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Si no fuera por la prevaricación, ya habría sentencia por desobediencia de Homs

Los magistrados analizan si la carta dirigida a T-Systems también se puede considerar una prueba para el delito de prevaricación

El tribunal que ha enjuiciado la participación de Francesc Homs en la consulta del 9-N ha vuelto a deliberar hoy después de haberlo hecho en dos ocasiones la semana pasada, tras acabar el juicio. Fuentes consultadas dijeron al ARA que si no fuera por el delito de prevaricación y por el concurso ideal entre dos delitos que solicita el fiscal –prevaricación y desobediencia- la sentencia ya estaría lista. La prevaricación, tal como avanzó este diario, ha demorado el desenlace.

El intercambio de planteamientos jurídicos entre los siete integrantes del tribunal gira en torno a la prevaricación administrativa. Se analiza si la carta escrita por el entonces consejero de Presidencia, Francesc Homs, el 6 de noviembre 2014 a la empresa T-Systems para que siguiera adelante con los trabajos de la consulta participativa del 9-N -que sustituyó el referéndum prohibido- puede ser considerada una resolución administrativa. El fiscal del Tribunal Supremo Jaime Moreno califica ese documento como una resolución injusta a sabiendas, es decir, la prueba del delito de prevaricación.

Sin embargo, fuentes consultadas señalan que una carta comercial -hecho que subrayó la defensa de Homs en el juicio- difícilmente pueda asimilada a una resolución administrativa. Pero, sobre todo, esa carta es la prueba de la desobediencia a la suspensión dictada por el Tribunal Constitucional en su providencia de dos días antes, el 4 de noviembre. Por tanto, aplicar los dos delitos sería castigar la misma conducta dos veces (violación del principio non bis i ídem).

El fiscal pide por los dos delitos (prevaricación y desobediencia grave) una pena conjunta de inhabilitación especial de nueve años para ejercer cargos públicos electivos de carácter estatal, autonómico o local, así como para el ejercicio de cargos de gobierno en los tres niveles. En cambio, el delito de desobediencia tiene un límite de inhabilitación de dos años.

El presidente de la sala segunda del Supremo, Manuel Marchena, es el ponente de la sentencia. El desenlace es relevante porque la resolución que adopte el Supremo será una referencia para la sentencia que está elaborando el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña sobre la participación en los hechos de Artur Mas, Joana Ortega e Irene Rigau. En este caso, también se ha acusado por delitos de prevaricación administrativa y desobediencia.

En dicha sentencia también se debate, por un lado, la omisión de adoptar una resolución conforme a la suspensión comunicada del TC (prevaricación en su modalidad “omisiva”), y por el otro la transmisión de resoluciones de carácter verbal para llevar adelante la consulta participativa.

En el caso de Homs, su carta dirigida a T-Systems para continuar con los trabajos de apoyo informático en la recogida de datos, entre otras actividades, prueba para los magistrados, según fuentes consultadas, la desobediencia, pero ya es más discutible aplicar un concurso ideal con el delito de prevaricación sin lesionar el non bis in ídem. Si el Supremo optase por la desobediencia en el Supremo abriría la senda para que la sentencia del TSJC continuara por ese camino.

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