seguir aquello de Gracián en el sentido de que “lo bueno, si breve, dos veces bueno”. Durante la causa de Bankia, Andreu ha cursado muchas citaciones de imputados a través de providencia, una interlocutoria que, por definición, a diferencia de un auto, no requiere estar motivada. Francisco Celma es el socio auditor de Deloitte responsable de las cuentas de Bankia, resultado de la fusión de siete cajas de ahorro, con las que la entidad salió a la Bolsa de Madrid el 20 de julio de 2011. Pero el juez no se limita a citar a Celma, que ya declaró en su día en calidad de testigo por su gestión. Además, convoca al representante legal de la persona jurídica, Deloitte.
Durante las últimas semanas, la empresa auditora, bien informada, había difundido que la Fiscalía Anticorrupción proponía al juez que Celma volviese a declarar para responder a las duras afirmaciones contenidas en los informes de los peritos judiciales Víctor Sánchez y Antonio Busquets, entregados el 30 de marzo pasado. En realidad, casi todo lo que difundía era falso. La Fiscalía tuvo que pronunciarse sobre dos informes que le envió el juez Andreu. Uno de ellos de la acusación popular 15MparaRato; otro de la Confederación Intersindical de Crédito. En ambos escritos se le pedía al juez citar a declarar en calidad de investigados a Celma y a Deloitte. La Fiscalía informó favorablemente, pero mantuvo su escrito en reserva. Tampoco el juez dio traslado a las partes. Pero círculos próximos a los auditores empezaron a hacer lobby en medios afines. La idea que vendían: que la Fiscalía quería que Celma respondiera a los peritos judiciales, que aparecen, en muchos medios, como “los malos de la película”.
La Fiscalía, en rigor, informó favorablemente a la petición, según aseguran al ARA en la Audiencia Nacional, de citar a Celma y a Deloitte. Y no precisamente “para responder” a los peritos judiciales, los también inspectores del Banco de España Sánchez y Busquets, sino porque los indicios sobre irregularidad desbordan la causa. En realidad, el juez Andreu tiene conocimiento de indicios delictivos mucho antes del informe de los peritos Sánchez y Busquets. El expediente del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) abierto a Deloitte y a su socio Celma (12 millones de euros de multa pendiente), en septiembre de 2014, describía los argumentos de los auditores y procedía a desestimarlos.
Una operación de estado
En el fondo, tanto Deloitte como Celma, el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) están en el mismo barco con la siguiente excusa: la operación de salida de Bankia a bolsa era una operación de estado. No podía naufragar. Había que poner cada uno su grano de arena. En el expediente del ICAC, Deloitte se justifica con el relato de que se le pidió por ambas instituciones que hiciera el informe favorable a las cuentas y a la salida a Bolsa. Tiene la audacia de solicitar al ICAC que se dirija a la CNMV para comprobar que es así, cosa que el citado Instituto rechaza de plano. ¿Cómo iba a preguntar a la CNMV y al Banco de España si se había solicitado al auditor que éste fuera cómplice de un virtual apaño?
Con Deloitte y Celma citados, queda todavía por definir qué hacer con la CNMV y el Banco de España. El perito Sánchez señala que la CNMV aprobó un folleto con falsedades. Se camuflaron pérdidas de 7.619 millones y se vendió “humo”: “provisiones genéricas pendientes de asignación” de 6.913 millones. En cambio, “se podía recabar de los auditores cuantas informaciones o documentos fuesen necesarios”.
Busquets escribe: “La salida a Bolsa de Bankia fue fraudulenta porque los estados financieros incluidos en el folleto de emisión incumplían la normativa aplicable. El folleto de emisión informaba de unas coberturas [provisiones genéricas no asignadas] para los créditos que eran falsas”.
