La fiscal supera a su jefe en Bankia y acusa a catorce consejeros por falsedad y a cinco de ellos por estafa

Atribuye a Rato, Norniella, Olivas, Celma y Sánchez Barcoj maquillar el folleto de salida a bolsa

La fiscal Carmen Launa decidió ejercitar la espada de Damocles que había esgrimido al comienzo del juicio oral de Bankia el pasado 26 de noviembre de 2018 y ha acusado a 14 administradores del grupo BFA-Bankia por el delito de falsedad de las cuentas anuales con las cuales la entidad salió a Bolsa el 20 de julio de 2011, y a cuatro de ellos, al que ha sumado al socio auditor de la empresa Deloitte, Francisco Celma, les acusa por el delito de estafa de inversores al aportar al folleto de salida a Bolsa información “que no fuese de acorde a la realidad económica y patrimonial de la entidad”.

La fiscal corrige de manera notable la calificación provisional de su actual superior, el fiscal jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Alejandro Luzón, que se había limitado a acusar, en 2018, por el delito estafa de inversores (artículo 282 bis del Código Penal) solamente a cuatro administradores: Rodrigo Rato, José Luis Olivas, José Manuel Fernández Norniella y Francisco Verdú.

Sin embargo, al igual que su actual jefe, la fiscal Launa no acusa a ninguna de las tres personas jurídicas que sentó la acusación popular en el banquillo en calidad de personas jurídicas responsables: Bankia, BFA y la empresa Deloitte.

El agravamiento de la acusación supone un aumento de la pena solicitada para los acusados. En el caso de Rodrigo Rato, de los cinco años y medio por el delito de estafa a inversores, pasa a los 8,5 años al sumar tres años por falsedad contable.

El caso relevante es el del socio auditor de Deloitte, Francisco Celma, que es considerado “cooperador necesario”, para quien la fiscal solicita una pena de dos años de cárcel.

Celma integra el grupo de los cinco acusados por la fiscal del delito de estafa de inversores. Rato, Olivas, Norniella en calidad de autores y Ildefonso Sánchez Barcoj y Celma como cooperadores necesarios. Según la fiscal, todos ellos contribuyeron al delito de falsedad de las cuentas consolidadas de BFA, matriz de Bankia, de 2010 y a las del 31 de marzo de 2011, con las cuales la entidad salió a Bolsa el 20 de julio de 2011. En cambio, ha retirado la acusación de estafa de inversores para el que fuera consejero delegado, Francisco Verdú, aunque le imputa falsedad contable.

El relato de hechos de la fiscal a lo largo de cien folios gana en coherencia cuando se llega al punto XI, página 84, titulado “Dimisión de Rodrigo Rato y nuevo equipo gestor”.

La fiscal recuerda que el nuevo equipo reformuló las cuentas individuales de BFA lo que redujo su participación en Bankia en 5.189 millones de euros así como los activos fiscales e inmobiliarios. BFA presentó un patrimonio negativo de 4.489 millones de euros. A su vez la reformulación reconoció deterioros en Bankia de 4.690 millones.

La fiscal recuerda que se presentaron estos ajustes como "hechos posteriores acaec idos con posterioridad at 28 de marzo de 2012", se justificó la reformulación en cambios normativos (Real Decreto-ley 18/12, de 11 de mayo), cambios de estimaciones y en las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional”.

Y he aquí el torpedo a la línea de flotación del equipo gestor que sustituyó a Rato: “En realidad, los cambios normativos nunca debieron aplicarse retroactivamente a las cuentas de 2011 sino que deberían haber desplegado sus efectos en las cuentas de 20L2 pero las exigencias de mayores coberturas que los Reales Decretos ley 2/2012 y 18/2012 implicaban fueron el pretexto utilizado, junto con el empeoramiento de la situación económica, para intentar justificar que los importantísimos deterioros finalmente reconocidos habían surgido en los dos meses escasos que transcurrieron desde la formulación de marzo a mayo”.

Y enfatiza: “Dicha justificación omitía que tales deterioros habían sido advertidos ya por el auditor externo antes de la primera formulación, y que como se deduce claramente de los hechos descritos, eran perfectamente conocidos por los acusados”.

En el relato de hechos tiene antes, en la página 87, una síntesis demoledora, una extraordinaria síntesis de la catástrofe inducida por algunos de los que no están en el banquillo, como el Banco de España.

“En diciembre de 2010, [la empresa de valoraciones] AFI [Analistas Financieros Internacionales] había valorado el derecho de mutualización en 13.826 millones de euros por el sistema del descuento de flujos. Un año y medio más tarde, en junio de 2012, Grupo BFA arrojaba por el mismo sistema valorativo una cifra negativa de -13.635 euros. Una pérdida de valor del 200%. En diciembre de 2010 siete cajas de ahorro constituyeron BFA a la que traspasaron sus activos y pasivos. Un año y medio después, su patrimonio de había evaporado terminando la historia de entidades centenarias”. 

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