¿Qué sabía Rajoy sobre la cocina del juez Ramírez Sunyer?
Fuentes judiciales señalan en Madrid que un trasiego de diligencias como el desarrollado en el juzgado número 13 con la participación activa de la Guardia Civil no podían pasar inadvertidas al ministro del Interior
MadridLa Operación Anubis del miércoles 20-S impulsada por el juez Juan Antonio Ramírez Sunyer, titular del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona, lleva preparándose desde hace varias semanas, sino meses. Normalmente, la Guardia Civil suele establecer la fecha con el juez con bastante antelación.
Por un lado, está la información – que proviene del servicio de información del cuerpo y del Centro Nacional de Inteligencia-, pero también de intervenciones telefónicas y seguimientos, algo que se podrá confirmar, según fuentes judiciales de Madrid, cuando se levante el secreto sumarial.
Pero además de la información están los recursos empleados tanto en número de agentes y vehículos. Y ello exige disponibilidad y preparación.
En este caso, la fecha del 20-S coincide con una fecha en la que Ramírez Sunyer estaba de guardia; esto es, el día D ha sido sugerido por el magistrado.
Es normal que este tipo de operaciones se informen desde el alto mando de la Guardia Civil al ministro del Interior cuando se acerca el momento, aunque no se entre en detalle. Pero tratándose del referéndum, a diferencia de una operación más corriente, como un caso de corrupción, por ejemplo, una simple mención es, como suele decirse, blanco y en botella a los oídos del interlocutor. Máxime cuando se trata de un “asunto de Estado”.
La trayectoria pública del juez Ramírez Sunyer, por otra parte, no se le escapaba a uno de los hombres más informados del día a día de la política catalana –desde La Camarga hasta la Operación Cataluña- como el director de gabinete del presidente del Gobierno, Jorge Moragas, sobre todo desde el momento, en febrero, que empezó la investigación del juez sobre las declaraciones del ex juez Santi Vidal, según las cuales el Govern tenía posesión de los datos fiscales de los ciudadanos.
Esa investigación ha ido enfilando hacia la organización del referéndum y la participación en la misma de todos aquellos altos cargos y funcionarios que no son aforados, al margen de la querella admitida a trámite por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.
Si, como se asegura a ARA, el juez ha ordenado intervenciones telefónicas y al tiempo se ha ido acumulando información de la Guardia Civil y el CNI, solo faltaba fijar la fecha para dinamitar la infraestructura material y parte de la humana sobre la que se montaba el 1-O.
El juez Ramírez Sunyer, que no había ordenado durante largos meses de investigación la entrada y registro en el domicilio de Santi Vidal, sí ha incluido esa diligencia dentro los 41 registros . Es que Vidal era al menos formalmente la punta del ovillo del procedimiento.
Fuentes judiciales señalan en Madrid que un trasiego de diligencias como el desarrollado en el juzgado número 13 con la participación activa de la Guardia Civil no podían pasar inadvertidas al ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, con antelación al “toque” habitual de último momento en el que el cuerpo suele advertir que en tal fecha se va a producir una operación.
Hay otro hecho. El lunes por la noche, el abogado del Estado presenta ante el Tribunal Constitucional un nuevo incidente de ejecución de sentencia sobre la administración electoral catalana. Pide multas para Josep María Jové, secretario de Economía, y secretario de la Vicepresidencia de la Generalitat, y Montserrat Vidal jefa de Procesos y Consultas Electorales y remitir sus actuaciones a la Fiscalía.
Jové, por su parte, será detenido el miércoles al comienzo de la operación por orden del juez Ramírez Sunyer.
La decisión de Rajoy de comparecer la noche del 20-S y dar por finiquitado el referéndum a través de un mensaje a los ciudadanos, algo extraño al estilo del presidente del Gobierno, indicaba que no existía preocupación oficial porque se percibiera públicamente que la operación Anubis –muerte del referéndum- podía ser un movimiento gubernamental en la partida de ajedrez Gobierno-Generalitat, cuando una elemental prudencia aconsejaba esperar y no reforzar sospechas al respecto sobre todo en la opinión pública de Cataluña.
