Boularbah, abogado de Llarena-Gobierno, pedirá hoy el rechazo de la demanda

El objetivo de los procesados es la admisión a trámite y mantener vivo el pleito durante meses

El abogado Hakim Boularbah, del bufete Liederkerke Wolters Waelbroeck Kirpatrick, solicitará hoy martes en nombre de sus clientes, el magistrado Pablo Llarena y el Reino de España, la inadmisión "de entrada" de la demanda civil de protección del honor que se verá a partir de las 9,00 horas de este 4 de septiembre en el Juzgado de Primera Instancia Francófono de Bruselas. 

Hasta ahora la mecánica del procedimiento civil belga ha consistido en que Hugues Hellebaut ('huissier de justice', agente judicial, que también trabaja como árbitro de boxeo) recibió la demanda en el juzgado de primera instancia francófono de Bruselas el pasado 5 de junio y la transmitió inmediatamente a Madrid con vistas a su notificación al magistrado demandado, Pablo Llarena. Hasta ayer se mantenía en reserva el nombre del juez/a al que le ha tocado por turno el asunto. El bufete belga ha recomendado a la Abogacía del Estado español no hacer comentarios ni transmitir información alguna a los medios porque, según ha dicho, la justicia civil belga es muy reacia a filtraciones.

Según fuentes jurídicas consultadas en Bruselas, el juez de lo civil suele instar a las partes a fijar un calendario de trabajo para intercambiar sus escritos y organizar el debate jurídico. Sin embargo, Boularbah planteará una cuestión previa: la falta de jurisdicción de Bélgica para juzgar la conducta jurisdiccional de un magistrado español.

Los demandantes han cuestionado, en efecto, toda la instrucción citando autos judiciales de Llarena, pero han "colgado" ese cuestionamiento de unas declaraciones realizadas por el magistrado en una conferencia celebrada en Oviedo el 22 de febrero de 2018, en la cual negaba la existencia de presos políticos y defendía que la investigación se basa en delitos tipificados por el Código Penal español. 

Los demandantes buscan excitar el celo tradicional de los jueces belgas, muy reacios a expresarse ante los medios de comunicación y mucho menos sobre casos que ellos mismos instruyen.

El juez/a, cuyo nombre se conocerá hoy, escuchará a las partes, las defensas de los cinco demandantes (Puigdemont, Comín, Puig, Ponsatí y Serret), y la de los abogados de Llarena y de España, y normalmente las instaría a que se organice el proceso hasta llegar a juicio. 

Pero tendrá que resolver una cuestión previa, el planteamiento de Boularbah sobre la falta de jurisdicción de Bélgica para entrar en el asunto, cosa que tendrá que resolver. ¿Hoy martes 4 de septiembre, en una nueva vista o más adelante?

El objetivo estratégico de la defensa de los procesados es obtener -no en el día de hoy porque es difícil que eso ocurra- la admisión a trámite: sería un éxito importante más allá del recorrido de la demanda. ¿Por qué? Porque mientras no se admita la demanda, Llarena no tiene, por así decir, un pleito vivo.

Si se admitiera, el magistrado, a través de su defensa, se verá obligado  defenderse, entrará a pleitear. Siempre sin viajar a Bruselas porque una demanda civil no lo exige. 

Y esta entrada en el pleito propiamente dicho es relevante porque Llarena conserva todavía la responsabilidad de instrucción para la pieza separada de Puigdemont y los otros exconsellers procesados que le han demandado en Bélgica.

Lo ideal para la estrategia procesal de los demandantes es que el pleito primero se abra (admisión a trámite) y se alargue, intercambiando escritos y celebrándose diferentes vistas. Esto podrá ser aportado en su día al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) de Estrasburgo: un magistrado que instruye una causa está pleiteando con las partes sobre las que dicta resoluciones. 

En España, el artículo 219 de la ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) establece en la causa número 8 que si un juez tiene un pleito con las partes ello sería motivo de abstención/recusación. 

Todo el objetivo no es en ganar la demanda  y obtener la reparación de 1 euro, exigencia simbólica -petición que a su vez permite limitar la reparación en costas si se pierde la demanda- sino la admisión a trámite y hacer andar un pleito que podría durar meses para ser utilizado com prueba contra la imparcialidad del juez más tarde en Estrasburgo.

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