Choque de trenes entre los ayuntamientos y el gobierno por los remanentes de 30.000 millones

Algunos consistorios como el de Valladolid ya están utilizando fondos del ahorro acumulado

La Junta de Gobierno de la Federación Española de Municipios (FEMP), agrupación de las entidades locales de ámbito estatal en la que se integran ayuntamientos, diputaciones, consejos y cabildos insulares, solicitó ayer al gobierno el “uso íntegro de los remanentes de tesorería para gastos generales generados por cada entidad local” y la creación de tres fondos, uno para la recuperación económica y social, otro para sostener el trasporte público colectivo urbano y un tercero “para la colaboración de las entidades locales en la gestiones del Ingreso Mínimo Vital (IMV)”.

Los llamados “remanentes” son los ahorros acumulados en el ámbito local durante los años de estabilidad y superávit del gasto 2011-2019. Se estima que ascienden a unos 30.000 millones de euros. 

Según señala el plan de los llamados pilares locales para la reactivación económica y social de la administración local, “la utilización de este recurso financiero para hacer frente a todos los gastos e inversiones que tienen causa en los efectos de la pandemia del covid-19 evita que las entidades locales tengan que acudir al mercado de capitales para su financiación mediante la concertación de nuevos préstamos que generarían un mayor endeudamiento del sector público”.

En los últimos dos meses, el Gobierno ha mantenido que esos remanentes no deben ser utilizados. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha expresado, según fuentes municipales, que su mensaje de los últimos meses en el sentido de que no se deberían tocar los remanentes se ve reforzado con la previsión científica de un posible rebrote de la pandemia el otoño próximo. Ese dinero debería, según la ministra, permanecer sin usar por si es necesario hacer frente a dicho rebrote.

El Partido Popular viene impulsando la propuesta de que los ayuntamientos puedan utilizar el remanente. Ha abandonado, al menos durante la crisis en curso, el dogma de la aplicación a rajatabla de la regla de gasto que en su día sirvió al entonces ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, para mantener a raya/intervenir a ayuntamientos, como fue el caso de Madrid durante la gestión de Manuela Carmena. El PP amenaza con llevar una iniciativa al Congreso de los Diputados.

Por su parte, Unidas Podemos pretende, según fuentes consultadas, anticiparse y aprobar una propuesta para dar libertad a los ayuntamientos, anticipándose así al PP.

Algunos alcaldes socialistas que han acumulado esos remanentes ya han empezado, sobre la base de dictámenes de sus respectivas intervenciones municipales, a utilizar dinero de esos fondos. Uno de ellos es el de Valladolid, cuyo alcalde desde hace cinco años es el miembro de la ejecutiva del PSOE Óscar Puente.