Cristina de Borbón, ¿se baja vivo de una cruz?

Tras la declaración de la infanta Cristina como acusada en el caso Nóos, la pregunta que se hace la gente es: ¿cuál será el desenlace de su situación?

La defensa ha orientado sus preguntas al núcleo del problema: la figura del cooperador necesario. A Cristina se la acusa como cooperadora necesaria de su marido, Iñaki Urdangarin, en dos delitos fiscales cometidos a través de una sociedad en la que ambos cónyuges son socios al 50%. Y a través de ella se han materializado los dos delitos por valor de 337.000 euros.

El cooperador necesario participa en el acto relevante del delito sin ser el autor como tal, esto es, sin ejecutarlo directamente. La conducta del cooperador necesario es tal –a diferencia del cómplice- que es vital para consumar el delito. El interrogatorio de la defensa, cuidadosamente ensayado, contiene los dos elementos esenciales para intentar que el tribunal absuelva a la infanta.

Dos vías para absolverla

El primer elemento se refiere a la sociedad Aizoon. La constitución de la misma, se pretende, ha sido una muestra de confianza depositada por Cristina en su marido. No se trataba de crear un vehículo o instrumento para defraudar. En otros términos, la infanta no sería cooperadora necesaria porque no ha aportado o contribuido con algo esencial a la perpetración del delito. El segundo elemento es que la creación de Aizoon, según esta versión, ha sido supervisada por los asesores de la Casa del Rey. Los medios interpretan que esta afirmación, en línea con Urdangarin y su exsocio Diego Torres, supone transferir las culpas a dicha institución.

Sin embargo, ese no es el objetivo. Lo que trata de explicar la defensa de la infanta se podría resumir así: ¿cómo iba a impedir que se cometiera el delito rechazando ser socia de Aizoon si los asesores de la Casa del Rey supervisaron y no pusieron obstáculos a su creación? Cuando Paul Molins le preguntó por ello, Cristina respondió que lo hizo “por confianza”. Por lo tanto, si el vehículo no se crea para perpetrar el delito y si, en consonancia, no rechaza ser parte de la sociedad porque los asesores reales lo bendicen, la defensa ataca los dos elementos de la cooperación necesaria. La defensa llega así a la ausencia de dolo.

Cristina es socia pero no administradora de Aizoon. Y Hacienda, a la luz de la jurispriudencia, actúa contra los socios, sí, pero cuando son administradores. El administrador único de Aizoon, en cambio, es Urdangarin. Pero los rastros del uso de la sociedad conyugal Aizoon como instrumento, haberlos haylos: la infanta firmó un contrato de alquiler del palacete de Pedralbes, su casa, en nombre de Aizoon, como arrendadora y arrendataria; la existencia de una tarjeta de crédito a su nombre; el pago a través de la sociedad de la compra de botas para ella, la contratación de un safari en África, la adquisición de libros de Harry Potter y otros pagos. Todos ellos, según declara la infanta, desconocidos para ella.

El tribunal tendrá que valorar las declaraciones testificales de los miembros de la Casa del Rey en la época y del asesor fiscal, el arrepentido Miguel Tejeiro, así como los informes periciales. Y ver si las pruebas son suficientes para probar la cooperación necesaria.

Como mínimo partícipe a título lucrativo

En todo caso, mal va a acabar lo que empezó mal. Porque la infanta Cristina no se librará de ser partícipe a título lucrativo, cargo que esgrimen el fiscal y Hacienda, por haber obtenido un beneficio o un aprovechamiento ilícito derivado del comportamiento penalmente punible de Urdangarin. Y, por último, la investigación judicial y el juicio oral ya han dado, con las referencias al rey Juan Carlos, claves sobre su decisión de abdicar el 2 de junio de 2014, su manera de cambiarlo todo para que todo siga igual. Es decir, salvar a la monarquía. En 1980 el escritor argentino afincado en París Julio Cortázar terminaba su cuento Queremos tanto a Glenda con una afirmación enigmática: “No se baja vivo de un cruz”.