La llave de la caja

Normalmente nos referimos a "la llave de la caja" para decir que el Estado la tiene porque es quien recauda los impuestos y que la Generalitat no la tiene porque más del ochenta por ciento de sus recursos proceden de transferencias que recibe del Estado. El Estado recauda impuestos en Cataluña, se los lleva a Madrid y nos los devuelve en forma de anticipos a cuenta del modelo de financiación. A diferencia de lo que ocurre con otras administraciones autonómicas, los recursos que el Estado recauda en Cataluña superan siempre los retornos que recibe Cataluña (no sólo la Generalitat, sino también sumándole las administraciones locales, la administración del Estado en Cataluña y las pensiones y subsidios directos). Es lo que llamamos "el déficit fiscal".

Tener la llave de la caja da poder. No tenerla equivale a no tener poder. Las comunidades de régimen foral, con concierto económico, tienen la llave de su caja. Incluso los ayuntamientos, con algunos impuestos importantes (bienes inmuebles y vehículos), tienen mucho más que la Generalitat. Este poder permite administrar discrecionalmente la provisión de liquidez: decidir qué se paga y cuándo se paga. En los tiempos actuales, cuando la Generalitat sufre un déficit recurrente porque la crisis ha hundido sus ingresos por tributos cedidos y propios, el Estado le ha impedido endeudarse por su cuenta y se ha erigido en su único banquero. Es la llave de la caja elevada al cuadrado. Antes el Estado tenía la llave de la caja, pero la Generalitat se podía endeudar con su autorización, que era rutinaria. Más tarde, al final del gobierno del PSOE (2009-2011), la autorización de endeudamiento se convirtió en la herramienta de control de las finanzas autonómicas. Después, ya con gobierno del PP, se pusieron topes a los tipos de interés del endeudamiento, haciéndolo imposible de aceptar para los bancos. Al final el Estado decidió que sólo él podía hacer de banquero para el nuevo endeudamiento. El último paso ha sido dictar exigencias específicas sólo para la Generalitat de Cataluña. Como es fácil de imaginar, cada uno de estos pasos ha llevado asociada una lista de condiciones que han hecho que se hablara propiamente de una Generalitat "intervenida".

Ahora el ministro Montoro se inventa un nuevo motivo de arbitrariedad, que es pura exhibición de poder. Cuando en julio de 2013 Hacienda subestimó lo que daría en 2014 a la Generalitat (y a las otras comunidades autónomas de régimen común) como anticipo de lo que le tocaría por modelo de financiación, lo hizo para reservarse un margen de maniobra presupuestaria. La recaudación de 2014 fue mucho mejor de lo esperado y la Generalitat reclamó insistentemente que se revisara el anticipo al alza. El ministerio de Hacienda se lo negó siempre. Finalmente, en julio de 2015 Hacienda anunció que las comunidades autónomas no debían quejarse por sus ingresos del 2016 porque serían muy buenos, gracias a la liquidación del 2014. ¡Qué cara! Para la Generalitat hablamos de unos 1.300 millones de euros. Es dinero que la Generalitat presta al Estado sin intereses, y sin poder administrarlo. Cada año estas liquidaciones, que siempre suelen ser positivas (por lo del margen de maniobra), y que en principio el Estado sólo está obligado a pagarlas el mes de julio, se iban avanzando a las comunidades autónomas para aliviar sus tensiones de tesorería durante el invierno y la primavera.

Ahora resulta que el ministro Montoro, que está en funciones y que debería hacer el menor ruido posible y ayudar a resolver problemas en lugar de crearlos, saca pecho y dice que qué se ha creído la Generalitat de reclamar lo que no le toca. Es la arbitrariedad en su estado más puro. Es el recordatorio de que el Estado tiene la llave de la caja y hace lo que quiere. ¿Quién lo sufrirá? Los proveedores grandes y pequeños. Las entidades concertadas. Los que cobran subvenciones y ayudas. Los que reciben aportaciones y transferencias. En definitiva, hospitales concertados, farmacias, entidades del tercer sector, residencias, perceptores de todo tipo de ayudas a las personas como los de la dependencia, etc. ¿Por qué no escuchamos denuncias de la inadmisible arbitrariedad de Hacienda contra los catalanes por parte de todos los que siempre se proclaman defensores de la ciudadanía catalana y de sus intereses, se llamen PP, Ciudadanos u otros, patronales o empresarios, colegios profesionales o grupos de interés? ¿Acaso no lo harían en el País Vasco, en Andalucía o en Madrid? ¿Por qué no lo hacen en Cataluña?