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Enemigo que huye… a la Sala de Apelaciones

El PP se quita de encima al juez de la Púnica y de Lezo

Con la coartada de una decisión objetiva, no discrecional, la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha adoptado el acuerdo más discrecional que se pueda imaginar al conceder ayer dos plazas en la nueva Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional a los magistrados Eloy Velasco y Enrique López.

Bajo el pretexto de que no existe la “especialidad” de lo penal, ha descartado a los llamados especialistas auténticos, cinco magistrados de la sala de lo Penal de la Audiencia Nacional con mayor antigüedad y curriculum que ya habían recurrido el concurso, adjudicado ayer, porque advirtieron la maniobra política. 

Operación Velasco-López, segunda fase de la movida Maza-Moix, pues, ya consumada, según avanzo ayer ARA. El objetivo inmediato: quitarse de encima al juez Velasco (con su expreso deseo), instructor de los casos Púnica y Lezo, darle nuevo acomodo y de paso, con el mismo argumento “técnico”, encajar en la citada sala a Enrique López.

El ministro Rafael Catalá ya intentó complacer a Velasco con una oferta que no podría rechazar: ser magistrado de enlace en un nuevo organismo Unión Europea-América Latina. Velasco quería. Pero una reducción salarial inicialmente pactada de casi 12.000 euros a 7.000 hizo que el juez finalmente desistiera. A continuación, pidió plaza en el concurso de la Sala de la Apelaciones. Se trataba, pues, de hacerle el traje a medida. Velasco había ascendido de juez a magistrado de manera acelerada a través de una prueba de derecho penal.

Pero es que había jueces con mayor formación, experiencia y antigüedad, entre los 50 y 60 años, que no necesitaban hacer esa prueba para ascender a la categoría de magistrados. Ya la tenían e hicieron una dura prueba de especialidad penal en 2011. Y la superaron. Son los que han recurrido cuando salieron las plazas de la Sala de Apelaciones a concurso: Ángel Hurtado, José Ricardo de Prada, Manuela Fernández de Prado, Ramón Sáez y Clara Bayarri.

Pero esta prueba fue anulada en 2013 por la sección tercera del Tribunal Supremo, aunque no así sus méritos. En la anulación tuvo un papel estelar Carlos Lesmes, actual presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ. Entonces era magistrado de lo contencioso-administrativo, promovió activamente la anulación y fue uno de los firmantes de la sentencia.

Por tanto, los “especialistas” que quedaron eran tres: Pablo Llarena, presidente de la conservadora asociación de jueces APM, López y Velasco. Llarena, precisamente por esta “especialidad”, fue elegido por el CGPJ magistrado de la Sala Segunda de lo Penal. Quedaban por colocar, pues, Velasco y López.

Lesmes había sido director general de Relaciones con la Administración de Justicia en dos épocas consecutivas: con los ministros de Justicia Ángel Acebes y José María Michavila (2000 a 2005). Y entre 2002 y 2004, Catalá había sido su jefe desde el cargo de secretario de Estado de Justicia

Tenían claro desde antes de la investidura de Rajoy en octubre de 2016 lo que era necesario hacer: un nuevo mapa de control judicial. Catalá con asesoramiento del presidente de la Sala Segunda del Supremo, Manuel Marchena, lo diseñó. La primera fase: nombrar a José Manuel Maza en lugar de Consuelo Madrigal en la Fiscalía General del Estado y a Manuel Moix, ex colaborador de Marchena, en la Fiscalía Anticorrupción. Y la siguiente fase era quitarse de encima a jueces molestos. Velasco, el primero. Catalá no lo consiguió con su oferta UE-Colombia.

Ya Lesmes se había cargado a Pablo Ruz, a finales de 2014, con el pretexto de que estaba en comisión de servicios a cargo de la investigación de Gürtel y Papeles de Bárcenas. Y aunque no tiene buena relación con Velasco –más bien todo lo contrario- estaría a la altura del deber: hacer el traje a medida para colocar a Velasco y a López.

Velasco, pues, ya no será instructor. Y además, tendrá que abstenerse cuando llegue en apelación la sentencia de la Operación Lezo; esta es la única que llegará a la Sala de Apelaciones, habida cuenta de que todas las demás, como Gürtel y Púnica, por ejemplo, son investigaciones judiciales iniciadas antes de octubre de 2015, cuando se aprobó crear la citada sala.

Pero la entrada de estos dos “especialistas” bloquea la presencia de los “auténticos” expertos en derecho penal, que han sido excluidos. No obstante, estos últimos recurrirán los nombramientos Velasco-López ante la sala III del Supremo, tras resolverse el recurso ante la Comisión Permanente del CGPJ, en fechas muy próximas.

Queda la tercera fase. El próximo 25 de mayo, el Pleno del CGPJ la abordará. Es el nombramiento del presidente/a de la sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, ya que el magistrado Fernando Grande-Marlaska pasar a ser miembro de la Comisión Permanente del CGPJ.

La mayor antigüedad en la sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, mas no en la carrera judicial, recae en Manuela Fernández de Prado, sección primera de lo Penal. Pero Concepción Espejel, de incorporación más reciente en la Audiencia Nacional, tiene más antigüedad. Espejel es la apuesta del Partido Popular. Y si se consuma su nombramiento estará completada la tercera fase de la operación diseñada por Catalá y Marchena, tras Maza-Moix y Velasco-López.

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