Dos vocales del CGPJ justifican los ataques del presidente del TSJCL al Gobierno

El voto particular de los llamados "Juanes" explica las reticencias al estado de alarma

Los vocales de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) Juan Manuel Fernández y Juan Martínez Moya justifican al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL), José Luis Concepción, por sus ataques al estado de alarma y sus sugerencias sobre manipulación de estadísticas mortales en medios de comunicación. 

El voto particular suscrito por ambos contra la reprimenda cursada a Concepción el pasado viernes, día 15 de mayo, las declaraciones de Concepción estaban plenamente justificadas y comparten la preocupación por el estado de alarma que ya han expresado otras personalidades, entre los que cita al exmagistrado del Tribunal Constitucional Manuel Aragón.

El voto particular, al que ha tenido acceso ARA, hace referencia a un acuerdo de la sesión extraordinaria de la Comisión Permanente del CGPJ -que no ha sido publicado todavía-por el cual la mayoría decidió dar traslado por carta un llamamiento a la moderación y prudencia y mesura, y especialmente a la responsabilidad institucional a raíz de sus declaraciones públicas.

El voto particular recuerda que Concepción ha puesto de manifiesto que “podría haber una discordancia entre el número oficial de fallecidos por el Covid-19 y la cifra real”. Y señalan: “Cabe añadir que este seguimiento se está haciendo en otros Tribunales Superiores de Justicia”.

Esta afirmación está referida a una petición anunciada al TSJCyL el pasado 11 de abril y presentada por escrito el 13, y a otros tribunales superiores, por el partido Vox para que se solicitase a los juzgados del Registro Civil de los partidos judiciales de la Comunidad datos sobre fallecimientos certificados durante los meses de marzo y abril de 2020 relacionados con el Covid-19, así como los de 2018 y 2019.

Mientras el presidente del TSJCyL hizo una solicitud en ese sentido, otros, como el de Asturias, cuyo presidente es José María Chamorro, remitió la solicitud de Vox al Ministerio de Justicia “por falta de competencia material” ya que los registros civiles “dependen del Ministerio de Justicia".

El pasado 6 de abril, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha, Vicente Rouco, ordenó a los registros de su territorio que “en lo sucesivo, se vele porque se haga una identificación lo más precisa posible sobre la causa inicial o fundamental de la muerte en todos aquellos casos que aparezcan procesos patológicos o causas patológicas  que puedan considerarse compatibles o sospechosos con el Covid-19”. 

Fuentes judiciales señalan que el presidente del CGPJ, Carlos Lesmes aclaró a los presidentes de los tribunales superiores de justicia que carecían de competencia para este tipo de iniciativas.

El voto particular señala: “Está fuera de toda duda la conveniencia de las manifestaciones efectuadas sobre el número de defunciones en las últimas semanas en el territorio de cuyo Tribunal Superior de Justicia es presidente y su portavoz natural…Ningún reproche cabe hacer por tales manifestaciones, antes al contrario demuestran el grado notable de compromiso con las funciones propias de una alta dignidad judicial”.

Fuentes judiciales apuntan que la causa concreta de la muerte no se inscribe -más allá de que tenga origen violento- en el registro civil y la competencia de los tribunales superiores de justicia sería de inspección, a saber, que se cumple la norma, pero no sobre la causa de la muerte, que sí se incluye en el certificado de defunción.

El otro punto que justifican los firmantes del voto particular tiene clara relevancia política. El artículo 395 de la ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) que precisamente cita Lesmes en su reprimenda “cordial” a Concepción -frente a la propuesta de incoación de una sanción de los tres vocales llamados progresistas, que también han suscrito un voto particular- prohíbe a los jueces y magistrados realizar “felicitaciones o censuras” a las autoridades.

Los dos vocales citan una frase de Concepción sobre el estado de alarma.

“Yo creo -dijo- que [el Gobierno] está utilizando esta paralización del país para fines distintos de salvar la población de la crisis de la enfermedad del coronavirus”.

Los vocales señalan que “son muchas las autoridades académicas, y también judiciales, que han expresado su parecer sobre si el marco normativo elegido, el estado de alarma, ampara la situación de excepcionalidad que estamos viviendo, inédita, dicho sea de paso, para miles de millones de personas en el mundo”.

Los vocales citan al exmagistrado del TC Manuel Aragón sobre la “exorbitante utilización del estado de alarma”

El voto particular estima que las manifestaciones “están enlazadas con un debate del máximo interés y no desbordan los límites del derecho a la libertad de expresión de los jueces”. Señalan que “guardan también un perfecto enlace con la actividad judicial y, más en particular, con la de un territorio de España, de cuyo Tribunal Superior de Justicia es presidente el señor Concepción”.

En efecto, en el ámbito judicial ya se ha producido manifestaciones coincidentes. Una de ellas de fuerte impacto ha sido la de la fiscal de sala del Tribunal Supremo, Consuelo Madrigal.

“El voto particular es muy indicativo de cual es la posición actual de la facción conservadora del poder judicial, claramente mayoritaria. Parlamentariamente no se puede tumbar al Gobierno, por lo que la estrategia de la derecha y ultraderecha consiste en utilizar el frente judicial como ya ha hecho en el pasado”, señaló una fuente judicial a ARA. 

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