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LA OBSERVADORA

Las cartas sobre la mesa

Hay que explicar muy bien cuál es la hoja de ruta y actuar con credenciales democráticas y cívicas impecables de cara a Europa y de cara a la ciudadanía a la que se pide dar un paso adelante

Una joven suscriptora de este diario nos pedía hace unos días "poner las cartas sobre la mesa" sin concesiones para ayudar a los lectores a saber en qué momento estamos y qué puede pasar en los próximos meses. Nuestra lectora nos invitaba nada menos que a cumplir con nuestra obligación de informar, y ella misma se confesaba abrumada por la velocidad y cantidad de eventos que podríamos calificar de históricos en los últimos años.

Es evidente que cuanta más información tengamos, más capacitados estaremos todos los ciudadanos para tomar decisiones y para acompañar o relevar a nuestros representantes públicos en esta encrucijada.

La sociedad catalana vive un proceso de aceleración desde la sentencia del Tribunal Constitucional y, ante la opción elegida por el Estado de deconstruir el autogobierno y judicializar lo que es una confrontación política, el tiempo de descuento hacia el desafío de las urnas es cada vez más corto.

El Gobierno está determinado a convocar el "referéndum o referéndum" en septiembre y asegura que el trabajo se está haciendo. Pero el carácter diferencial de la futura consulta respecto al 9-N es cómo se afronta su carácter vinculante. Es decir, qué pasa al día siguiente, y el día siguiente siempre existe. De hecho, nadie con responsabilidades políticas puede defender que la independencia es un estado mágico sino el resultado de un esfuerzo continuado, que necesita mayorías indiscutibles y que tiene un nivel de incertidumbre.

La tensión aumentará en los próximos meses en el Parlamento, donde la mayoría independentista mantiene la hoja de ruta para pasar de una legalidad a otra. Es decir, para salir de la legalidad española y acogerse a la catalana y convocar un referéndum vinculante. Dicho de otro modo, para provocar una reacción suficiente del Estado que obligue a sentarse en una mesa de negociación.

Mientras, en la judicialización se reacciona con opacidad. La reacción del Estado ha sido la judicialización, y así es previsible que responda los próximos meses en los pasos que haga el Gobierno y la mayoría parlamentaria. Inhabilitaciones e ilegalizaciones.

El enfrentamiento político actual es un juego de expectativas en que la credibilidad de mantener la posición por las dos bandas es un factor decisivo.

Es un juego de estrategias y tensión entre el Gobierno y la Generalitat, pero, por extensión, de toda la sociedad. El poder está en manos del Estado, que tiene la representación diplomática y la interlocución con la Unión Europea y con los grandes estados, y también tiene el control económico de la Generalitat y la fuerza coercitiva. Sin embargo, la mayoría independentista confía en el choque entre la legalidad española y la legitimidad de la nueva ley catalana apoyada en una movilización ciudadana cívica y masiva.

¿Se puede contar con ello? Habría que calibrar las fuerzas con el realismo del 48% de las elecciones plebiscitarias. Un gran resultado, impensable hace pocos años, y a la vez un resultado insuficiente para confiar en una victoria cómoda en un referéndum y una negociación fluida con el Estado.

Muchos ciudadanos indignados saldrán a la calle para exigir un referéndum, pero con la economía creciendo al 3,5% y la campaña del miedo y las amenazas permanentes hay que explicar muy bien cuál es la hoja de ruta y actuar con credenciales democráticas y cívicas impecables de cara a Europa y de cara a la ciudadanía a la que se pide dar un paso adelante. En una conversación con este diario, el vicepresidente Junqueras se muestra convencido de la respuesta ciudadana y confía forzar al Estado a una mesa de negociación "una vez la independencia se haya proclamado". ¿El referéndum sin acuerdo con el Estado y con una DUI sería asumido disciplinadamente o sería el desgaste definitivo de los votantes de Puigdemont, Mas y Pascal? ¿Qué tendrían que decir los comunes a la hora de la verdad?

Junts pel Sí y la CUP firmarán la convocatoria, y quizás antes habrá habido represalias contra la presidenta y la Mesa del Parlamento, en la línea de las condenas de Mas, Ortega, Rigau y también Homs por la consulta del 9-N. En cualquier caso, crecerá la tensión y se pedirá compromiso ciudadano más allá de las manifestaciones ejemplares de los últimos años.

La credibilidad política dependerá de la mayoría y ésta dependerá de la información sobre la estrategia, la calidad democrática, el debate público y no sólo de la determinación sino de la inteligencia, flexibilidad y realismo con que se actúe.

El mismo Oriol Junqueras, en la entrevista, afirma que la intensidad de los sentimientos no da más votos y que las decisiones en democracia se toman votando.

En este ambiente de tensión política que parece que no irá a menos a corto plazo habría que evitar las unanimidades acríticas y los comisarios de la recta vía. El debate, la transparencia y la gestión de los tiempos no debilitan los proyectos sólidos, y las unanimidades de opinión a la búlgara no suelen dar buenos resultados a largo plazo. Sólo los votos decidirán. Las mayorías se construyen al ritmo que las sociedades asumen e impulsan las ideas. Finalmente, sólo valdrán los votos, sean más o menos apasionados y se expresen en un referéndum o en unas elecciones.

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