Después de intentarlo con los fiscales, ahora le toca al juez

El Consejo General del Poder Judicial investiga si Velasco solicitó al expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González el encargo de trabajos para su mujer

Después de intentar cambiar sin éxito a los fiscales de la Operación Lezo, ahora le ha llegado el turno al juez Eloy Velasco, instructor de la causa. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha decidido admitir una denuncia contra el juez y abrir un expediente para investigar si Velasco solicitó al ex presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, el encargo de trabajos de la Consejería de Asuntos Sociales para su mujer, la abogada Beatriz Saura. El denunciante es el abogado José Luis Mazón, de la organización Contrapoder.

El 18 de abril pasado, un día antes de la detención del expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, el fiscal jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Manuel Moix, firmó un decreto por el cual sustituía en sus funciones en la operación Lezo a los dos fiscales encargados del caso, Carlos Yañez y Carmen García por otros fiscales. Moix mintió al negar públicamente que tuviera el propósito de cambiar a los fiscales y apuntar que, en realidad, uno de ellos, Yañez, había expresado su deseo de regresar a Granada. Según reveló ayer la Cadena Ser, el decreto de 18 de abril firmado por Moix da cuenta de la sustitución.

Dicha resolución fue adoptada por Moix después de que ambos fiscales invocaran el artículo 27 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal y solicitaran la convocatoria de la junta de fiscales para debatir la situación. La junta supuso un revés para Moix, quien se oponía a la detención de González y a efectuar un registro en las oficinas de una de las empresas, Inassa.

González fue detenido al día siguiente, 19 de abril. Dos días después, el 21 de abril, el presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, Manuel Marchena, llamó por teléfono al juez Velasco, según informó el digital OK diario, para comentar el hecho de que una de las conversaciones grabadas, Ignacio González apuntaba que el juez estaba contaminado porque su esposa había hecho trabajos para la Comunidad de Madrid.

Según Marchena, que no ha desmentido la información, se trataba de advertir a Velasco que la prensa ya tenía noticia de esa conversación y que ello podría ocasionarle problemas. Otras fuentes consultadas han señalado a ARA que Velasco interpretó la llamada como una velada insinuación quizá para que se apartase del caso. Sin embargo, el juez Velasco no ha presentado denuncia.

¿Fue simplemente una advertencia de un compañero a otro? Se da la circunstancia de que Velasco ha optado a una plaza en la Sala Segunda del Supremo que preside Marchena. Y que si bien ha solicitado plaza en la Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional, de fallarle esta posibilidad podría volver a optar en el Supremo donde saldrán a concurso tres plazas. Lo cierto es que la referencia de Ignacio González al juez y a la contratación de su esposa, grabación que está incorporada al sumario secreto, ha dado pie a una denuncia del mencionado letrado, Mazón, ante el Promotor de la Acción Disciplinaria del CGPJ, que abrió diligencias informativas el 4 de mayo.

Manuel Marchena es quien ha influido en el ministro de Justicia, Rafael Catalá, y la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, para dejar sin efecto el nombramiento de Consuelo Madrigal como fiscal general del Estado y ha propuesto nombrar a su colega de la Sala Segunda, José Manuel Maza, como fiscal general del Estado y a Manuel Moix fiscal jefe de la Fiscalía Anticorrupción. El nuevo mapa de poder es obra suya.

Precisamente, el nombre de Marchena ha aparecido en las conversaciones grabadas. La llamada del viernes 21 de abril de Marchena al juez Velasco es considerada por fuentes jurídicas consultadas como completamente inusitada por ser una injerencia de un tribunal, el Supremo, en otro, la Audiencia Nacional.

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