Catalá se reunió con el fiscal general el mismo día que la Audiencia volvió a citar a Sánchez, Cuixart y Trapero

MadridLas declaraciones del mayor José Luis Trapero, la intendente de los Mossos d´Esquadra, Teresa Laplana, a cargo de la operación del 20 de septiembre frente a la consejería de Economía, y de los presidentes de ANC, Jordi Sánchez, y de Omnium Cultural, Jordi Cuixart, han comenzado esta mañana a las diez en la Audiencia Nacional por la denuncia de un presunto delito de sedición promovido por la Fiscalía.

Una hora antes, han empezado a prestar declaración por videoconferencia, desde Barcelona, la secretaria judicial del juzgado de instrucción 13 de Barcelona y dos agentes de la Guardia Civil sobre los hechos del 20/9 y el referéndum del 1-O. También Laplana lo hará por videoconferencia.

Por tanto, nada más comenzar Trapero a declarar ante la juez Carmen Lamela ya se había conocido la respuesta del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, a la pregunta del Gobierno de Rajoy.

Una contestación que al no abordar el tema de si el martes 10 de octubre se ha declarado o no la independencia, ha abierto el plazo de setenta y dos horas hasta el jueves, día 19, dentro del artículo 155 de la Constitución, con el ultimátum para restablecer el orden constitucional.

Pero he aquí que el procedimiento del presunto delito de sedición en la Audiencia Nacional ha pasado al centro de la escena. Y ello no es resultado de una mera coincidencia.

Los cuatro imputados fueron citados para declarar el viernes 7 de octubre a cuatro días de la declaración de Puigdemont en el Parlamento catalán prevista para el martes, día 10. Pero ante ese acto, el Gobierno de Rajoy quiso abrir un paréntesis, una tregua, hasta ver qué ocurría. La Fiscalía de la Audiencia Nacional recibió instrucciones del fiscal general del Estado, José Manuel Maza, en ese sentido.

La Fiscalía había negado a los letrados de Sánchez y Cuixart, un día antes del viernes 7, un aplazamiento de la declaración por carecer en plazo de los documentos que les imputaban los hechos delictivos. Pero en la mañana de ese mismo día viernes, con tres de los imputados llegados desde Barcelona, el fiscal solicitó a la jueza posponer la declaración. A la vista de que los imputados ya estaban presentes, la jueza decidió tomar las declaraciones, aunque se aclaró que ya se les citaría otra vez.

El argumento: la Fiscalía informó de que la Guardia Civil le acababa de entregar, esa misma mañana, un nuevo atestado que extendía los hechos del 20 de septiembre hasta la jornada del 1 de octubre.

Aparte de que Maza disfrazó, según fuentes judiciales, este aplazamiento por el nuevo atestado sobrevenido, ¿por qué lo aportaba el fiscal sin conocimiento de la jueza Lamela?

Desde el momento en que el caso está judicializado, el fiscal es una parte más del procedimiento y se tiene que abstener de pedir informes. La defensa de Sánchez ha requerido a la jueza para saber quién encargó el nuevo atestado ya que considera nula su incorporación a la causa.

La jueza Lamela ha afirmado su competencia, desestimando los recursos de Sánchez y Cuixart que la cuestionan, porque entiende que los hechos descritos por la Fiscalía constituyen un delito contra la forma de gobierno en España, y, por tanto, integrarían el delito de sedición. Su relato ya ha asumido tanto lo que afirman los atestados de la Guardia Civil como el informe de la Fiscalía.

En esa narración ocupan un lugar estelar ANC y Omnium, organizaciones de la movilización independentista, y sus presidentes Sánchez y Cuixart, respectivamente.

Los cuatro imputados fueron citados para hoy viernes el pasado miércoles, día 11, la mañana posterior a la declaración de Puigdemont en el parlamento.

Ese día miércoles 11, fuentes judiciales dan cuenta de una reunión entre el ministro de Justicia, Rafael Catalá, y el fiscal general del Estado Maza. Fue el ministro quien acudió al despacho del fiscal general del Estado en la madrileña calle de Fortuny.

No estaba claro anoche si la Fiscalía pedirá algún tipo de medida cautelar contra Trapero y Laplana, pero al parecer, a partir de los autos de la jueza Lamela y por la descripción que hace la Guardia Civil en sus atestados, esas medidas serían solicitadas en la vistilla (artículo 505 de la ley de Enjuiciamiento Criminal) contra Sánchez y Cuixart quizá con el argumento de que podrían destruir pruebas e incurrir en reiteración delictiva (movilizaciones).