Fianza… ante ausencia de riesgos de fuga, destrucción de prueba o reiteración del delito

MadridEl magistrado Pablo Llarena citó el 22 de diciembre pasado, por su cuenta, a seis nuevos imputados, entre ellos Marta Rovira y Marta Pascal, para este lunes 19 de febrero.

Casi sesenta días después, el instructor de la causa por rebelión impuso ayer una fianza de 60.000 euros al decretar la libertad provisional de Rovira, fianza que dejó a discreción del magistrado la fiscal Consuelo Madrigal, quien, mira por dónde, ni solicitó esas declaraciones ni advirtió, durante estos dos meses, la existencia de riesgo de fuga, destrucción de pruebas y reiteración delictiva.

En rigor, por no haber el magistrado Llarena confirmó, al dictar la medida, que no había riesgo de fuga ya que Rovira había tenido tiempo suficiente para eludir la acción de la justicia y que no lo había hecho. Tampoco vio riesgos de reiteración delictiva ni peligro de destrucción de pruebas.

Según Llarena, la fianza de 60.000 euros se correspondía con la posición que ocuparía Rovira en el organigrama de la rebelión. Llarena le recordó los pinchazos telefónicos que constan en el atestado ampliatorio de policía judicial de fecha 31 de enero de 2018, en el que Jové y el consejero Toni Comín hablan de la organización del referéndum y se hace referencia a Oriol Junqueras y a Marta Rovira. También evocó una conversación entre Jové y Rovira, donde se mencionan los locales para los centros de votación en el Ayuntamiento de Barcelona las alternativas disponibles. El magistrado citó otras dos llamadas en relación a los locales.

No ha llegado, explicó Llarena, a tener un papel equivalente a la de los miembros del gobierno cesado en libertad provisional (fianzas de 100.000 euros), ni similar a la de la expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, (150.000) y es más importante que los cuatro miembros de la Mesa imputados (25.000).

Es curioso: con los 60.000 Rovira se queda algo por encima de los 50.000 euros impuestos para dejar en libertad al ex consejero Santi Vila, quien renunció la noche anterior a la declaración de la independencia, el pasado 27 de octubre.

Llarena al resumir las tres razones, inexistentes, para denegar la prisión incondicional, como solicitaba la acusación popular del partido ultraderechista Vox, hizo una alusión al riesgo de fuga, muy velada, tenue, a Anna Gabriel, sin nombrarla, lo que originó miradas de complicidad entre algunos letrados.

Según Llarena, "algunas personas parecen querer sustraerse a la jurisdicción". Y lo dejó ahí.

Gabriel anunciará en Ginebra este martes su decisión (previsible) de no reconocer a la justicia española en la persona de Llarena y, por tanto, declararse rebelde ante la declaración para la que ha sido citada mañana miércoles, día 21 de febrero, tras lograr un primer aplazamiento.

Ayer, durante las declaraciones de Marta Pascal y Marta Rovira, no estuvo presente la letrada que representa a la defensa de Mireia Boya. Los abogados de las defensas han intentado conocer las intenciones de Gabriel, pero no han logrado confirmación alguna de lo que piensa hacer. Aunque se asume que la diputada de la CUP ha preparado el escenario para no se presentarse.

Fuentes judiciales consultadas por ARA hace semanas aseguraron que la Fiscalía -que tampoco ha solicitado la declaración de Gabriel- no pensaba pedir medidas cautelares ni para Mireia Boya ni para Gabriel. En este último caso, la diputada de CUP ni siquiera ha estado presente en las reuniones preparatorias convocadas por Carles Puigdemont para la organización del referéndum del 1-O.

Casi sesenta días después de pedir la Fiscalía a Llarena -el 22 de diciembre pasado- la declaración del mayor Josep Lluís Trapero y de Josep María Jové-, el magistrado instructor sigue sin acordar la iniciativa. Llarena prefiere que sea la magistrada de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, quien siga instruyendo esa parte de la rebelión.

Ayer, precisamente, Lamela ha citado a Trapero a declarar en calidad de imputado el próximo viernes, día 23 de enero, por los hechos del 1 de octubre. Trapero había declarado en octubre pasado solo por los hechos de la manifestación frente a la consejería de Economía, el 20 y 21 de septiembre.

Ahora, la magistrada ha ampliado los hechos al 1-O, según ya había anunciado la Fiscalía de la Audiencia Nacional.

En su auto, la magistrada señala que Trapero simuló un sistema para permitir la realización del referéndum. “Los hechos pudiera ser constitutivos, en relación con Josep Lluis Trapero de dos delitos de sedición contemplados en el art. 544 del Código Penal, por los hechos acaecidos durante los días 20 y 21 de septiembre de 2017 y 1 de octubre de 2017, sin perjuicio de ulteriores calificaciones y en particular de la calificación de los hechos como constitutivos de un delito de organización criminal del art. 57 bis del Código Penal”.