Desmontando la 'conspiración' contra Manuel Marchena

La guerra de intoxicación contra Conde-Pumpido ataca la independencia del Tribunal Constitucional

El Tribunal Constitucional retrasó en junio pasado su resolución sobre el recurso de amparo de cinco ciudadanos condenados por el Tribunal Supremo el 17 de marzo de 2015 en relación con el llamado asedio al Parlament de Cataluña el 14 y 15 de junio de 2011 contra los recortes sociales del Govern de Artur Mas de 2011 en plena Gran Recesión y movilización del 15-M.  

Es decir: ocho años después de los hechos, y cuatro años y medio después de la condena del Supremo, que revocó una sentencia absolutoria de la Audiencia Nacional de julio de 2014, los condenados todavía no conocen el desenlace de su recurso de amparo.

La razón es que un sector del TC consideró, al tener acceso al borrador de la ponencia de Cándido Conde-Pumpido, magistrado de la sala primera del TC, que se debía avocar por su relevancia el asunto a un pleno. Y, sobre todo, que era conveniente -dadas las elevadas posibilidades de anular la sentencia del asedio- postergar la resolución hasta después de la sentencia del  procés. La razón: evitar un golpe al prestigio del magistrado ponente en la sentencia del asedio y del  procés. Es decir: Manuel Marchena, presidente de la Sala Segunda del Supremo.

La sentencia quedó, pues, aplazada. Piénsese: cinco condenados, que no ingresaron en prisión al solicitar el indulto, están pendientes, ocho años después de los hechos y cuatro después de la condena, de saber si ingresan a prisión para cumplir la condena de tres años por el delito de atentar contra las instituciones del Estado. Y no podrán saberlo porque no conviene afectar el prestigio de un magistrado, ya que, como mínimo, son razones técnicas las que conducen a tumbar la sentencia.

Pero a esta situación se ha unido una campaña de guerra sucia contra la independencia del TC, campaña iniciada desde dentro, de la institución, cara a la futura renovación del órgano, y apoyada desde fuera para evitar el jarrón de agua fría al ponente del Supremo. El “gancho” que la mayor parte de los medios han comprado es que Conde-Pumpido quiere cuestionar la sentencia del  procésporque uno de los puntos de debate en la sentencia del Parlament -entre el Supremo y la Audiencia Nacional- sería el derecho de manifestación.  Y, por ello, que el magistrado estaría “conspirando” y “maniobrando” en esa dirección.

Los recursos de amparo presentados por los cinco condenados fueron admitidos a trámite en su día por el magistrado Pedro García Trevijano y por Encarnación Roca, vicepresidenta del TC, por considerar que tenían trascendencia constitucional. García Trevijano forma parte del sector conservador y la vicepresidenta tampoco puede ser incluida en el sector progresista.

El presidente del TC, Juan José González Rivas, asignó a su sala, la primera, la ponencia, en la persona de Conde-Pumpido, del sector progresista. 

La Fiscalía del Tribunal Constitucional, a cargo de María Ángeles Sánchez Conde, apoyó hacia el mes de mayo-junio de 2017 el recurso de amparo, es decir, apoyó el informe de un miembro de su Fiscalía que pedía revocar la sentencia del Supremo. Fuentes judiciales aseguran, según hemos dejado constancia, que  Sánchez Conde examinó antes la posición con el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, y obtuvo su respaldo, habida cuenta de que se trataba de un recurso que afectaba a la Sala Segunda del Supremo, de donde procedía Maza, y también a su presidente, Marchena.

La pretendida “conspiración”, mira por dónde, también debía trascender las fronteras de España. Porque tres meses después de la sentencia del asedio de marzo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) condenaba, el 13 de junio de 2017, a España por haber condenado al entonces presidente del Parlamento vasco sin un juicio justo.

La sentencia del  caso Atutxa, de primeros de 2008, precedía el  caso asedio, pero ambos tenían en común dos aspectos: el ponente era Marchena y el método había sido el mismo. En ambos casos se corregía a un tribunal inferior (Tribunal Superior de Justicia del País Vasco y Audiencia Nacional, respectivamente) que había absuelto a los acusados, se incorporaban hechos subjetivos ajenos a la sentencia de origen, y no se había oído a los acusados antes de pasar de una sentencia absolutoria a condenatoria. 

Para completar la 'conspiración', además, señalan fuentes judiciales, se necesitaría incluir al magistrado conservador del TC Santiago Martínez-Vares. 

¿Por qué? Porque fue el ponente, en diciembre de 2017, en un recurso de amparo contra una sentencia del Supremo de septiembre de 2015 -ponencia del magistrado Antonio del Moral- contra la condena de cinco personas absueltas previamente por la Audiencia Provincial de Vizcaya sobre consumo de hachís. Aquí también se incorporó hechos subjetivos en la nueva sentencia sin oir a los acusados. Martínez-Vares, precisamente, se apoyó ampliamente en la sentencia del TEDH que condenó a España por el  caso Atutxa.Fue el pleno del TC el que por unanimidad -con la abstención de Conde-Pumpido por haber puesto un voto particular contra la sentencia condenatoria del Supremo en cuando todavía formaba parte, en septiembre de 2015, de la Sala Segunda del Supremo- tumbó la sentencia del hachís. 

La sentencia del asedio del Supremo de marzo de 2015 será tumbada por la razón técnica de no haber oído a los acusados y r innovar con los hechos subjetivos. Pero hay un segundo motivo que es el derecho de manifestación, el factor que llevó a la Audiencia Nacional a sentenciar la absolución (con el voto particular del entonces magistrado Fernando Grande-Marlaska, integrante del tribunal). Y ello será debatido en los próximos meses por el pleno del TC. La campaña contra Conde-Pumpido intenta, pues, condicionar la independencia de todo el TC para debatir dicho punto.  

Es sugerente que en el recurso de casación ante el Supremo, resuelto, según se ha apuntado, en 2015, pese a haber hecho entonces el  viaje al soberanismo, el Govern de Artur Mas (él y Nuria de Gispert fueron transportados en helicóptero al Parlament el 15 de junio de 2011) se personó y pidió la condena de los manifestantes, conducta que también mantuvo el Parlament. En el recurso de amparo pendiente en el TC, de 2017, ni uno ni otro se personaron.

Precisamente, el hecho de que ni el Govern ni el Parlament se personasen en el recurso de amparo, junto al hecho de que la Fiscalía apoya el amparo, ha creado una situación en la que ninguna de las partes -condenados y Fiscalía- se opone a la concesión del amparo (revocar la sentencia del Supremo).  Y es por ello que se ha lanzado desde fuera del proceso una campaña de presión e intoxicación para que el TC deniegue el amparo.  

Más contenidos de