Anticorrupción solicitará ingreso en prisión de Bárcenas y otros condenados
Acreditada la Caja B del PP con ingresos de la organización Correa-PP para defraudar en las CCAA
MadridLa Fiscalía Anticorrupción, nada más recibir ayer por la mañana la sentencia de 1.687 folios del caso Gürtel 1999-2005, empezó a elaborar la lista de condenados por los que solicitará el ingreso inmediato en prisión. La llamada vistilla (audiencia) no podrá celebrarse antes del martes, ya que la Audiencia Nacional ha citado para este viernes y el próximo lunes, de 10 a 14 horas, a los 37 enjuiciados (29 condenados y 8 absueltos). Luis Bárcenas, con una pena de 33 años de prisión, Guillermo Ortega, 38 años, Alberto López Viejo, están en la lista que contempla la Fiscalía, mientras que se baraja la situación de Rosalía Iglesias, esposa de Bárcenas, con 15 años, de Isabel López Jordán. Correa ha recibido una condena de 51 años de cárcel.
La fiscal Concha Sabadell, que, junto con su compañera Miriam Segura, empezó la investigación en el verano de 2008, ha logrado que la sentencia recoja sus principales conclusiones definitivas: 1) la trama de Francisco Correa era un sistema creado con el Partido Popular para impulsar la defraudación en las Administraciones Públicas; 2) la Caja B del Partido Popular se benefició de la entrada de fondos que contabilizaba Luis Bárcenas entre 1989 y 2008 y 3) la declaración de altos cargos del PP que figuran entre los beneficiarios de los sobresueldos y que declararon en el juicio oral carecen de credibilidad ya que el reconocimiento de los hechos aun cuando no revestirían delitos fiscales supondría un reproche de la sociedad.
La trama, según declaró Mariano Rajoy en marzo de 2009, “no es una trama del PP sino una trama contra el PP”, pero la sentencia refleja otra realidad, diametralmente distinta, al caracterizarla -páginas 155 a 157- como “un auténtico y eficaz sistema de corrupción institucional a través de mecanismos de manipulación de la contratación pública central, autonómica y local a través de su estrecha y continua relación con influyentes militantes de dicho partido, aquí enjuiciados, que tenían posibilidades de influir en los procedimientos de toma de decisión en la contratación pública de determinados entes y organismos públicos que dirigían o controlaban directamente o a través de terceras personas (comunidades autónomas y municipios gobernados por el PP)”.
Este sistema “permitió que, bien las empresas de Correa u otras empresas terceras elegidas por él, con el acuerdo y colaboración de aquellos cargos públicos, gozaran de un arbitrario trato de favor y tuvieran un dominio de hecho sobre la contratación pública llevada a cabo por las entidades públicas parasitadas, todo lo que complementariamente se encubría con fórmulas de derecho de aparente legalidad, pero que eludían en lo esencial la normatividad vigente sobre contratación pública”.
La sentencia también define la existencia de la Caja B del PP. Lo hace al referirse a los donativos de empresas y a los sobresueldos en negro percibidos por la cúpula del PP (aunque no los menciona en esa caja B que llevaba Bárcenas donde figuraba Mariano Rajoy con pagos totales por valor de 322.000 euros).
“También otras cantidades sirvieron ara directamente pagar gastos electorales o similares del Partido Popular, o fueron a parar como donaciones finalistas a la llamada “Caja B” del partido, consistente en una estructura financiera y contable paralela a la oficial, existente al menos desde el año 1989, cuyas partidas se anotaban informalmente, en ocasiones en simples hojas manuscritas como las correspondientes al acusado Luis Bárcenas, en las que se hacían constar ingresos y gastos del partido o en otros casos cantidades entregadas a personas miembros relevantes del partido, si bien estos últimos aspectos que se describen lo son únicamente para precisar el contexto en el que se imbrican los hechos objeto de este enjuiciamiento, pero quedando fuera de su ámbito de conocimiento”.
La sentencia, recogiendo la conclusión de la fiscal Sabadell señála a testigos que "han negado" la existencia de esa financiación paralela (sin citar al presidente del Gobierno y del PP, Rajoy, que declaró como testigo el 26 de julio de 2017, o el exsecretario general del partido, exministro y ex vicepresidente Javier Arenas, o el ex ministro de Fomento y ex vicepresidente Francisco Álvarez-Cascos.
Estos testigos “afirman la falta de credibilidad de dichos papeles [de Bárcenas] y niegan la existencia de una Caja B en el partido”. "Sin embargo", puntualiza, "el Ministerio Fiscal rebate la veracidad de dichos testimonios al indicar -argumentación que comparte el tribunal- que debemos tomar en consideración, a la hora de valorar estas testificales, lo que significaría reconocer haber recibido estas cantidades en cuanto que supondría reconocer la percepción de pagos opacos para la Hacienda Pública que, si bien entiende que no son delictivos, pudieran ser considerados por los testigos como merecedores de un reproche social, como también que en caso de reconocer estas percepciones vendrían a admitir la existencia de una Caja B en el seno de una formación política a la que pertenecen o han pertenecido".
Por ello, señala la sentencia, “se pone en cuestión la credibilidad de estos testigos, cuyo testimonio no aparece como suficiente verosímil para rebatir la contundente prueba existente sobre la Caja B del partido”. La sentencia recoge las palabras de la fiscal Sabadell en referencia a Rajoy y a los testimonios que negaron la financiación paralela del partido: “No son suficientemente creíbles estos testigos para rebatir dicha contundente prueba”.
