Aprendamos a contar

Desde hace años dedico gran parte de mis esfuerzos profesionales a la evaluación de políticas públicas. Es una idea muy sencilla de explicar, saber qué ganamos con cada euro público gastado; pero muy difícil de llevar a la práctica. Hay muy pocas evaluaciones de programas públicos en nuestro país. En parte, porque muchos políticos no tienen interés en que se sepa qué efectos reales tienen sus proyectos. Pero, en gran medida, por la sencilla razón de que no tenemos los datos para saber cómo trabaja la administración.

Como dicen en las escuelas de negocios, lo que no se puede medir no se puede mejorar. Y en el día a día de muchas administraciones públicas son demasiadas las actividades que no se miden. En muchos programas de formación a parados, no sabemos, para empezar, cuánta gente participa, o si los que lo dejan por el camino es porque han encontrado trabajo o porque simplemente se han cansado. Tampoco se hace un seguimiento de qué pasa con muchas empresas que reciben subvenciones públicas, o se desconoce a qué se han destinado este dinero. Y un ejemplo que nos hemos cansado de ver a lo largo de los últimos meses: la pésima gestión de los datos de la pandemia. Las contradicciones entre los datos de casos, contagios y muertos por coronavirus, reportadas por comunidades autónomas y el propio ministerio de Sanidad, generan confusión y desconfianza entre los ciudadanos. Pero también dificultan la toma de decisiones. Por ejemplo, como no se publica la incidencia del virus por municipios, es muy complicado tomar medidas a nivel local.

No es un problema exclusivo de nuestra casa. De hecho, también en el marco del coronavirus, lo hemos visto en países líderes de la gestión de información administrativa y la evaluación de políticas públicas. En el propio Reino Unido, en las peores semanas de la pandemia, tuvieron que sacar una pizarra y una calculadora para apuntar los tests positivos y las muertes, puesto que el servicio de salud pública no tenía capacidad para gestionar los datos. Y hace pocos días los casos aumentaron de golpe en 16.000, puesto que se descubrió que no se habían estado grabando porque la hoja de Excel donde se recogían había llegado a su máximo de líneas.

Los economistas Miguel Almunia y Pedro Rey-Biel presentaron la semana pasada, en un documento de Esade, una propuesta de reforma para cambiar la gestión de datos en España. No puedo más que aplaudir la iniciativa, que aboga por aumentar la transparencia y la disponibilidad de los datos estableciendo mecanismos de coordinación entre diferentes niveles de la administración y la contratación de personal especializado para gestionarlo. Se trata, en sus propias palabras, de un proyecto de país, que tiene que quedar al margen de conflictos políticos.

Esta propuesta se añade a las ya planteadas por otras entidades, como la propia Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), que la semana anterior planteaba implantar una estrategia nacional para que la administración comparta y utilice los datos y registros públicos, y los investigadores puedan hacer uso de ellos. Eso sí, velando en todo momento por mantener la privacitat de la información. En una línea muy similar, hace unos meses instituciones como Afi, Iseak, Ivie y KSNET presentamos REDEV, una red para las buenas prácticas en evaluación, donde planteábamos la necesidad de crear un protocolo de recogida de datos e información por parte de las diferentes administraciones que permitiera mejorar las políticas y los programas públicos.

Hay, por lo tanto, una demanda clara de diferentes entidades públicas y privadas para gestionar mejor nuestros datos. Comunidades como Navarra ya hace años que tienen una ley de evaluación de políticas públicas, y Andalucía y Castilla-La Mancha están preparando las suyas. A la vez, la llegada de los fondos europeos vinculados al Plan de Recuperación obligará a evaluar cómo se gestionan. Y la casa no se puede empezar por el tejado. Para saber qué beneficio real nos está dando cada euro público hace falta primero empezar a contar.