Del Estado de Derecho al Estado Judicial

El creciente poder de los jueces domina la apertura de la XIII Legislatura

Ernesto Ekaizer

 Aunque los protagonistas del acto de constitución de las Cámaras han sido Oriol Junqueras, Jordi Sánchez, Josep Turull y Josep Rull, en el Congreso, y Raul Romeva, en el Senado, quién ha dominado la escena, detrás de los bastidores, es el poder judicial y, por así decir, constitucional. 

Entre, por un lado, la situación generalizada de alerta por la fórmula escogida por los diputados independentistas para jurar o prometer la Constitución, y por el otro, la exhortación permanente, antes del acto, durante y después del mismo, por parte de Albert Rivera -y de Pablo Casado antes y después- a que la Mesa del Congreso suspenda ipso factoa los cuatro diputados en aplicación del artículo 384 bis de la ley de Enjuiciamiento Criminal, se han podido advertir esos rasgos del Estado Judicial.      

Pero es que la actividad judicial y constitucional previa o en paralelo -y la posterior, claro- al acto de las Cámaras completa el cuadro de la situación. Mientras se desarrollaba el acto en el Congreso, el pleno del Tribunal Constitucional admitía a trámite el recurso de amparo del grupo socialista catalán en el Parlament contra la resolución que ha bloqueado el nombramiento de Miquel Iceta como senador autonómico, primer paso para que fuese presidente del Senado.

En un libro titulado  Die Heimliche revolution vom rechtstaat zum richterstaat ("La revolución secreta del estado de derecho al estado judicial") el jurista alemán Bernd Rüthers, profesor emérito de la Universidad de Constanza, examinaba, en 2016, la expansión del poder político de las instituciones judiciales, especialmente los jueces del Tribunal Constitucional. Los tribunales superiores, según el autor, ha ido modificado muchos principios consagrados por el estado democrático de derecho a través de interpretaciones, como quien no quiere la cosa, de la ley Fundamental.

Si este proceso ha sido una “revolución secreta” en Alemania, lo que ocurre en España podría ser calificado como una “revolución transparente”. La revolución transparente del estado de derecho al estado judicial. 

La Sala Segunda del Tribunal Supremo se erige como un arbitro de la situación política, situándose en el centro de la escena política por dejación -o encargo puntual- del gobierno de Mariano Rajoy en la fase penal del procés(querella criminal, instrucción sumarial y juicio oral) después de que el Tribunal Constitucional fuera dotado por la reforma que ese mismo gobierno impulsó en 2015, antes de las elecciones generales, de la fuerza de choque para actuar (capacidad hacer cumplir sus resoluciones) y desarrollase, en relación a Cataluña, su facultad conminatoria (aunque no así la de inhabilitar que le confiere la reforma).

Sin duda, la palanca de la “revolución transparente” que conduce al Estado Judicial en esta última fase es el enjuiciamiento del referéndum del 1 de octubre de 2017, habida cuenta de que el Parlament catalán es investigado como una pata del proceso de rebelión/sedición. Por ello se sienta en el banquillo la entonces presidenta, Carme Forcadell.

Las prisiones preventivas de parlamentarios catalanes ya supuso durante la instrucción una intervención judicial sobre la actividad parlamentaria (aplicación del artículo 384 bis e instrucción del juez Pablo Llarena al Parlament para solventarlo mediante la delegación de voto). Y esas prisiones, que se mantienen contra viento y marea,  ahora que algunos de ellos han adquirido la condición de diputados o senadores, sin “suplicatorio retrospectivo”, incrementa la intervención. 

La clase política, por otra parte, ha adquirido cierta adicción a basar su estrategia en la acción de las instituciones judiciales y de los jueces. Sin ir más lejos, la moción de censura de Pedro Sánchez de finales de mayo de 2018 se basó en la sentencia del  caso Gürtel donde se apuntaba, el 24 de mayo de 2018, la corrupción sistémica del Partido Popular. Esa adicción la expresan ahora Rivera y Casado para quienes lo más relevante es expulsar del Congreso y del Senado a los dirigentes independentistas presos elegidos el 28-A.

Se quieren poner unas medallas cuando en realidad lo que la Mesa del Parlament hará, con casi total seguridad, después de unas sesudas exhortaciones, es aplicar la suspensión con un dictamen de los letrados de las Cámaras. No obstante, las próximas elecciones europeas van a "exportar" el problema político-judicial que hasta el momento se limitaba a España.

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