El Consejo de Estado da una bofetada histórica a Rajoy
La improvisación y desesperación del gobierno de Mariano Rajoy ha conseguido un hito histórico
MadridLa improvisación y desesperación del gobierno de Mariano Rajoy ha conseguido un hito histórico: que el Consejo de Estado rechace avalar la iniciativa de presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la candidatura de Carles Puigdemont ante el Tribunal Constitucional. Y, además, el carácter fantasmal de tal iniciativa, precipitada el mediodía de este jueves, día 25, ha quedado escrito en letras de moldes: el rechazo ha logrado la unanimidad de todos los miembros. Los miembros del Consejo de Estado no tuvieron que dedicar sesudos debates porque se apoyaron en la jurisprudencia del TC: no se pueden interponer recursos con carácter preventivo.
El Gobierno quería una operación preventiva, a saber, impedir la sesión de investidura para el candidato Puigdemont. Pero en la medida en que todavía es una incógnita conocer el verdadero alcance de dicha candidatura o mejor dicho saber si Puigdemont acudirá a ella, los consejeros han entendido que es prematuro presentar un recurso sobre una hipótesis. Se da la circunstancia, además, que la candidatura es producto de una mera tramitación de la Mesa del Parlament y de su president, Roger Torrent. Por tanto, el gobierno pretendía recurrir algo que ni siquiera era norma.
Por la mañana, la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, al anunciar a bombo y platillo el recurso, en un intento de copar las cadenas de radio y de televisión, apùntó: "Si el informe del Consejo de Estado es positivo interpondremos un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional". Es decir: el Gobierno esperaba, sin duda ninguna, que el Consejo de Estado considera pertinente el recurso. No se le pasó por las mientes la posibilidad de que el Consejo le dijese que "no"., Ni, mucho menos, que le pusiera el stop por unanimidad.
La sorpresa ha sido tal que La Moncloa volvió a cambiar el guión y ha anunciado que como los informes del Consejo de Estado no son vinculantes ha decidido presentar con la recomendación negativa el recurso que ya había anunciado.
La decisión del Consejo de Estado es inédita y, claro, tampoco es vinculante para el Tribunal Constitucional. Pero se ha abierto una situación muy compleja. Fuentes del TC señalan que el Pleno no puede limitarse a hacer lo que es habitual, a saber, verificar si el recurso viene con un acuerdo del Consejo de Ministros y el informe preceptivo del Consejo de Estado, y aplicar inmediatamente el artículo 161.2 de la Constitución que supone la suspensión inmediata de la resolución o norma recurrida. Esta es una prerrogativa que otorga la Constitución a los recursos del Gobierno contra decisiones de las Comunidades Autónomas. Por tanto, el Pleno del TC tendrá que emprender un debate in totto, es decir, sobre si existen resolución a recurrir y si el recurso del Gobierno es procedente desde el punto de vista formal.
Si el gobierno presenta el recurso pese al dictamen del Consejo de Estado colocará al TC en una situación muy conflictiva. Y es que si no cabe en la jurisprudencia del TC, según apunta la comisión permanente del Consejo de Estado, un recurso preventivo y el Gobierno lo presenta estaría promoviendo un fraude de ley.
Porque se estaría aprovechando del escaso, por no decir nulo, margen del TC para eludir el articulo 161.2 de la Constitución (suspensión automática de una resolución de la comunidad autónoma). El gobierno buscaría la suspensión a sabiendas de que no hay fundamento para su recurso, abusando de su poder con el riesgo de que cuando el TC entre en el fondo terminaría perdiéndolo porque, como ha afirmado el Consejo de Estado, no tenía fundamento.
La vicepresidenta se muestra en la última semana muy descolocada por los movimientos de Puigdemont. Precisamente, el viaje del pasado día lunes, día 22, de Puigdemont a Copenhagu llevó al Gobierno a enviar mensajes a la Fiscalía General del Estado para que emitiera un comunicado en el que anunciara su decisión de presentar una euroorden de detención contra Puigdemont ante el magistrado instructor de la causa de rebelión Pablo Llarena. La idea del Gobierno era la de asustar a Puigdemont con la amenaza de detención para que suspendiera su viaje. Un verdadero deseo de detenerle hubiera llevado a los fiscales a pactar, discretamente, con el magistrado Llarena ese plan de acción. Se anunció la intención de pedir la euroorden, Puigdemont viajó a Copenhague y Llarena rechazó emitirla con el argumento de que en rigor era el propio Puigdemont quien quería hacerse detener. Un guirigay.
