El poder oculto que gobierna España

Una nebulosa de técnicos del Estado impregna toda la administración hasta bloquearla cuando le conviene

àlex Font Manté
3 min
La sobirania del poble espanyol recau en el Congrés dels Diputats, en teoria, segons la Constitució espanyola.

Conversación con uno de los líderes empresariales catalanes con peso en Madrid. La experiencia en la capital de España le permite conocer sus laberintos como pocos catalanes, y la charla termina derivando en una explicación de cómo funciona el Estado. "Los políticos catalanes -proclama con rotundidad- no tienen ni idea de cómo funciona el poder en Madrid. Van con el lirio en la mano. Allí manda una tecnoestructura brutal". Este mismo empresario explica como había pactado con el partido del gobierno unas enmiendas a una ley, pero unos días después se encontró que "los de la tecnoestructura tumbaron las enmiendas". "La tecnoestructura tiene más poder que los ministros", sentencia.

Para quien no esté acostumbrado, el panorama que dibuja es inverosímil. ¿Técnicos del Estado tumbando cosas que ordena un ministro? Ejemplos hay muchos.

Encuentro reciente con un organismo supervisor. La conversación acaba desembocando en la misma cuestión. "La tecnoestructura lo domina todo", lamenta uno de los directivos. "La administración española está llena de técnicos. Todos esos técnicos eran las élites del franquismo y no han digerido que esto ahora es un estado de las autonomías de tipo casi federal. En la transición a la democracia llegaron a un pacto tácito con el Estado, en el que dijeron: «Nosotros os dejamos, a los líderes políticos, vuestro espacio de discrecionalidad política [mientras lo dice separa un par de centímetros los dedos pulgar e índice para indicar que, en realidad, es un espacio muy pequeño], pero nosotros pilotamos el resto»".

El relato, más aterrador si se tiene en cuenta que quien la explica conoce la cuestión muy a fondo, prosigue: "Los peores son los interventores, que están en todas partes. Los interventores, como están esparcidos por todos los rincones de la administración, viven de tener información de todo el mundo, y pueden paralizar el Estado si quieren. Después de los interventores vienen los abogados del Estado y los inspectores de Hacienda ... los economistas del Estado no mandan tanto porque están menos organizados. Pero el resto no hacen más que socializarse juntos todo el día: hacen comidas, cenas, organizan campeonatos de golf ... pasan todo el día juntos, y se protegen entre ellos. Bloquean lo que no les gusta. Y se blindan los privilegios: cuando alguien quiere que los interventores de un organismo determinado cobren menos, entre otras cosas porque no cobren más que el presidente de ese organismo, ellos lo impiden".

Ha habido personas que han intentado restar poder a esta tecnoestructura, pero han fracasado con estrépito. Por ejemplo, Jordi Sevilla, ex ministro de Administraciones Públicas en la era de Zapatero. Sevilla creó AEVAL, una agencia estatal de políticas públicas nacida en 2006 para tutelar la administración y obligarla a ser transparente. Pocas personas recuerdan la AEVAL, pero, por sorprendente que parezca, todavía existe. Su objetivo, se explica en la web, es implantar "un nuevo modelo de gestión pública" basado en la "responsabilidad, eficiencia, participación, apertura y coherencia". La AEVAL es el símbolo de cómo funcionan las cosas en el Estado: llega un ministro con decisión, la tecnoestructura le dice que sí a todo, pasan los días y aquel proyecto ambicioso cada vez lo es menos y, finalmente, el organismo simplemente sobrevive en el limbo, quizá por vergüenza de eliminarlo. Los proyectos a menudo no mueren sino que quedan bloqueados, y así se les acaba la vida. Esto ocurre también en otras administraciones autonómicas, como la catalana, pero al Estado el poder de bloqueo es muy superior, ya que la tecnoestructura estatal influye y decide en temas más importantes.

A veces, sin embargo, la tecnoestructura liquida los proyectos a plena luz del día. Un caso claro fue el traspaso de la gestión del aeropuerto de El Prat a la Generalitat, una cuestión que parecía que se incluiría en el Estatuto de 2006. Aunque parecía que Zapatero lo aceptaría, finalmente emergió un bloqueo oculto que impidió el traspaso. Es el mismo obstáculo inexplicable que tiene hoy en día el corredor mediterráneo. Un empresario vinculado con el proyecto asegura que ni la ministra de Fomento sabe explicar el motivo de los retrasos. Es la tecnoestructura en su esplendor.

Por último, una conclusión. Estas deficiencias administrativas, e incluso democráticas, no aparecen por arte de magia ni porque en un territorio las personas sean mejores o peores. Son el resultado de una consolidación de malas prácticas y de la inexistencia de elementos de control sobre la administración y de contrapesos en el sistema político. La pregunta es, ¿quienes quieren construir una república catalana, lo tienen claro?

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