MadridSolos ante el peligro.
Los peritos judiciales inspectores del Banco de España Víctor Sánchez y Antonio Busquets comenzaron ayer a defender, en la recta final del juicio oral de la salida a bolsa de Bankia, sus seis informes aportados al juez Fernando Andreu en casi seis años de instrucción. Lo hicieron ante el fuego graneado de diez peritos, catedráticos y profesores, contratados a partir de 2014 por Rodrigo Rato (acusado), José Ignacio Goirigolzarri, cuatro expertos en nombre de Bankia y BFA, y los también acusados Francisco Celma, socio auditor de Deloitte, y Araceli Mora, exconsejera de la entidad.
“Las cuentas de Bankia al salir a bolsa en julio de 2011 no reflejaban la imagen fiel de la entidad; había saneamientos (pérdidas) pendientes de realizar, lo que fue captado por el mercado, que al fijar un precio de 3,75 euros por acción aplicó un descuento del 74% sobre el precio de los títulos en los libros del accionista principal, BFA”, explicó el perito Víctor Sánchez a preguntas de la fiscal Carmen Launa. Lo repitió, también, ante una división de diez peritos de parte, que cuestionaron sus afirmaciones llegando, en ocasiones, a poner en duda su credibilidad profesional.
El desenlace es decisivo porque si bien la Fiscalía acusa a Rato y otros tres administradores por el delito de estafa de inversores, ayer advirtió nuevamente (como ya había hecho al comenzar el juicio) que sopesa acusarlos también de falsedad contable. Si ganan los argumentos de los peritos, esa acusación está asegurada.
Antonio Busquets explicó, asimismo, que la crisis económico-financiera y la segunda recesión, tras la salida a bolsa de Bankia, no explican los problemas que propulsaron la caída, nacionalización y reformulación de las cuentas anuales de 2011 por parte de José Ignacio Goirigolzarri, quien sustituyó a Rato el 9 de mayo 2012.
“Ninguna otra entidad española reformuló sus cuentas de 2011 por la crisis o por el hecho de que el Fondo Monetario Internacional (FMI) emitiera un informe negativo”, señaló Busquets.
Los peritos, pues, se enfrentan a actores muy poderosos: el Banco de España, que aprobó la fusión de siete cajas para crear BFA-Bankia; la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), que dio luz verde para que no fuese Caja Madrid la entidad cabecera de esa fusión; la BFA-Bankia (personas jurídicas acusadas) de Goirigolzarri; y la empresa Deloitte, que se sienta en el banquillo.
Juan Zornoza, catedrático de Derecho Tributario y Financiero, fue quien lo expresó, en nombre de Rato, de manera más cruda. Vino a decir que no había nada que discutir. “La fusión, el cargo contable de las pérdidas contra las reservas, todo, lo aprobó quien tenía la potestad para hacerlo, la comisión ejecutiva del Banco de España. ¿Estamos de acuerdo en esto?”, señaló.
Y, claro, el banquillo cuenta precisamente con ese hueco: tanto el juez instructor como el fiscal Alejandro Luzón rechazaron acusar a la cúpula del Banco de España.
Ayer, precisamente, ARA tuvo acceso a cuatro nuevos correos electrónicos aportados por el que fuera inspector de cabecera en BFA-Bankia, José Antonio Casaus. En uno de esos correos (uno del 17 de enero de 2012), el inspector da cuenta de una reunión con el socio auditor, Celma, quien le informa que al analizar la crisis de BFA, el entonces consejero delegado, Francisco Verdú, le dice que si hubiese conocido la situación no se habría producido la salida a bolsa en julio de 2011.
En otro correo Casaus deja constancia de que su equipo se opuso a aprobar el plan de Rato en abril de 2012 para sanear y recapitalizar la entidad, pero que sus argumentos fueron mutilados por sus jefes, quienes informaron favorablemente a la Comisión Ejecutiva del Banco de España, que aprobó el plan.
