Crónica de un mazazo descontado

MadridAunque nada concreto se ha filtrado de la sentencia del caso Palau que va a ser conocida este lunes, día 15 de enero, las paredes del Palau de Justicia, en el Paseo de Lluís Companys, no son sordas.Y aquello que se ha oído sugiere que Artur Mas tenía poderosas razones para anunciar el pasado martes, día 9 de enero, su renuncia a la presidencia del PDeCAT, una dimisión que “escindió”, o desvinculó, de la sentencia. Pero su decisión era y es inescindible del desenlace del Palau. Porque las paredes que oyen y, que algunos dirigentes del partido ya asumen como un hecho, apuntan a un mazazo.

Un mazazo que Mas ha descontado a través de dos movimientos estratégicos: con la transformación, en julio de 2016, de Convergencia Democrática de Cataluña (CDC) en PDeCAT, y el pasado martes, con el segundo movimiento, según se ha apuntado, que ha sido su renuncia anticipada.Fue, precisamente, Xavier Melero, abogado de Daniel Osàcar, ex tesorero de la Fundación Trias Fargas y de CDC, partido acusado de ser partícipe a título lucrativo en el caso Palau, quien dejó constancia del primero de esos pasos.

El 16 de junio de 2017, el último día del juicio, Melero utilizó en su informe ante el tribunal una figura de la religión, al utilizar la palabra contrición (arrepentimiento, dolor, pena ante el pecado cometido), para definir la metamorfosis de CDC en PDeCAT.

“No sé si su desaparición [CDC] tiene algo que ver con este asunto, pero si así fuera sería un caso único en la historia de la democracia española, un acto de contrición, una especial sensibilidad” ante la corrupción. No como otros partidos, añadió, que “han tirado de plasma y de olvido”.

Melero, que ha sido el abogado de Mas en la querella por desobediencia ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) por la celebración del sucedáneo de referéndum el 9-N y que le defenderá en la querella por rebelión en el Tribunal Supremo, “sabía” que el caso Palau era el factor determinante.

Precisamente, él había cerrado en nombre de Osàcar una negociación con el fiscal Emilio Sánchez Ulled para pactar una sentencia de conformidad en los meses previos al juicio del Palau. Osàcar debía admitir el delito de tráfico de influencias a cambio de no entrar en prisión.

El pacto estaba prácticamente cerrado. Pero no pudo ser. Belén Suárez, teniente fiscal de la Fiscalía Anticorrupción, vetó el acuerdo. Con todo, la historia se reabriría ya iniciado el juicio, antes de la declaración de Osàcar, el 9 de marzo de 2017. La teniente fiscal daba marcha atrás en su veto y quería resucitar el pacto verbal alcanzado entre Melero y Sánchez Ulled. Demasiado tarde. Había acusaciones populares que harían impracticable a esas alturas el acuerdo.

Julio Hernández, ese “chico joven”, como le llaman los más veteranos de la Audiencia Provincial de Barcelona, ha sido el magistrado ponente, el que elabora la propuesta de sentencia, que ha redactado, se afirma, más de quinientos folios en los 210 días que van desde el 16 de junio pasado, cuando el juicio quedó visto para sentencia, y este 15 de enero.

En la prueba practicada se ha acreditado el paso de la empresa Ferrovial a CDC de 3,7 millones de euros –cifra de la fianza que le fue impuesta en calidad de partícipe a título lucrativo- por la “cañería”, Sánchez Ulled dixit, del Palau. La adjudicación de obras a Ferrovial a cambio de las comisiones canalizadas por el Palau -3 o 4%- ha sido la que más escasa fuerza probatoria ha exhibido.

La investigación tuvo, desde mediados de los años 2000, un agujero: el gerente de CDC, Carles Torrent, falleció en 2005, fecha en que le sucedió Osàcar. Pero, más allá de si la sentencia da como probados los 6,6 millones de euros pagados por Ferrovial, con destino a CDC, o limita los pagos a los 3,7 millones de euros apuntados, el mazazo no dejará de ser una realidad.