La Abogacía del Estado baraja acusar por sedición o conspiración para la rebelión

El martes 2 de noviembre se presentaran los escritos de acusación

La Abogacía del Estado contempla desempeñar un papel más activo que el mero acompañamiento a la acusación de la Fiscalía. Fuentes gubernamentales han asegurado a ARA que si bien la citada institución se ha personado de forma limitada al delito de malversación, el Estado también es víctima de los hechos del 1 de octubre por lo que estudia acusar por otros delitos aparte de malversación. Se estudia seriamente el delito de sedición y de conspiración para la rebelión. El Gobierno de Pedro Sánchez, en la saga de la decisión del Tribunal de Schleswig-Holstein, contraria a la extradición de Carles Puigdemont a España por la falta del requisito de la violencia en el tándem rebelión-alta traición, baraja, pues, acusar por el delito de sedición, junto al de malversación.

No es la única posibilidad, han señalado fuentes gubernamentales, ya que en su día, en el auto de admisión de la querella presentada por el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, de 31 de octubre de 2017, se apuntó el delito de conspiración para la rebelión.

Sobre los delitos denunciados en la querella, la Sala de Admisión  explicaba que el fiscal alude a la existencia de un delito de rebelión con una extensa argumentación encaminada a justificar la concurrencia de violencia.

Para el alto tribunal, “será a lo largo de la instrucción cuando los hechos imputados, a la vista de las diligencias de investigación acordadas por el instructor confirmen o desmientan su realidad. Y será entonces cuando pueda precisarse (…) si esos actos son susceptibles de integrar las exigencias del tipo previsto en el artículo 472 del Código Penal o, por el contrario, han de ser subsumidos en los artículos 477 y 17.1 del Código Penal, que castigan la conspiración para la rebelión, delito en el que, por definición, los elementos del tipo proyectado no llegan a tener realidad al no superar los conspiradores la fase propiamente preparatoria”.

El delito de conspiración introducido en el auto de admisión fue el resultado, según fuentes judiciales, de un debate entre el magistrado Luciano Varela y el presidente de la Sala Segunda, Manuel Marchena. Varela sostenía que era necesario contemplar la conspiración. Fuentes judiciales señalan que si el tribunal de enjuiciamiento optase finalmente por la conspiración para la rebelión, la pena podría rebajarse entre uno y dos grados. Es decir: la rebelión agravada contemplada por el magistrado instructor Pablo Llarena pasaría para los promotores de un castigo 25 años a otro de 7 a 10 años, aproximadamente. Lo cierto es que Llarena jamás contempló el delito de conspiración para la rebelión y se orientó exclusivamente hacia la rebelión.

El Ministerio de Justicia ha mantenido un intercambio con la Abogacía del Estado primero para determinar el papel que va a asumir. ¿Simple acompañamiento de la Fiscalía del Supremo? La impresión recogida por ARA es que la ministra Dolores Delgado es proclive a un papel más activo. Otras fuentes aseguran que la ministra actúa en total sintonía con la vicepresidenta Carmen Calvo y con el presidente Pedro Sánchez. Una calificación por sedición y malversación, lógicamente, supondría penas menores a la de rebelión agravada, superior a 15 años. Pero, sobre todo, la Abogacía del Estado podría plantear la ausencia del requisito para el tipo penal: la violencia. Se admite en fuentes gubernamentales que Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) vería en esta calificación el gesto que espera para dar luz verde a la aprobación de los presupuestos generales del Estado.

La Abogacía del Estado esperaba conocer antes de presentar su propio escrito de acusación el de la Fiscalía del Supremo. Pero el magistrado Manuel Marchena ha dado ayer en su auto de apertura de juicio oral un plazo de cinco días a Fiscalía, acusaciones y abogado del Estado. La ley de Enjuiciamiento Criminal, en cambio, establece que primero presentan sus escritos Fiscalía y acusaciones y después se da un plazo de cinco días al abogado del Estado. Los escritos, según fuentes consultadas por ARA, seran presentados el viernes 2 de noviembre. El punto central del texto del ministerio público es la acusación de rebelión agravada, que incluye el delito de malversación. 

En sus escritos, la Fiscalía,  acusación popular de Vox y abogado del Estado deberán proponer los medios de prueba a llevar a cabo en el juicio oral. A su vez después se dará cinco días a las defensas de los procesados para hacer lo propio. Una vez recibido todo el material, se fijará la fecha del juicio oral, que podría ser en la segunda quincena de enero de 2019. Antes en los primeros días de diciembre tendrán lugar tres sesiones de artículos de previo pronunciamiento -las cuestiones previas- en el Tribunal Supremo en las cuales expondrán sus argumentos las defensas de los procesados sobre la declinatoria de jurisdicción y otros asuntos.

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