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El 155, colofón de las acciones penales

8 días para revocar una independencia no formalizada al compás de citaciones judiciales con medidas cautelares

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha movido pieza. Quiere que el presidente Carles Puigdemont responda con un sí o un no a la pregunta de si “alguna autoridad” de la Generalitat ha declarado la independencia de Cataluña y/o si en su comparecencia en el Parlamento del pasado martes, día 10 de octubre, lo que ha dicho el presidente implica la declaración de independencia al margen de que esta se encuentre o no en vigor. Lo que es evidente es que, aparte de las palabras de Puigdemont, no hay acto parlamentario alguno que haya formalizado la declaración de independencia.

Rajoy ha explicado ayer en el Congreso que actúa al amparo del artículo 155 – según ya adelantamos ayer en ARA - y que quiere una respuesta a través de una afirmación o negación,  habida cuenta de lo que califica como una  “deliberada confusión” en la presentación realizada por el presidente de la Generalitat. Si la respuesta es distinta a un sí o un no, según el escrito de La Moncloa, ello se dará como una confirmación de que se ha declarado la independencia.

A primera vista estaríamos ante lo que suele denominarse un diálogo de besugos. Una clave esencial: no ha habido un acto que se pueda invocar por el cual cual se pueda decir que ha quedado formalizada la independencia de Cataluña.

En el consejo extraordinario de ministros celebrado ayer, al ser analizada la situación, según fuentes consultadas, existían dudas acerca de lo que había ocurrido en el Parlamento. Ciertos informes jurídicos manejados por el Gobierno sostienen que la independencia, formalmente, no ha sido declarada. De ahí que se abriera un espacio para confirmar lo que ha pasado a través del propio protagonista.

a partida de ajedrez entre Rajoy y Puigdemont es política y consiste en esto: 'tú y yo, Carles, sabemos que dices haber declarado la independencia, quiero que me lo pongas por escrito, sí o no; y si no me respondes o me contestas con una larga cambiada, con el diálogo y con otras consideraciones, doy por buena que la respuesta es sí'.

Fuentes del círculo próximo de Puigdemont dijeron ayer a ARA que habrá respuesta y que será un escrito muy elaborado. 'Tú y yo, Mariano, sabemos lo que voy diciendo sobre lo que he hecho, pero no te pondré las dos manos delante para entregarme'.

Por tanto, la creatividad del presidente de la Generalitat se pondrá una vez más a prueba. No puede negar su declaración, y, además, su firma, junto a “los legítimos representantes del pueblo de Cataluña debajo del texto, elaborado en el patio del Parlament, en el que se declara la independencia y sus efectos, la vigencia de la ley de transitoriedad jurídica. La primera no se ha votado, la segunda carece de valor jurídico.

Puede responder Puidgemont, por ejemplo, que el artículo 4.4 de la ley de Referéndum establece que “el Parlamento de Cataluña […] celebrará una sesión ordinaria para efectuar la declaración formal de la independencia de Cataluña, concretar sus efectos e iniciar el proceso constituyente”. Y que, claro, el Parlament no ha “efectuado la declaración formal” porque, cierto es, dicho pleno ordinario no ha tenido lugar. Nada se votó el 10 de octubre.

El Gobierno de Rajoy, según las fuentes consultadas, no da, pues, por hecho el desenlace del 155. Como dijo Rajoy ayer en el Congreso,  todo dependerá de lo que conteste Puidgemont. 

Pero esta movida de piezas en el tablero no se desarrolla en el vacío. A Guardia Civil ha entrado a saco contra la actitud de los Mossos d'Esquadra y contra su cabeza visible, el mayor José Luis Trapero, antes y durante la jornada del 1 de octubre.

Trapero, Teresa Laplana, intendente responsable de la operación en la consejería de Economía, Rambla de Cataluña, número 19, el pasado 20 de septiembre, y los presidentes de ANC, Jordi Sánchez, y de Omnium, Jordi Cuixart, han sido citados por la jueza Carmen Lamela a declarar el próximo lunes en la Audiencia Nacional por el presunto delito de sedición.

Fuentes judiciales señalan que  a tenor de  los informes de la Guardia Civil, que sitúan a Trapero-Sánchez-Cuixart, como integrantes de la célula u organigrama diseñado por Puigdemont en el plan para obtener la independencia, la Fiscalía de la Audiencia Nacional acudirá a la declaración con la idea de solicitar medidas cautelares –ya solicitó el bloqueo de las cuentas de SNC y Omnium- para ellos. Se apunta la de prisión provisional eludible con fianza. También habrá nuevos imputados en este procedimiento.

Y 'last but not least', la jueza Mercedes Armas anunciará la citación para prestar declaración en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) de los miembros del Govern, con el presidente Puidgemont a la cabeza, en la querella por prevaricación, desobediencia y malversación.

La tardanza de estas declaraciones es lo que, en parte, ha llevado al fiscal General del Estado, José Manuel Maza, a encargar el estudio de una querella contra Puigdemont por rebelión con delitos como la creación de dominios de web en Luxemburgo y Londres para eludir la prohibición de los mismos en España. La idea es que esa querella debería llevar a Puigdemont ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo por ser presuntos delitos que exceden el ámbito de Cataluña.

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