Bárcenas echó una mano pero fracasó y el PP será acusado por el disco duro
El extresorero renunció a acusar el partido en 2016
MadridEl juez Pablo Ruz ha debido de echar una sonrisa, retirado en su ”destierro” del juzgado de instrucción de Móstoles, la mañana de este miércoles 15 de noviembre -donde ayer estaba de guardia- al conocer la noticia de que el caso de la destrucción del disco duro del ordenador del ex tesorero del Partido Popular enfila hacia el juicio oral. Porque fue precisamente él quien, durante la instrucción de los Papeles de Bárcenas, o contabilidad B del PP, envió el asunto a Plaza de Castilla para que se investigaran presuntos delitos de daños informáticos.
La causa se archivó primero en el juzgado 32 de Madrid por la jueza titular de entonces, octubre de 2013, Ángeles Collazos, y se reabrió por la Audiencia Provincial con el argumento de que la magistrada había cerrado el caso sin practicar diligencia alguna.
Además, el archivo de los documentos se evaporó –los documentos aparentemente se perdieron- y fue necesario reconstruir el sumario con ayuda de la Audiencia Nacional. Se perdieron, pues, catorce meses. No sería más que el aperitivo.
Bárcenas cobra protagonismo en las diligencias en mayo de 2016. El PP pide a la jueza Freire el archivo del caso. Y el ex tesorero envía al juzgado un escrito donde se opone al cierre de la causa.
La jueza Rosa María Freire, tras hacerse cargo del juzgado 32 de Madrid, reinició la instrucción. Interrogó a todos los imputados, y concluyó en el auto de transformación de las diligencias previas en procedimiento abreviado, el 26 de julio de 2016, que se habían cometido presuntos delitos de daños informáticos y encubrimiento.La acción debía seguirse contra el PP como persona jurídica, Carmen Navarro, tesorera nacional; Alberto Durán, jefe de los servicios jurídicos del partido y José Manuel Moreno, el responsable informático que acometió la destrucción del disco duro del ordenador Apple que usaba Bárcenas.
Nada más dictar el citado auto de conclusión, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, por su lado, y la diputada Celia Villalobos, atacaron, a finales de julio de 2016, a la juez Freire.
En septiembre de 2016, cuando Rajoy estaba abocado a su investidura, el PP intentó hacer todo lo posible para evitar la noticia de que el PP era el primer partido en sentarse en el banquillo como persona jurídica, tras la reforma del Código Penal de 28 de diciembre de 2012.
La jugada maestra: hacerle saber sigilosamente a Bárcenas que sería bueno para él que se echase atrás en la denuncia. El 13 de septiembre, el ex tesorero, que ya había anunciado a través de su defensa la presentación de un escrito en el que acusaría al PP, elevó en cambio, para sorpresa de su letrado, un texto de renuncia.
El abogado contratado por el PP, el ex teniente fiscal de la Audiencia Nacional, Jesús Santos, a su vez, recusó a la jueza Freire en dos ocasiones consecutivas. Y el auto de conclusión fue recurrido en apelación ante la Audiencia Provincial de Madrid.
La conclusión del caso, a punto de auto de apertura de juicio oral en septiembre de 2016, pues, conoció un retraso considerable de más de un año, que se sumaba a los retrasos anteriores. Rajoy pudo ser investido sin la noticia de que el PP se sentaría como persona jurídica acusada, hecho que ocurrirá en los próximas semanas.
La juez Freire, por tanto, ha salido ilesa de los ataques políticos del PP y del bloqueo de la causa por los recursos del PP. La Fiscalía de Madrid escoltó al PP hasta el último momento. La Audiencia Provincial ha desestimado cinco recursos: uno de ellos es de la Fiscalía.
Ahora la jueza solicitará a las partes personadas que presenten sus escritos de acusación y procederá a dictar el auto de apertura de juicio oral.
