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El fiscal jefe del Supremo justifica las conversaciones entre Fernández Díaz y De Alfonso

Estima que las reuniones entran dentro de las funciones que tienen las autoridades, la policía y la Oficina Antifraude para perseguir delitos

El fiscal jefe de la sala de lo Penal del Tribunal Supremo, Antolín Herrero, ha elevado hace diez días su informe a la Sala de Admisión por el cual solicita el archivo de la querella presentada por Xavier Trías y la antigua Convergencia Democrática de Cataluña (CDC) contra el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz y el ex director de la Oficina Antifraude, Daniel de Alfonso.  Els presidente de la sala de admisión y presidente de la sala segunda, Manuel Marchena , que es el ponente en el caso de la querella, tiene la decisión final en sus manos.

La querella fue presentada el pasado 1 de septiembre por delitos de revelación de secretos, prevaricación y malversación de fondos públicos a raíz de las conversaciones mantenidas en el despacho del Interior por el ministro y De Alfonso, donde se hablaba de usar pruebas para criminalizar a dirigentes de partidos soberanistas catalanes.

La sala de admisión, integrada por Marchena y los magistrados Miguel Colmenero, José Manuel Maza, Andrés Palomo y Ana Ferrer, pidió informe del fiscal, como es habitual, antes de resolver sobre la querella.

Fuentes de la Fiscalía General del Estado han explicado a ARA que el fiscal jefe del Supremo estima que las conversaciones, destapadas en la recta final de la campaña electoral del 26 de junio, entran dentro de las funciones que tienen las autoridades, la policía y en este caso la Oficina Antifraude para perseguir delitos, en la ocasión, dentro del ámbito de la Comunidad Autónoma de Cataluña.

Antolin Herrero, según la versión facilitada por un portavoz de la Fiscalía General del Estado a este periódico, señala que las conversaciones entre Fernández Días y De Alfonso se encuadra dentro de las competencias de ambos. Por esta razón, Herrero no aprecia indicios delictivos, ha explicado el portavoz.

“Antolín Herrero sigue los lineamientos que ya había establecido la Fiscalía General del Estado el pasado mes de julio pasado”, señaló el portavoz. 

En una nota de prensa remitida por la Fiscalía General del Estado, el pasado 7 de julio, se valoraba, ante una denuncia de Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) que "del contenido de las conversaciones no se desprenden indicios suficientes para iniciar una investigación penal por preconstitución falsa de pruebas, prevaricación administrativa ni por los restantes tipos penales”.
Sin embargo, hay una diferencia entre una denuncia genérica y la querella criminal presentada. Y es que uno de los querellantes es el ex alcalde de Barcelona, Xavier Trías, porque una de las operaciones que se barajan en las conversaciones entre Fernández Díaz y De Alfonso es hacer pública una presunta cuenta bancaria del ex alcalde en un banco suizo.

Esta maquinación, que tiene lugar en octubre de 2014, se consumará a finales de dicho mes, cuando el Ministerio de Interior filtra a un medio de comunicación el número de una cuenta en la Union des Banques Suisses (UBS)de Ginebra a nombre de Xavier Trías. Esa cuenta, según ha podido probar Trías, a través de una comunicación y cartas intercambiadas con la entidad bancaria helvética, ni era suya ni por su numeración pertenecía a la UBS.

Las dos conversaciones mantenidas en octubre de 2014 entre Fernández Díaz arrojan luz sobre la importancia que el ministro otorga a esta información y la necesidad que trascienda a los medios de comunicación. El objetivo de la filtración es sensibilizar a la Fiscalía Anticorrupción, que hasta esos momentos se resiste a “comprar” la mercancía que intenta colocar Fernández Díaz.

Fernández Díaz mantuvo en aquellas fechas, tras la filtración, contactos con diarios de Cataluña para justificar lo que se había publicado (la filtración se hizo al diario El Mundo), intentando “controlar los daños” que el desmentido de la UBS, por carta a Trías, había provocado a la credibilidad del propio ministro y de su ministerio.

Las conversaciones, se pudo confirmar con posterioridad, a raíz de una declaración judicial del comisario José Villarejo, formaban parte de la llamada Operación Cataluña, por el cual el Gobierno de Rajoy pretendía pinchar la fuerza del soberanismo catalán a través de su desacreditación.

Finalmente, la denuncia de Higini Cierco, accionista de Banca Privada de Andorra (BPA) el pasado mes de agosto ante la Batllía de Andorra sobre la intervención personal del entonces jefe de Asuntos Internos, Marcelino Martín-Blas, y de otros altos cargos de Interior en la obtención de cuentas bancarias de la familia Pujol, han completado el alcance de la llamada Operación Cataluña.

Será la sala de admisión del Supremo la que deberá resolver sobre el informe de Antolín Herrero. En el caso de la diputada de Podemos la entonces juez excedente, Victoria Rosell, el fiscal no vio delito en las denuncias contra ella, pero el presidente de la sala de admisión y de la sala segunda, Manuel Marchena, siguió un criterio contrario al fiscal.

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