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LA OBSERVADORA

¿Dónde estamos?

Convocar el referéndum es complicado, pero se hará. El Estado no tiene fácil una respuesta proporcionada que no despierte la indignación de una mayoría amplísima de ciudadanos de Cataluña que defienden el referéndum

La primera visita del secretario judicial al Parlamento y a las consejerías implicadas en la organización del 9-N fue un acontecimiento. Dudas y consultas. Más de un consejero con dignidad pretendía negarse a firmar las notificaciones judiciales y estaba dispuesto a acabar en la Audiencia Nacional o donde fuera. Alguien hablaba de, si era necesario, pedir asilo político en Francia y provocar un insólito conflicto en la Unión Europea. Años después el entonces presidente de la Generalitat, Artur Mas, está inhabilitado y su vicepresidenta y dos consejeros más también han sido apartados del servicio público por haber puesto las urnas donde votaron 2,3 millones de ciudadanos. Ahora las notificaciones judiciales se reciben sin sorpresa y engrosando las carpetas de las querellas preventivas del Estado por si se compran urnas, por si se lleva adelante el compromiso político de la mayoría parlamentaria de convocar un referéndum.

La aparente naturalidad con que se acumulan los expedientes empieza a ser la misma con la que los miembros de la mesa del Parlamento van a declarar ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) por haber permitido debates en la Ciutadella. Algunos miles de personas les acompañan y, después, hacia el trabajo. ¿Pero la repetición de hechos extraordinarios en una democracia puede ser interpretada como una rutina? No, más bien no.

Las últimas semanas han sido claves en la recomposición de la estrategia de las fuerzas que apoyan al Gobierno y su objetivo de poner las urnas. Las dudas, expresadas al más alto nivel, sobre la viabilidad de celebrar el referéndum se cerraron con la reivindicación de Artur Mas de sus sacrificios políticos y la determinación del presidente Carles Puigdemont desde la atalaya del Palau de la Generalitat. Las informaciones que pusieron de manifiesto las diferencias entre departamentos del Gobierno para asumir los costes judiciales que seguro tendrá la convocatoria del referéndum, llevaron a un rearme de la determinación del presidente y el vicepresidente, Oriol Junqueras. Esta fue la verdadera conjura, que se extendió después de manera muy directa a todo el Gobierno y buena parte de los altos cargos. En palabras de un buen conocedor de la situación, la llamada fue: "Quién no se quiera exponer que deje paso al resto". "El acto de fe público" -en palabras de un firmante- de la declaración del día 21 de abril en el Pati dels Tarongers fue el primer paso de un plan para poner orden y sordina a las decisiones políticas, a la estrategia, que llevarán a la comunicación de la pregunta y la fecha del referéndum antes del verano. A aquellos que ven las elecciones como una alternativa, el presidente les ha recordado que el único que tiene la capacidad de convocarlas es él y que su determinación de hacer el referéndum es de piedra. Puigdemont actúa como un maratoniano que tiene como único objetivo llegar a la meta, consciente de que se corre solo y que el objetivo es llegar, concentrándose en el siguiente paso y sin pensar en la próxima carrera. La estrategia del referéndum está hoy más que nunca en manos de Puigdemont y Junqueras, que se organizan en círculos de asesores varios, no comunicados entre ellos y que disponen de informaciones parciales. En reuniones sin móviles.

El gobierno del Estado mantiene la estrategia judicial. Inmerso en un escándalo mayúsculo de presiones a la fiscalía por temas de corrupción, las presiones al TSJC para juzgar el 9-N fueron un prólogo de la revuelta actual de los fiscales. El tipo de reacción del PP a la convocatoria del referéndum será decisivo para el éxito y, sobre todo, para el apoyo en la calle. Si Rajoy sobreactúa, al estilo Margallo -que es capaz de verbalizar que destruiría las urnas antes de una negociación-, convertirá el Procés en un éxito contundente porque la adhesión al presidente será incluso de los que hoy mantienen una visión crítica. Rajoy tendrá que elegir el grado de represión. ¿Actuará con la brigada Aranzadi de la vicepresidenta, que ha fracasado con el espejismo de una operación diálogo dirigida a unos potenciales incautos que ya no existen en Cataluña? ¿Elevará el grado de represión capturando competencias de seguridad y autogobierno? ¿Sería capaz el Estado de asumir el control de las claves de la administración de la Generalitat? Convocar el referéndum es complicado, pero se hará. El Estado no tiene fácil una respuesta proporcionada que no despierte la indignación de una mayoría amplísima de ciudadanos de Cataluña que defienden el referéndum.

Donde vamos

En este momento es imposible saber con exactitud cómo irán los próximos pasos del Procés. Pero sabemos cuáles son los instrumentos que seguro que se necesitarán: urnas y una mayoría. Siempre se ha dicho que la intensidad de las emociones no da más razón, ni más votos. Hará falta no dar un paso en falso. Que el Procés sea democráticamente impecable es inexcusable. La historia nos ha enseñado que las excepcionalidades generan malformaciones democráticas. En cuanto a la prensa, ni las campañas políticas a la contra disfrazadas de periodismo ni las adhesiones acríticas son frutos democráticos de los que una sociedad se pueda sentir orgullosa. En el ARA continuaremos haciendo periodismo. Informando a nuestros lectores.

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