Casado vuelve a la consigna de “ni agua” por el rebrote, los presupuestos y la moción de Vox

Una renovación del CGPJ daría apariencia de estabilidad a Sánchez 

Pablo Casado vuelve a apostar por la estrategia de la tensión, por el mensaje de que el gobierno de Pedro Sánchez está más débil que nunca y que no podrá sobrevivir a los desafíos de la nueva propagación del coronavirus (rebrotes de agosto y posible segunda ola), la crisis económica y social y la votación de los presupuestos.   

El líder del PP, según fuentes judiciales que han seguido durante los meses de julio y agosto las negociaciones de renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el Tribunal Constitucional, cubrir una vacante en el Tribunal de Cuentas y nombrar nuevo Defensor del Pueblo, ha decidido regresar a su estrategia de “ni agua” no solo para ahorrarse flancos en el ataque de la moción de censura que prepara el partido ultraderechista Vox, sino también porque quiere deteriorar todavía más al ejecutivo. 

Las negociaciones entre el responsable del Partido Popular en temas de justicia, Enrique López, y el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, avanzaron considerablemente en julio para que todo fuera simplemente un paripé, según esas fuentes.  

El giro ha sido copernicano. De avanzar López y Campo hasta en varios nombres relevantes para concretar la renovación o pacto de la justicia, y tras la defenestración de Cayetana Álvarez de Toledo –a quien Casado informó de la próxima renovación al cesarla-, ahora el líder del PP ha puesto como condición para ello, en su reunión con Pedro Sánchez del pasado miércoles, que Unidas Podemos salga del gobierno.

Macartismo abierto  

Este viraje hacia un macartismo abierto -el restablecimiento de una estrategia anticomunista pura y dura-, verbalizado tras el cónclave en La Moncloa, converge con el incremento de la presión de presuntas investigaciones judiciales sobre Iglesias y Unidas Podemos (caso Dina, con la personación de Vox y próxima admisión a trámite de una querella criminal en dicha pieza, diligencias en la querella de financiación ilegal y moción para que esta también se investigue en paralelo en el Congreso). 

Solo en caso de que Sánchez llegase a conseguir la aprobación de los presupuestos, señalan las fuentes consultadas, el PP podría resucitar el apoyo a la renovación de los órganos judiciales. 

“Esa sería la señal de que el Sánchez ya no caerá y que podría acabar la legislatura”, dijo la fuente. “Casado juega a que  fracasen los presupuestos y se convoquen elecciones. De lo contrario, ¿cómo justificaría el bloqueo a la renovación durante tanto tiempo?”. 

Es lo que ya ocurrió a primeros de febrero de 2019 después que Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) presentase su enmienda a la totalidad de los presupuestos generales del Estado presentados por el gobierno de Sánchez. 

Nombramientos parados

En este contexto, el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, ha reanudado el nombramiento -interrumpido en julio precisamente por las señales que PSOE y PP hicieron llegar sobre renovación del CGPJ- de más de una docena de magistrados en posiciones claves en las próximas semanas, de aquí a finales de septiembre. Para ello ha convocado a los candidatos a presentar sus respectivos programas en reuniones en las que participarán Lesmes y los siete miembros de la Comisión Permanente (Rafael Mozo, Juan Martínez Moya, Juan Manuel Fernández Martínez, José Antonio Ballestero Pascual, Álvaro Cuesta, Nuria Díaz Abad y Pilar Sepúlveda). 

Se trata de cubrir las vacantes de tres magistrados en la Sala Segunda (penal) del Tribunal Supremo; tres presidentes en las salas Tercera (contencioso-administrativa), Cuarta (social) y Quinta (militar) del Tribunal Supremo; presidencia del Tribunal Superior de Justica (TSJ) de Canarias; presidencia de la Audiencia Provincial de Ourense; presidencia de la Audiencia Provincial de Cáceres; presidencia de la Sala de lo Contencioso del TSJ de Asturias; presidencia de la Sala Social del TSJ de Andalucía; presidencia de la Sala Social del TSJ del País Vasco; y presidencia de la Sala Social de la Audiencia Nacional. 

Dimisión en bloque 

¿Saldrán adelante estos nombramientos por parte de un CGPJ cuyo mandato venció el 4 de diciembre de 2018? 

No es seguro. Porque puede haber en algunos casos bloqueos, sea por divergencias en el llamado sector conservador mayoritario o del llamado sector progresista minoritario. 

Fuentes judiciales señalan que la estrategia del PP de dar la espalda a la obligación constitucional de renovar los órganos en los plazos legales previstos debería tener alguna respuesta del sector llamado progresista. 

“Los vocales del CGPJ, al menos los del grupo llamado progresista, deberían dimitir en bloque, la única vía para presionar seriamente y conseguir que se cumpla el mandato constitucional”, dijo la fuente consultada.

Aunque si dimitieran los 9 vocales progresistas, los conservadores con 12 vocales tendrían quorum para celebrar plenos y los 3/5 necesarios para realizar los nombramientos ya no serían 13 sino 7. En otros términos, una dimisión de protesta como la apuntada implicaría que en lugar de bloqueo, el PP, a través de los vocales conservadores, se quedaría con todo el pastel.

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