El principal inspector advirtió de que Bankia era "inviable" antes de la salida a la bolsa

José Antonio Casaus, el inspector más importante de Caja Madrid, el holding BFA y Bankia declaró lunes por espacio de casi dos horas ante el juez Fernando Andreu en calidad de testigo, culminando el ciclo de declaraciones de altos cargos del Banco de España, y entre otras cosas, señaló: “Advertimos a nuestros jefes que Bankia era inviable. Era una máquina de perder dinero, y la salida a Bolsa no solucionaría los problemas. Es más, advertimos que acabaría siendo nacionalizada”.

Casaus lleva más de veinte años en el Banco de España. Ha confirmado que en varios correos electrónicos advirtió a sus jefes de la situación. Su testimonio lo convierte en testigo de cargo, tanto contra Francisco Celma, socio auditor de Deloitte, y la firma Deloitte, que fue el supervisor externo y presuntamente independiente de las cuentas de Bankia y anteriormente de Caja Madrid, como contra el Banco de España, cuyos directivos han intentado justificar la salida a Bolsa en sus testimonios de finales de julio pasado. El juez, a petición del fiscal Alejandro Luzón, ha rechazado hasta ahora imputar (investigar, según la reforma de la ley de Enjuiciamiento Criminal) a los directivos del Banco de España.

Según explicó a preguntas de Andrés Herzog, el letrado que representa a la acusación popular Confederación Intersindical de Crédito (CIC), la rentabilidad de Bankia era “cero”. La tendencia, explicó, era negativa. No había dinero, “ni un solo euro, según dijo, para sanear créditos dañados. Casaus no solo apuntó que la entidad era “inviable” sino precisó que la salida a Bolsa no resolvería –como al parecer pretendía la cúpula del Banco de España– los problemas sino que Bankia acabaría siendo nacionalizada.

El que fuera “cabecera” de la inspección en Caja Madrid, más tarde, en diciembre de 2010, “cabecera” también del Grupo BFA (Banco Financiero y Ahorro, resultado de la integración de siete cajas de ahorro), y finalmente el responsable en el momento de la reformulación de las cuentas (mayo de 2012), señaló que en marzo abril de 2011 Bankia había llegado a “un punto de no retorno”, que la gobernanza de la institución requería mayor credibilidad y honradez, y que la viabilidad estaba en cuestión.

Casaus se entrevistó en esas fechas con Rodrigo Rato, presidente de Bankia, según relató, y reflejó en un informe trimestral de seguimiento que el entonces hombre fuerte estaba de acuerdo con el diagnóstico de los inspectores. Según apuntó, faltaban provisiones (dinero que se separa para cubrir pérdidas) por valor de 16.000 millones.

Sobre la fase anterior a la salida a Bolsa, Casaus señaló que las valoraciones hechas por la empresa Analistas Financieros Internacionales (AFI) para hacer la integración de las siete cajas de ahorro no reflejaban la realidad. “El papel –señaló a preguntas de Herzog– lo aguanta todo”. Al preguntársele qué quería decir, señaló que se trataba de estimaciones muy optimistas.

El fiscal Alejandro Luzón, que se adhirió a la petición de declaración testifical de Casaus por parte de Herzog, indagó sobre todo sobre las presuntas provisiones genéricas pendientes de asignación, las denominadas pepas, que según el folleto de salida a Bolsa de Bankia, aprobado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), ascendían a 6.913 millones. Estas provisiones, según los peritos judiciales –los inspectores del Banco de España Víctor Sánchez y Antonio Busquets– en realidad no existían.

Casaus dijo que su misión no era opinar sobre temas contables, pero advirtió que no sabía adónde habían sido contabilizadas esas provisiones pendientes de asignar ni si estaban debidamente reflejadas.

El fiscal Luzón, que al parecer ha creído la versión de los directivos del Banco de España, buscaba una afirmación rotunda de Casaus sobre la existencia real de dichas provisiones, negadas por los peritos judiciales.

Pero Casaus no pudo ni quiso satisfacer la ansiedad del fiscal. En cierto momento, Luzón preguntó de manera vehemente, casi inquisitorial, cómo era posible que no supiera donde estaban contabilizadas dichas provisiones y si estaban reflejadas correctamente. Casaus explicó que esas provisiones carecían de trascendencia económica.

El juez tuvo que echar un cable al inspector frente al fiscal, diciendo que contestara lo que sabía. Casaus dijo que si lo que pretendía el fiscal era un peritaje, él podía realizarlo. El juez dijo que estaba allí como testigo y que no se le requería para hacer peritajes.