El Consejo de Estado envió a Defensa su dictamen sobre el Yak-42 antes de la investidura de Rajoy

El ministro Morenés lo recibió inmediatamente

El Consejo de Estado envió al Ministerio de Defensa el dictamen sobre las circunstancias del vuelo del avión YAK-42, en el que fallecieron 62 militares que regresaban de su misión en Afganistán en mayo de 2003, inmediatamente después de ser aprobado por unanimidad en la Comisión Permanente. Según  fuentes consultadas por ARA en el Consejo de Estado, el dictamen, que apunta responsabilidades del Ministerio de Defensa en la gestión del vuelo, salió el mismo día 20 de octubre o al día siguiente, 21 de octubre, hacia el Ministerio de Defensa, que lo había solicitado.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, reaccionó sobre dicho informe el pasado martes día 3 de enero al ser preguntado durante uno de sus paseos matinales en Pontevedra, donde  pasaba unos días de descanso. El dictamen lo anticipaba esa mañana el diario El País: “¿El Consejo de Estado ha sacado un dictamen sobre eso? No lo he visto. Pero yo creo que eso ya está sustanciado judicialmente lo que había que sustanciar. Ocurrió hace muchísimos años”, respondió ante las cámaras de Mediaset.

La información aportada por el Consejo de Estado al ARA confirma que el dictamen fue enviado al Ministerio de Defensa antes de la segunda investidura que consagró a Rajoy presidente del gobierno. Su discurso abrió el día 26 de octubre la sesión que culminaría con Rajoy como presidente en segunda votación, el 30 de octubre, gracias al voto favorable de Ciudadanos y la abstención del PSOE.

Es habitual, según otras fuentes, que el Consejo de Estado envíe, una vez que los aprueba la Comisión Permanente, inmediatamente sus dictámenes al departamento correspondiente que lo ha solicitado. En este caso, fue el Ministerio de Defensa el que, a raíz de una reclamación de indemnizaciones  de familiares de 55 militares fallecidos, cursó al Consejo de Estado la petición el 8 de octubre de 2014.

El dictamen tiene dos aspectos. El primero favorece la posición de Defensa, ya que deniega incrementar las indemnizaciones ya entregadas a los familiares. El segundo es el que se refiere de facto a la negligencia de las autoridades, porque puntualiza que “antes del siniestro pudieron ser advertidas circunstancias de diversa naturaleza que, tanto individualmente consideradas como sobre todo a través de una valoración conjunta respetuosa con las exigencias ínsitas en los principios de precaución y previsión, habrían llamado a la adopción por los órganos competentes de medidas que pudieran haber despejado el riesgo que se corría”.

Para llegar a esta conclusión, la instrucción del expediente en el Consejo de Estado sufrió diversos avatares. La sección IV, que preside el exministro de Justicia y expresidente del Consejo de Estado Fernando Ledesma, se ocupó de la instrucción. A raíz de considerar incompleta la documentación complementaria enviada por el Ministerio de Defensa el 21 de octubre de 2014 y el 26 de marzo de 2015, la sección IV propuso el 30 de marzo de 2015 devolver el expediente a Defensa.

El presidente del Consejo de Estado cursó el expediente el citado 30 de marzo y pidió nueva información y documentos. En particular, se preguntaba algo fundamental para el caso de negligencia: ¿el Centro de Inteligencia y Seguridad del Ejército de Tierra emitió algún informe, parte o comunicación acerca del transporte de tropas y materiales a Afganistán en el marco del acuerdo suscrito con la empresa Namsa? Si fuese el caso, se solicitaba documentación y que se explicara “el curso que se le dio”. El 21 de abril 2015, la petición se envió al Estado Mayor del Ejército de Tierra. Bingo! El 4 de mayo de dicho año la respuesta fue que existían dos informes sobre los aviones civiles contratados, uno del comandante Alfredo Mínguez Cortés y otro del teniente coronel Javier Marino González. El 7 de octubre, se solicitó a Defensa “que dicha información fuese ampliada”.

El teniente coronel Marino decía, entre el 25 de marzo y el 5 de abril de 2003: "Se están corriendo altos riesgos al transportar personal en aviones de carga fletados en países de la antigua URSS, su mantenimiento es como mínimo muy dudoso”. En su respuesta al Consejo de Estado, el Ejército quitaba hierro a esas palabras porque el citado teniente coronel “no poseía ninguna formación o conocimiento en seguridad aeronáutica y mantenimiento de aeronaves”.

El dictamen del Consejo de Estado, pues, llegó a la conclusión de que si se hubiesen adoptado las medidas adecuadas se podía haber evitado el siniestro, y que el hecho de contratar a Namsa, agencia de la OTAN, no exime al Estado de ser el último responsable. Defensa tenía la obligación de comprobar e inspeccionar la actividad de sus contratistas, más aún en actividades de riesgo.

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