La fiscalía de la Audiencia Nacional se 'acomoda' al Supremo y acusará a Trapero por rebelión

PeriodistaLa Fiscalía de la Audiencia Nacional acusará al exresponsable de los Mossos d’ Esquadra, mayor Josep Lluís Trapero, y los otros tres acusados en la causa del 20 y 21 de septiembre de 2017 y los hechos del 1 de octubre, la intendente Teresa Laplana y los ex jefes políticos de la policía autonómica, Pere Soler y César Puig, del delito de rebelión (penado con hasta 30 años) en lugar de sedición (con hasta 15 años de prisión). Se trata, según señalaron fuentes judiciales a ARA de unificar su calificación con la de sus pares del Tribunal Supremo, quienes acusarán por el delito de rebelión a los presos independentistas que se sentarán en el banquillo.

Esas fuentes señalaron, asimismo, que la Fiscalía de la Audiencia Nacional podría presentar su escrito de acusación el próximo viernes, día 2 de noviembre, el día que está previsto para la elevación del escrito de la Fiscalía del Supremo.

Precisamente, el pasado lunes, día 29 de octubre, la sección primera de lo Penal de la Audiencia Nacional, notificó a las partes una providencia de fecha 25 de octubre según la cual, vista la petición de más plazo por parte del ministerio fiscal, “se amplían los cinco días ya concedidos en quince más, haciendo un total de veinte días desde que se produjo la notificación del auto de apertura de juicio oral”.

Esta ampliación, por tanto, permitiría hasta el final de esta semana presentar el escrito de conclusiones a la Fiscalía de la Audiencia Nacional.

“Es evidente lo que ha pasado: la Fiscalía del Tribunal Supremo y la Fiscalía de la Audiencia Nacional presentarán el mismo día el escrito de conclusiones provisionales. Y ambas irán por el delito de rebelión. Sería difícil de entender que el Supremo acuse por rebelión y la Audiencia Nacional por sedición cuando el relato de los hechos es el mismo”, dijo la fuente.

Lo cierto es que la magistrada instructora, Carmen Lamela, acusa por el delito de sedición a Trapero, Laplana, Soler y Puig. Aunque en algún escrito la Fiscalía de la Audiencia Nacional menciona el delito de rebelión, tanto la denuncia inicial, basada en un atestado de la Guardia Civil, como la mayor parte de los escritos presentados durante la instrucción de la causa se basan en el delito de sedición.

Todos ellos fueron procesados en un auto dictado el pasado mes de abril por la magistrada Lamela, actualmente magistrada de la Sala Segundal del Tribunal Supremo, quien ordenó sentar en el banquillo a Trapero por dos delitos de sedición y uno de organización criminal presuntamente cometidos durante los sucesos del 20 y el 21 de septiembre frente a la Consejería de Economía en Barcelona y en la jornada de referéndum independentista del 1 de octubre de 2017.

Soler y Puig, por su parte, han sido procesados por organización criminal y un único delito de sedición que habría tenido lugar por el referéndum ilegal del 1 de octubre, mientras Teresa Laplana lo ha sido por un delito de sedición en relación con los incidentes del 20 y 21 de septiembre.

La Fiscalía del Supremo acusará a los 18 procesados por delito de rebelión agravada, que incluye el delito de malversación. La Fiscalía de la Audiencia Nacional, en cambio, lo haría por rebelión ya que no incluiría la malversación.

Mientras, la expectativa se cierne sobre el escrito de conclusiones provisionales de la abogada general del Estado, Consuelo Castro. El secreto con que se lleva el asunto en la Abogacía del Estado y en el Ministerio de Justicia es total.

“La Abogacía del Estado no se limitará a acusar por malversación y contempla acusar también por sedición o conspiración para la rebelión. Si bien la Abogacía del Estado se persona como acusación particular en procedimientos sobre delitos fiscales, en este caso tiene que explicar el por qué de la malversación, habida cuenta de que no se trata de apropiarse del dinero para fines privados. La malversación consistiría, precisamente, en desviar dinero destinados a la Generalitar desde el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) hacia la financiación del referéndum del 1 de octubre”, señala una fuente gubernamental. “Eso habrá que probarlo porque en la instrucción no hay indicios sobre ese desvío”, replicó a su vez la defensa de uno de los procesados.