Jordi Angusto

¿Hay que sancionar a España? ¿O a Alemania?

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El ministre de Finances alemany,.

Ninguna unión es sostenible si los acuerdos entre sus miembros se incumplen. En este sentido, España debería ser sancionada en ejecución del procedimiento por déficit excesivo que tiene abierto, por cuanto se ha desviado del objetivo fijado al que se comprometió. Pero los incumplimientos de las reglas europeas son tan frecuentes y por parte de tantos países, que más bien hace pensar que el problema son estas reglas y que habría que cambiarlas. Si hablamos de Alemania y Holanda, los dos países que con más beligerancia han pedido sancionar a España, año tras año se desvían del límite establecido por los superávits comerciales exteriores y no por poco. Además, Holanda es un país tax-friendly, por no llamarlo directamente paraíso fiscal, que vacía las arcas públicas de los vecinos europeos para llenar las suyas; y Alemania nunca ha estado por debajo del límite de deuda/PIB, como sí lo estuvo España durante varios años.

La diferencia es que para estas desviaciones no hay previsto el régimen sancionador que sí tiene el exceso de déficit público. No en vano las reglas las impusieron a su conveniencia los que podían imponerlas; y en una crisis de deuda el acreedor tiene la sartén por el mango siempre que el deudor tenga que renovar y ampliar su deuda. En consecuencia, la recuperación de esta deuda pasó a ser la prioridad absoluta; es lo que se ha llamado política de austeridad, que, sin una contrapartida expansiva en los países acreedores, ha acabado llevando al continente entero a la recesión que aún sufrimos. De hecho, hoy en día existe un amplio consenso -que también incluye al FMI, el G-20 y la OCDE- respecto de lo que hace más daño a la economía europea y, de rebote, mundial: el superávit alemán, resultado de su baja demanda interna. Más sentido tendría, pues, penalizar a Alemania que a España. Esto no supone eximir a España de ninguna responsabilidad, pero más por haber aceptado y continuar aceptando unas reglas contraproducentes y absurdas que por incumplirlas. Después de todo, una desviación de dos puntos más de gasto no parece muy relevante cuando España tiene unos ingresos fiscales siete puntos por debajo de la media europea. En todo caso, lo más grave es que la desviación de déficit sea imprevista y no el resultado de inversiones bien planificadas que impulsen la actividad económica presente y futura. Esta incompetencia es colosal y mucho peor que la sanción que podrían acabar imponiendo en España, y que la UE ha aplazado para, quizá, no perjudicar electoralmente a un socio por lo demás tan obediente.

El economista alemán Hans-Werner Sinn, de gran influencia en su país, lamentaba recientemente en este diario la relajación de la disciplina fiscal que estaba produciendo la política expansiva del BCE -compra ilimitada de deuda pública- y alertaba del potencial colapso de los países más endeudados si se producía una subida de tipos de interés derivada, por ejemplo, de una sentencia contraria a la política del BCE por parte del tribunal constitucional alemán. En eso tiene razón: España no podría hacer frente a la deuda con unos tipos de interés mucho más altos, ni Cataluña encontraría los 850 millones que este año le han permitido presentar unos presupuestos casi expansivos. Pero precisamente porque sin la política expansiva del BCE tanto los deudores como los acreedores iríamos al colapso, es necesario que la política fiscal le tome el relevo allí donde tiene más margen para hacerlo; es decir, en Alemania. Un aumento significativo de su inversión pública y un continuado aumento de los salarios, que tanto bajaron en términos relativos en el período precedente, supondría un aumento de la demanda agregada europea, impulsando la economía, y una especie de revaluación interna en Alemania que permitiría poner fin a la dolorosa devaluación interna periférica. Nadie pide a Alemania que tenga que subvencionar a los vecinos, como acabará siendo casi inevitable si los hunde, sino que mejore las condiciones de vida, el consumo y la inversión de sus propios ciudadanos. Que vivan mucho mejor ellos para que nosotros, los periféricos, podamos vivir menos mal sin tener que incumplir con los objetivos de déficit. No parece un mal acuerdo, y al final pide algo tan simple como que cumplamos ambos con las reglas: ellos con el límite de superávit exterior y nosotros con el del déficit. ¿Tan difícil es?

¿Hay que amenazar con sanciones para que Alemania acabe haciendo lo que conviene a todos, empezando por los propios alemanes? Probablemente sí. Del mismo modo que en España, donde hay que hacer entender que no se puede vivir a costa de los demás, de los que prestan o de los que sufren déficits fiscales.

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