Un juicio político contra una votación democrática

El tribunal del TSJC dictó ayer una sentencia condenatoria contra los responsables del 9-N que, a pesar de la argumentación jurídica, está viciada de origen y provoca unos efectos políticos innegables. Este es el momento de recordar que la Junta de Fiscales de Cataluña consideró, en una reunión celebrada el 17 de noviembre de 2014, que no había habido delito en la celebración del 9-N. Y tuvo que ser el entonces fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, espoleado por el gobierno del PP, quien ordenó la presentación de la querella. Lo hizo y luego, por cierto, dimitió del cargo. Por lo tanto, toda la causa tiene pies de barro por su motivación política. Reducir el proceso judicial del 9-N a un debate técnico sobre si se desobedeció o no el auto del TC no puede ocultar el debate de fondo: la democracia española no permite que un gobierno legítimo pueda consultar a sus ciudadanos sobre su futuro político. Ni sobre la forma de referéndum, por supuesto, ni tampoco con un inocuo proceso participativo. El Estado español es alérgico a las urnas y a la participación ciudadana. Y así ha quedado demostrado.

El efecto político más importante de la condena, sin embargo, no es éste. Al no dejar abierta ninguna rendija dentro de la legalidad actual, la condena de Mas, Ortega y Rigau acaba con la posibilidad de una salida negociada a la demanda de un referéndum.

El gobierno del PP se lo debería haber pensado mejor antes de dejarse llevar por el deseo de castigar a los responsables gubernamentales del 9-N. Ha actuado impelido por el sentimiento de humillación que le supusieron las imágenes de millones de catalanes participando, de manera cívica y pacífica, en una votación que ellos habían dicho y repetido que no se produciría. Y en lugar de asumir la derrota, urdieron una venganza en forma de querella.

Aunque hoy respiren más tranquilos porque Mas ha resultado condenado, ¿de verdad creen que los dos millones largos de catalanes que participaron en la votación dejarán de querer decidir en las urnas su futuro?, ¿de verdad piensan que inhabilitando líderes políticos el proceso soberanista se desvanecerá como por arte de magia? Los retos políticos sólo se pueden resolver desde la política. Y en última instancia, como dijo el presidente Carles Puigdemont, serán los ciudadanos, con su voto, los que pondrán las cosas en su lugar.