FEMINISMO

“Vosotros venís a Andorra a comprar ocio, nosotros vamos a Catalunya a abortar”

La Fiscalía acusa de cuatro delitos a la activista Vanessa Mendoza, que lucha para que abortar sea legal

Una de las manifestaciones de Stop Violències en Andorra para reclamar que las mujeres puedan abortar. / ARA

Es una escena que tenía lugar hace poco en Andorra. La chica, dubitativa y angustiada, se planta ante el médico para hacer una consulta sobre un posible aborto. Tiene miedo. El facultativo que la atiende baja la voz mirando a ambos lados. Se quita la bata, la acompaña fuera del edificio y en la calle, receloso de peatones indiscretos que puedan oírlo, le explica qué posibilidades tiene. Todas fuera del país: en Andorra el aborto es un delito. Eso hace que cada año decenas de mujeres se desplacen a Catalunya y Francia para llevar a cabo una acción dolorosa. Da igual si el embarazo ha sido fruto de una violación o hay una malformación del feto, la mujer tiene que salir del Principado.

Desde el gobierno andorrano aseguran que han puesto las herramientas necesarias para hacer un acompañamiento fuera del país a las mujeres que quieren abortar. Se hace a través del Servei d'Informació i Atenció a les Dones (SIAD), creado este marzo y que ha atendido hasta ahora 12 consultas de mujeres, no todas relacionadas con procesos de interrupción del embarazo.

La mayoría de las mujeres cruzan la frontera sin acudir antes a los canales que ha dispuesto la administración local. Según datos del departamento de Salut de Catalunya, en 2018 fueron 124 andorranas las que acudieron a los hospitales catalanes para abortar. Otras fueron a Francia, y algunas no quedan registradas en la estadística. Noemí, por ejemplo, hizo pública su experiencia el año pasado. "Una enfermedad grave durante la gestación me llevó a las puertas de la muerte. Yo sé qué es que te manden corriendo en una ambulancia medicalizada a Barcelona, ya inconsciente. Si me hubieran podido intervenir en Andorra las secuelas físicas y emocionales habrían sido menores. Pero si me hubiera quedado en Andorra, me habría muerto". El año 2010 su vida estuvo en riesgo porque en Andorra no se podía abortar.

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mujeres andorranas acudieron en 2018 a los hospitales catalanes para abortar

Muchas de estas mujeres acudieron a la red La Meri, que desde hace tres años apoya a las mujeres que van a Catalunya para abortar. La red que impulsó Stop Violències evita que se sientan solas, si hace falta las van a buscar a Andorra y las acompañan durante todo el proceso, incluso ofreciendo en algún caso alojamiento o ayudas económicas, puesto que un aborto para una persona no residente en Catalunya puede costar entre 300 y 2.000 euros si hay complicaciones. Incluso ha habido casos de mujeres que han tenido que pedir un préstamo para pagarlo, aseguran.

La mayoría de mujeres van a Barcelona a pesar de que a pocos kilómetros tienen el hospital de la Seu d'Urgell, un centro de titularidad privada pero que forma parte de la red pública, que no está acreditado para hacer una interrupción voluntaria del embarazo. En el patronato del hospital está el obispado de Urgell.

Stop Violències, en el foco

La cara visible de Stop Violències es la psicóloga social Vanessa Mendoza Cortés, a quien la fiscalía andorrana acusa de cuatro delitos (calumnia, difamación, delito contra el prestigio de las instituciones y el honor) y está siendo investigada en un segundo proceso. Mendoza se enfrenta a penas que pueden comportar prisión. "Hay una caza de brujas, quieren que tengamos miedo", denuncia la activista, que mantiene contacto permanente con la ONU, que desde hace un tiempo hace un seguimiento de su caso. "Estoy en un programa de represaliadas de la ONU", señala. El Comité para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (Cedaw) sigue con "preocupación" las "medidas desproporcionadas" que el gobierno andorrano ha tomado contra Stop Violències y Mendoza, y en sus informes Andorra aparece junto a Bahrein o Turquía.

"En Andorra, si una persona se va a abortar fuera del país no se la condena ni se la persigue"

Eric Jover  ministro y portavoz del gobierno andorrano

Eric Jover, ministro y portavoz del gobierno andorrano, admite que no es "agradable" tener esta carpeta abierta en la ONU, pero asegura que se ha facilitado toda la información necesaria para demostrar que no se persigue a nadie y que el gobierno llevó el caso a Fiscalía porque Mendoza "hizo unas declaraciones que iban mucho más allá de pedir la legalización del aborto", en las que hablaba de "coacciones" a mujeres por parte de trabajadores públicos. "En Andorra, si una persona se va a abortar fuera del país no se la condena ni se la persigue", concluye el portavoz.

Una figura del siglo XIII

Mendoza lucha desde hace años para que las mujeres de su país no tengan que ir a Catalunya para abortar ni sean "perseguidas" y "represaliades". "En Andorra, las mujeres no somos ciudadanas de primera, un hombre con poder puede decidir sobre nuestro cuerpo", denuncia. Stop Violències critica la falta de valentía del ejecutivo, que "se esconde bajo el regazo de los copríncipes" para no sacar adelante el cambio.

El coprincipado se sustenta en una figura medieval del siglo XIII, el pariaje, por el cual el obispo de Urgell y el presidente de la República francesa, Joan-Enric Vives y Emmanuel Macron, comparten soberanía y son garantía de la continuidad de Andorra y el equilibrio con los estados vecinos, tanto España como Francia. "Con solo una firma, la de Macron, la ley se podría cambiar, tal como pasó con el caso del divorcio o la reproducción asistida. Hace 10 años nos parecía inviable que una pareja del mismo sexo se pudiera casar y ahora se puede. El único problema es el aborto, porque es el único que afecta solo a las mujeres", lamenta la presidenta de Acció Feminista, Antònia Escoda. "Si el aborto sale adelante, el copríncipe [obispo de Urgell] abdica y se carga el coprincipado. Por decir esto me enfrento a delitos de injuria", dice Mendoza.

Avanzar en el derecho al aborto implicaría ir en contra de los "principios básicos de la Santa Sede" y supondría el fin de la Andorra que hoy conocemos

El obispado de Urgell ha declinado hacer valoraciones, mientras que el gobierno admite que todavía se tienen que dar pasos para defender los derechos de la mujer pero que las peculiaridades del país impiden afrontar este debate hoy en día. "Si el gobierno es favorable a aceptar que las mujeres tengan estos derechos, ¿por qué no avanzamos de una manera más decidida?", se pregunta Jover. Porque hacerlo implicaría ir en contra de los "principios básicos de la Santa Sede" y supondría el fin de la Andorra que hoy conocemos. "Si cae el copríncipe episcopal, cae automáticamente el modelo de estado y el copríncipe francés. Pensamos que en el contexto actual, y visto que podemos acompañar a las mujeres a abortar en países vecinos, las pérdidas asociadas al modelo institucional hacen que sea mejor mantenernos en estas circunstancias", explica Jover.

Un argumentario que no convence a las mujeres que hace años que reclaman poder ejercer dentro de su país sus derechos. "Nos obligan a hacer turismo de aborto", denuncia Escoda. "Vosotros venís a comprar ocio y perfumes, nosotros vamos a Catalunya a comprar derechos. Sois nuestra Londres", resume Mendoza. "Hay mucha invisibilidad, nadie sabe los derechos y la situación de las mujeres ahí", dice Sílvia Aldavert, de la Associació de Drets Sexuals i Reproductius.

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