Indra, en el centro de los contratos falsos para financiar al PP de Madrid

MadridLa Fiscalía Anticorrupción pide la imputación de la empresa Indra por el caso Púnica. Entre las diligencias que perfila el juez Manuel García-Castellón, en la primera semana de septiembre, está la imputación como persona jurídica de Indra Sistemas -empresa de servicios de consultoría sobre transporte, defensa, energía, telecomunicaciones, servicios financieros y servicios al sector público- por pagos encubiertos a la campaña electoral del Partido Popular de Madrid en las autonómicas del 2011.

La iniciativa de la Fiscalía Anticorrupción, solicitada en sus escritos del pasado 2 de agosto confirma que se va generalizando la aplicación de la reforma del Código Penal de 2010, que consagraba la responsabilidad penal de las personas jurídicas, y en la que se apuntaba a la empresa como posible foco de delincuencia. A partir de diciembre de 2012 se aplica esa imputación también a partidos políticos. En principio, según fuentes judiciales, la Fiscalía no solicita imputar al PP de Madrid.

El juez García-Castellón ya ha citado -a petición de la Fiscalía- al BBVA como persona jurídica investigada el próximo 24 de septiembre por el caso del espionaje del excomisario José Villarejo, realizado para la entidad en 2004 y operaciones posteriores realizadas todas ellas durante la presidencia de Francisco González. Ahora tendrá que resolver sobre Indra.

En sus escritos del pasado 2 de agosto, las fiscales Carmen García Cerda y María Teresa Gálvez resumían lo que será, si el juez así lo dispone, la recta final de la investigación del caso Púnica, que se quedaría en once piezas separadas.

Financiación irregular en el PP de Madrid

Y dentro de esas once piezas, se urgía la formación de cuatro entre las cuales se investiga la financiación presuntamente irregular del PP de Madrid en campañas electorales y también comisiones en operaciones de construcción de nuevos hospitales y rehabilitación de ya existentes, así como en la construcción de una red de colegios concertados a través de concursos públicos presuntamente amañados (caso Alfedel).

Los hechos concernientes a lo que la Fiscalía llama "desvío de fondos para pago de gastos del partido Popular de la Comunidad de Madrid" y que conducen a la petición de imputar a Indra y a su expresidente en la época de los hechos, Javier Monzón -tras la imputación del consejero delegado destituido, Javier de Andrés y otros ejecutivos- están descritos en diversos informes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO).

El último de ellos, de junio pasado, apuntaba a lo largo de 68 páginas, a qué Indra financió con 566.497 euros la campaña del PP en las elecciones autonómicas de la Comunidad de Madrid. "Dichos servicios, según documentación de la propia Indra Sistemas, no habrían sido efectivamente acometidos. Además, según las mismas fuentes, esta forma de proceder ya se habría registrado en el año 2008, tras los comicios del año 2007", señala el informe.

Según la UCO, los fondos que habría aportado Indra fueron a petición de altos cargos de la Comunidad de Madrid y "habrían servido para retribuir los trabajos" que el entramado empresarial había prestado al PP de Madrid, sirviéndose de la empresa pública Agencia de Informática y Telecomunicaciones (ICM).

Ese entramado es el que han formado, según el informe, Juan Miguel Madoz (administrador de Swat S.L.) y el empresario Óscar Sánchez Moyano (de Formaselect) quienes mantenían contactos frecuentes con Ignacio González a través de reuniones que fueron reflejadas en la agenda del entonces vicepresidente de la Comunidad de Madrid.

A estas reuniones, según la agenda de González, asistían también otras autoridades del Gobierno autonómico del PP. Allí se encontraban la propia presidenta Aguirre, el que fuera secretario general del PP de Madrid,Francisco Granados, y otros exresponsables del PP madrileño como Borja Sarasola, Salvador Victoria o Isabel Gallego.

El informe aportaba un análisis de las cuentas e información tributaria de las sociedades de Madoz y de Sánchez Moyano. Los fondos que recibe la sociedad Formaselect Constulting S.L. procedentes de Indra "se transfieren casi inmediatamente a otras sociedades controladas" por estas dos personas.

Entramado de sociedades

De hecho, Formaselect obtuvo de Indra la práctica totalidad de sus ingresos en 2012 (99,4%) y 2013 (el 90,1%), según el informe. La Guardia Civil también destaca la complejidad del análisis de los movimientos de dinero diseñados por Sánchez Moyano y Madoz por encontrarse "borrada o encriptada" la escasa documentación encontrada.

Del análisis de los proveedores de las empresas analizadas no se ha podido concluir, señala el informe, que respondan al pago de gastos de campaña de terceras empresas que hayan actuado como proveedores del PP en las elecciones autonómicas de 2011 "sino que el dinero recibido se filtra y acaba en la estructura societaria" de los dos empresarios mencionados.

"De este modo, concluyen, los fondos aportados por Indra a petición de altos cargos de la Comunidad de Madrid habrían servido para retribuir los trabajos que dicho entramado había prestado para el Partido Popular de Madrid, sirviéndose de la empresa pública ICM", señala.

El informe de junio pasado seguía a otro de abril, en el cual la UCO registraba la presencia de Aguirre en varias reuniones con otros exdirigentes del PP madrileño. En ellas se habrían dado instrucciones para recompensar con contratos públicos a empresas de la trama Púnica que habrían realizado trabajos de las campañas electorales del partido en 2003 y 2007.

Fuentes judiciales señalan que las fiscales García Cerda y Gálvez han decidido solicitar la imputación de Indra como persona jurídica al contar con una sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid sobre facturación falsa de la empresa. Se da la circunstancia de que Indra prestó su conformidad a la sentencia, lo cual acreditaría la existencia de un patrón de conducta.

Este pasado día lunes 19 de agosto, Esperanza Aguirre, que acudió a la toma de posesión de la nueva presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, fue preguntada por la petición de imputación de la Fiscalía Anticorrupción pendiente de la decisión del juez. "Hace treinta años que me investigan…", sonrió la expresidenta de la CAM y del PP de Madrid.