Si hubiese estado en mi mano, no habría dictado prisión incondicional inmediata para los ex consejeros y el ex vicepresidente de la Generalitat. Me produce desasosiego. Sin que esto signifique exculpar la responsabilidad personal que pueda corresponderles a cada uno de ellos por las consecuencias jurídicas de las decisiones políticas que han adoptado en el inmediato pasado. La radical decisión de la juez sólo puedo entenderla desde el daño que el ex presidente Carles Puigdemont, al eludir su propia responsabilidad, ha hecho a los miembros de su gobierno que sí la han asumido. Si dejase de creer en el principio de separación de poderes y en la neutralidad política de los jueces tendría que aceptar que no vivo en un país civilizado. Y no lo creo. No pienso que estemos ante una persecución por delitos de opinión, sino ante las responsabilidades políticas que todos nosotros debemos asumir. Si no aceptamos este principio de responsabilidad personal y, en su caso, la defensa de nuestras decisiones ante los jueces, ¿cuál es la alternativa que nos queda para la organización de una vida política civilizada?
