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El TC se estrena con fuertes multas inapelables a los  27 miembros de las Sindicaturas

Serán aprobadas por auto en el pleno de este miércoles, 20 de septiembre 

El Pleno del Tribunal Constitucional aprobará este miércoles, día 20 de septiembre, multas coercitivas fuertes contra los 27 miembros de la Sindicatura Electoral (que ejerce las funciones de Junta Electoral Central y Regionales) por incumplimiento de las suspensiones y prohibiciones decretadas por el citado órgano jurisdiccional.

Las multas, que pueden oscilar, según la reforma de la ley orgánica del TC, entre los 3.000 y los 30.000 euros diarios, han sido solicitadas por el abogado del Estado la noche del pasado lunes, día 18, cuando el borrador de un auto con medidas ya había sido elaborado por el ponente, Santiago Martínez-Vares, lo que llevó a la presidencia del TC a posponer un día el debate para el pleno de este miércoles.

El abogado del Estado ha dejado “a discreción” del TC la fijación de las multas coercitivas. Es la primera vez que, en todo este proceso, el TC va a adoptar medidas punitivas, limitándose hasta ahora a suspender leyes, decretos y admisiones a trámite, así como a enviar requerimientos y deducir testimonio de particulares (enviar a la Fiscalía ciertos actos para determinar si pueden ser constitutivos de delito)

En el caso de las Sindicaturas, arquitectura sobre la que reposa el referéndum del 1-O y el prólogo a la creación de la República Catalana si triunfase el 'sí', según el plan de la Generalitat, el TC le prohibió expresamente hacer nombramientos de síndicos regionales o comarcales. Tanto por requerimiento como por la publicación de la prohibición en el Boletín Oficial del Estado, los cinco miembros de la Sindicatura Electoral central, más otros dos sustitutos, estaban advertidos.

El pasado miércoles, día 13 de septiembre, el TC tomó nota de que se había violado la prohibición ya que los cinco procedieron a nombrar otros quince síndicos de las Sindicaturas de demarcación o comarcales (tres por cada una de ellas: Barcelona, Girona, Lérida, Tarragona y Valle de Arán, más cinco sustitutos).

El TC iba a adoptar las multas durante el pleno del miércoles 13, pero optó por dar un plazo de 48 horas para que los cinco síndicos dieran explicaciones sobre su incumplimiento. Al mismo tiempo, el tribunal advirtió a los quinze miembros más cinco suplentes de las Sindicaturas comarcales que debían suspender toda actividad.

El auto del ponente Martínez-Vares hace una propuesta de multas para los 27 que fuentes jurídicas consultadas han calificado como muy dura. No llega al máximo de 30.000 euros diarios, pero se aleja bastante del mínimo de 3.000 euros.

El TC explicará en el auto de qué manera pueden librarse de esas multas los miembros de las Sindicaturas, a saber, renunciando a su cargo y deshaciendo todas las disposiciones que hayan ordenado en relación con el referéndum, tanto en el ámbito nacional como internacional (asociaciones, observadores).

Las multas se empezarán a aplicar con inmediatez, tras notificar a los 27, se publiquen en el BOE y se les de un plazo de 24 horas para informar si renuncian y adoptan las medidas requeridas.

Por emanar del TC, las multas son, por definición, “inapelables”. No hay ningún organismo en España por encima del tribunal con capacidad de pronunciarse sobre ellas.

Precisamente por esta razón, el debate en el TC se anticipa complicado. Dos miembros, Juan Antonio Xiol y Fernando Valdés, que siguen siendo miembros del TC, discreparon en noviembre de 2016 con la reforma de la ley orgánica del poder judicial aprobada con los únicos votos del Partido Popular en octubre de 2016, que introdujo la capacidad punitiva del TC para hacer cumplir sus resoluciones. Ambos estimaron que las medidas contempladas en el artículo 94.2, que se invocará este miércoles para multar a los 27 síndicos, buscaban convertir a un órgano jurisdiccional dedicado a interpretar las leyes, es decir, la jurisdicción constitucional, en sancionador/castigador cuando esta tarea corresponde a la jurisdicción ordinaria.

Las multas serán fuertes, según ha podido confirmar ARA, y  deberán ser pagadas todos los días bajo amenaza de embargo. Como la Sindicatura Electoral durará incluso hasta después del 1 de octubre, ya que tendrá que hacer las comprobaciones de la votación, atender reclamaciones y proclamar el resultado –del cual se prevé, si triunfa el sí, la declaración de la República Catalana–, el incumplimiento puede extenderse más allá de los diez días. Sumas fuertes, pues, pueden derivar en embargo de viviendas.

El abogado del Estado, asimismo, ha presentado ayer un nuevo incidente de ejecución de sentencia contra otra pieza de la administración electoral catalana distinta de las Sindicatura: la misma administración electoral catalana.  El Gobierno insta a la adopción de medidas contra la directora de la llamada Administración Electoral Catalana y su número dos. La ponencia sobre este incidente ha correspondido al magistrado Fernando Valdés.  

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