Agbar apuntó como I+D una conferencia encargada a Maza

La empresa público-privada Aigües de Barcelona pagó por una charla del entonces magistrado

Grup Agbar invitó el año 2014 al ahora fiscal general del Estado, José Manuel Maza, para que ofreciera una conferencia en Barcelona. Maza, entonces magistrado de la sala segunda del Tribunal Supremo, aceptó la propuesta y participó en un ciclo centrado en la jurisprudencia en el ámbito del agua. Pero Fundació Agbar, a través de la cual se encargó la charla, no asumió todo el gasto de la charla: una buena parte la desvió a la sociedad público-privada Aigües de Barcelona, de la que controla la gestión y un 70% del capital, pero en la que participan también el Àrea Metropolitana de Barcelona (15%) y Criteria (Grup La Caixa, otro 15%).

Según documentación interna a la que ha tenido acceso el ARA, una auditoría que está haciendo el Área de Medio Ambiente de AMB ha detectado que la compañía público-privada pagó una factura por un importe de 3.235,55 euros en concepto de esa conferencia de Maza, titulada «La prevención penal a las empresas». Se la pagó, en concreto, una empresa denominada Integrated Facility Management, que, según consta en el Registro Mercantil y confirmó ayer el grupo, formaba parte del perímetro de Agbar, grupo presidido por Àngel Simón. Esta sociedad fue liquidada el año pasado.

La documentación demuestra que la conferencia terminó siendo cargada en el capítulo de Investigación y Desarrollo de la compañía que da servicio a cerca de tres millones de personas, y, por lo tanto, este gasto se integró en la tarifa del agua que pagan sus clientes, entre los que están los ciudadanos de Barcelona, l’Hospitalet de Llobregat y Badalona, según explican fuentes de la corporación metropolitana.

Consultada por el ARA, Agbar confirmó este pago, pero negó que fuera un pago directo al actual fiscal general. Según explican fuentes del grupo, la factura cubría los costes de la preparación de la conferencia y el coste de la producción del acto. El pago al entonces magistrado, añadieron, se hizo a través de la Fundació Agbar, que desembolsó 1.200 euros netos (1.519 euros brutos) ese mismo 2014. Por su parte, fuentes de Àrea Metropolitana decían que desconocían si la factura de 3.235 euros aparecida era para pagar al juez del Tribunal Supremo o la organización del acto.

Agbar confirmó ayer esta segunda hipótesis y argumentó por qué la empresa mixta debía asumir este coste. "Aigües de Barcelona, el accionista mayoritario de la cual es Agbar, es una de las empresas del grupo que, como tal, promueve numerosas actividades de la Fundación Agbar. Por este motivo, Aigües de Barcelona facilitó la infraestructura necesaria para este ciclo de conferencias", alegó mediante un correo electrónico.

En la propia web de la Fundación Agbar consta la participación de Maza en un ciclo denominado Espai Gaudí, que tiene como objetivo acoger conferencias de juristas para profundizar en temas de actualidad vinculados con el negocio del agua. El entonces juez del Tribunal Supremo hizo la conferencia el 10 de julio de 2014 en las instalaciones de la Torre Agbar, que entonces era la sede del grupo. La Fundación había firmado en 2011 un convenio de colaboración con el Consejo General del Poder Judicial para que jueces españoles pudieran dar conferencias con el objetivo de ofrecer formación.

Desde su creación, la sociedad mixta Aigües de Barcelona ha sido una fuente de polémica, después de que AMB - cogobernada por CiU y el PSC - decidiera constituirla en 2013 directamente con Agbar, sin plantear la posibilidad de abrir un concurso público en el que concurriesen otras compañías o crear una sociedad totalmente pública. El caso, que terminó judicializado, sufrió un golpe fuerte del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que detectó "vicios" en su creación y anuló la constitución de la empresa. El recurso de Agbar ha hecho que el futuro de la sociedad mixta se encuentre en manos del Tribunal Supremo, que dictará sentencia definitiva.

El nuevo escenario abierto por el TSJC y el cambio de partidos después de las pasadas elecciones municipales han cambiado mucho el escenario. La presidenta del Área Metropolitana de Barcelona es ahora Ada Colau -como alcaldesa de la capital catalana- y, a pesar de que cogobierna la corporación metropolitana con el PSC, está dispuesta a convertir la sociedad mixta en una compañía pública. Dentro de su partido, Barcelona en Comú, están muchos de los activistas que denunciaron el concurso que dio luz a Aguas de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l’Aigua (su nombre completo) y que son partidarios de un modelo público de la gestión y el suministro del agua si el Supremo tumba definitivamente la constitución de la sociedad mixta.

La auditoría que ha descubierto la factura para pagar al fiscal Maza tiene este objetivo: detectar si hay sobrecostes eludibles que acaban afectando a la factura del agua. Según el Observatorio del precio del agua que elabora la Agencia Catalana del Agua, las tarifas del agua de boca en los 23 municipios donde da servicio esta empresa mixta no son las más altas pero sí se sitúan en la franja alta de precios pagados en toda Cataluña.

El caso ATLL

El de la sociedad mixta con el Àrea Metropolitana no es el único caso que Agbar tiene actualmente en los juzgados. El Tribunal Supremo también está pendiente de emitir una sentencia definitiva sobre la adjudicación de Aigües Ter-Llobregat (ATLL), la privatización más grande de la historia de la Generalitat, por un importe de 1.000 millones de euros. En este caso, el grupo controlado por la francesa Suez recorrió el concurso después de que no fuera el vencedor del concurso, que terminó en manos de un consorcio de empresas liderado por Acciona.

El TSJC evitó dar la razón a ninguno de los dos grupos que lucharon por el control de la gestión del agua en alta -la que va desde la captación en las cabeceras de los ríos hasta los depósitos municipales- y apostó por rehacer el concurso, al considerar que se había hecho sin respetar los principios de "publicidad, concurrencia e igualdad". El Supremo debe decidir si ratifica esta sentencia. Si no es así, Junts pel Sí y la CUP acordaron que la Generalitat empezaría un proceso para que la concesionaria volviera a ser una empresa pública. Si es así, tendrá que negociar con Acciona cómo recupera el dinero que ha invertido hasta ahora.

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