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Eliminar toda injerencia de la justicia extranjera, verdadera razón para retirar la euroorden

Más allá de la previsible derrota jurídica

La verdadera razón del magistrado Pablo Llarena para retirar la orden de europea de detención y entrega (OEDE) de Carles Puigdemont, Clara Ponsatí, Toni Comín, Meritxell Serret y Luis Puig ha sido de carácter eminentemente político. Y ha quedado en evidencia momentos después de dictar el auto de renuncia de la justicia española ante la justicia belga.

En efecto, tras firmar su decisión de retirar la OEDE ante Bélgica, acto seguido el magistrado Llarena firmó una providencia, a través de la cual, como quien no quiere la cosa, se ha anulado la orden de detención internacional contra los cinco citados.

Por tanto, no solo se ha buscado prevenir un previsible resultado adverso del fallo del juez de instrucción de Bruselas – un rechazo de la extradición por los principales delitos de sedición y rebelión- habida cuenta de que al anular la orden internacional de detención se asume que no se abrirá con ningún otro país un nuevo procedimiento extradicional, sencillamente porque ni Puigdemont ni los cuatro exconsejeros serán detenidos, en principio, incluso en el caso de que abandonen territorio belga.

En lo inmediato, la renuncia española toma nota de que la estrategia de la defensa de Puigdemont de elegir el idioma neerlandés para el procedimiento judicial, que se tradujo en darle protagonismo a la justicia flamenca, amenaza con un fallo favorable para las posiciones independentistas.

Pero Llarena ha ido mucho más allá de la justicia flamenca y belga. 

El magistrado viene a corregir de manera drástica el curso abierto por la Fiscalía de la Audiencia Nacional y la magistrada Carmen Lamela el pasado 3 de noviembre, tras enviar a prisión a los ocho exconsejeros independentistas.

Ese día, la magistrada, decretó la prisión incondicional también para Puigdemont y los cuatro exconsejeros que permanecieron en Bélgica, pero añadió otras dos medidas: la euroorden dirigida a las autoridades belgas y la orden internacional de detención.

Fuentes judiciales consultadas por ARA señalan que técnicamente los fiscales y la magistrada se precipitaron ya que contaban en ese momento con escaso material indiciario para sostener la acusación.

“Aquí no estás reclamando a un terrorista islamista, al presunto autor de un asesinato o al que ha cometido una estafa, temas que se resuelven aceleradamente con la euroorden”, señaló la fuente.

Llarena ha comprobado cómo el procedimiento de extradición había adquirido en Bélgica un papel cada vez más preponderante, y, sobre todo, podía convertirse en un factor de censura y crítica de las actuaciones de la justicia española.

Ahora, tras la decisión adoptada, el Tribunal Supremo tiene el monopolio exclusivo del procedimiento, libre de la injerencia de la justicia de otros países. 

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