La muerte de Rita Barberá aflora las miserias del PP

Los máximos dirigentes del PP mantenían una doble conducta: en la intimidad seguían frecuentándo a Barberá y en público nada tenían que ver con ella

Ernesto Ekaizer
5 min
L’exalcaldessa de València forma part de la diputació permanent del Senat; així, en cas que es repetissin les eleccions, només podria ser investigada pel Tribunal Suprem.

La muerte súbita de la ex alcaldesa de Valencia y senadora Rita Barberá ha expulsado varios ríos de lava que se acumulaban en ese volcán que es el Partido Popular. Y esos ríos han ido en varias direcciones: por lado un ajuste de cuentas del PP como institución contra los medios de comunicación, jueces y fiscales, todos los que propiciaron la “cacería” que condujo al paro cardíaco, y por el otro el ajuste de cuentas interno realizado por José María Aznar contra Mariano Rajoy por haberla “excluido” del partido.

En este contexto, ha habido difusión en declaraciones y comentarios de la especie espuria de que, tras su comparecencia el pasado lunes en el Tribunal Supremo para responder a las preguntas sobre su presunta implicación en la operación de blanqueo para la campaña electoral de 2015, la causa contra ella sería archivada próximamente.

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha sido el primero en atacar a todos aquellos que informaron sobre los procedimientos en curso. “Cada uno tendrá sobre su conciencia las barbaridades que ha dicho sobre Barberá. Lamento que haya tenido unos meses finales con tanta crítica injustificada. Yo he hablado siempre de presunción de inocencia”.

Fue un juez de Valencia, el titular del juzgado de instrucción 18, el que envió al Tribunal Supremo la causa del presunto de blanqueo de capitales en la campaña electoral de las elecciones autonómicas y municipales 2015, a la que la entonces alcaldesa de Valencia había donado 1.000 euros a través de un talón. Muchos otros dirigentes municipales han confesado que ese dinero se les devolvió en dos billetes de 500 euros y que había fajos de billetes para dicho fin, una pista para entender que el grupo municipal del PP y el PP de Valencia necesitaban “limpiar” dinero “sucio” procedente de posible financiación ilegal.

La operación de blanqueo supone la existencia de delitos subyacentes (delitos electorales, financiación ilegal) y Rita Barberá reconoció el talón con el que había transferido 1.000 euros a finales de marzo de 2015, en las mismas fechas que los demás.

Por tanto, el ataque de Catalá supone un atentado contra la independencia judicial, algo que, por otra parte, es habitual en sus intervenciones. Ya atacó a la juez de Madrid Rosa Freire al analizar ante las cámaras de televisión su auto judicial en el que imputaba al PP como persona jurídica en el caso de la destrucción del disco duro en el ordenador del ex tesorero del partido Luis Bárcenas.

En sus declaraciones hay, empero, un asunto relevante. Y es que Catalá era contrario a aceptar, en las negociaciones entre Rajoy y Albert Rivera, la propuesta de Ciudadanos de que un dirigente político debía dimitir y entregar su escaño nada más ser imputado/investigado. Pero Catalá debería dirigir sus dardos a Rajoy, porque fue él quien, para garantizarse el respaldo de Rivera a su investidura, aceptó esa medida.

Rita Barberá consideraba injusto entregar el escaño sin siquiera haber prestado declaración. Incluso Luis Bárcenas, tesorero del PP, declaró voluntariamente en el Supremo en junio de 2009 y solo entregó el acta cuando el Senado aprobó la solicitud de suplicatorio, en septiembre de 2009.

Pero Rajoy dejó hacer a sus doberman –los Pablo Casado, Alfonso Alonso, Javier Maroto y Andrea Levy- y pactó finalmente que si no dejaba el escaño –por designación autonómica del Parlamento valenciano- se diera de baja del PP. Esto permitiría a Rajoy eludir la presión mediática y lavarse, como Pilatos, las manos. Muerto el perro, se acabó la rabia.

Fue la conducta de Rajoy en Bratislava cuando por primera vez respondió sobre Rita Barberá y la investigación en el Tribunal Supremo. “Ha abandonado el PP. Nosotros le pedimos que renunciara a la militancia y ella lo ha hecho. El presidente ya no tiene autoridad sobre ella”, dijo Rajoy en Bratislava el 18 de septiembre.

Pero en aquel momento, al forzar el pacto para que dejase el Grupo Popular en el Senado y se diese de baja en el partido, a todos les pareció bien. José María Aznar, presidente de honor del partido, no abrió la boca para defender la presunción de inocencia de Barberá.

Antes de su declaración del pasado lunes, Rajoy habló con ella, según ha confesado el presidente en los pasillos del Congreso. También José Manuel García-Margallo ha revelado que se disponía a cenar con ella el martes por la noche.

Por tanto, los máximos dirigentes del PP mantenían una doble conducta: en la intimidad seguían frecuentándola y en público nada tenían que ver con ella. Hace unos días, precisamente, Barberá se cruzó en el Congreso con García-Margallo. “Margis, Margis”, le espetó en voz alta. Y García-Margallo la saludó para darse la vuelta sin pérdida de tiempo.

Ha sido Aznar quien hoy ha puesto sobre la mesa la doblez del PP al difundir un comunicado en el que lamenta la muerta y el hecho de que el PP la haya excluido del partido. Es decir: Mariano, no te lo perdonaré, la has excluido de nuestro partido. Pero no es menos cierto que tampoco Aznar, según se ha apuntado, defendió la presunción de inocencia de Barberá en su momento cuando los doberman –los Maroto, Casado y Alonso, en este caso- ejercieron la máxima presión para que la senadora entregase el acta de senadora.

Mientras, el PP intenta rentabilizar las circunstancias de la muerte, acusando de facto a los medios de comunicación –exculpando a aquellos que la echaron del partido y del grupo del senado- y a jueces, fiscales y guardias civiles por impulsar las investigaciones en curso, en la cual había indicios contra Barberá, cuya responsabilidad penal individual ha quedado extinguida con su muerte.

Y, según suele decirse, como en medio de la noche todos los gatos son pardos, los dirigentes populares han empezado a diseminar que tras su declaración del pasado lunes –donde, por cierto, reflejo de su deterioro, tuvo un traspiés y se cayó de bruces en el estrado de la planta primera del Tribunal Supremo al disponerse a prestar declaración- se iba a archivar la causa contra ella.

Nada más lejos de la realidad. El fiscal Juan Ignacio Campos –según adelantamos aquí- ya empezó a redactar el escrito en el que pedía nuevas diligencias, habida cuenta de que ya tenía previsto el estado de negación de Barberá. Entre esas diligencias estaba citar a declarar a María del Carmen Carcía Fuster, presidenta del grupo municipal popular en el Ayuntamiento de Valencia en 2015, cuando tuvo lugar la operación de blanqueo en cuya investigación sigue avanzando el juez Víctor Gómez y en la cual había, hasta la muerte de Barberá, unos cincuenta imputados. Más el PP, que sigue imputado como persona jurídica.

La muerte de Barberá, y esto lo saben algunos dirigentes del PP en Valencia y en Madrid, estuvo influida en los últimos tiempos no solamente porque su mundo se vino abajo y el PP contribuyó a echarla del partido para poder garantizar a Rajoy el apoyo de Ciudadanos a su investidura. También influyó la muerte de su amiga más querida, su alma gemela, una policía de Valencia cuya desaparición le rompió el alma.

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