La Fiscalía amenaza con acusar por falsedad contable a los cuatro administradores y a Bankia, BFA y Deloitte

La doctrina Botín, salvavidas de las defensas, no será admitida por el tribunal

La fiscal Carmen Launa -con el fiscal jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Alejandro Luzón, a su lado- anunció este lunes 26 de noviembre, en la apertura del juicio oral del caso salida a Bolsa de Bankia, que contempla acusar por un nuevo delito – el de falsedad contable, aparte de estafa de inversores- a los cuatro administradores contemplados en su escrito provisional -Rodrigo Rato, José Luis Olivas, Vicente Verdú y José Manuel Fernández Norniella- a partir de una nueva jurisprudencia del Tribunal Supremo. 

La Fiscalía ha avanzado que la reformulación de las cuentas de Bankia correspondientes a 2011, realizada a finales de mayo de 2012, bajo la gestión de José Ignacio Goirigolzarri, podría ser delictiva. 

Ello llevaría a la fiscal a acusar a BFA, Bankia, y a Deloitte, personas jurídicas que ya figuran en el auto de apertura de juicio oral del juez Fernando Andreu, a raíz de llegar al banquillo por iniciativa exclusiva de la acusación popular de la Confederación Intersindical de Crédito (CIC), que representa el abogado Andrés Herzog.

Treinta y un administradores de los consejos de Bankia y BFA, encabezados por Rodrigo Raτο, figuran en el auto de apertura de juicio oral, a los que se suman el socio auditor de la firma Deloitte, Francisco Celma, y Deloitte, BFA y Bankia en calidad de personas jurídicas. En total 35 acusados.

El anuncio de la fiscal Launa, basado en el hecho de que tras el escrito de conclusiones del fiscal Luzón -más tarde ascendido a fiscal jefe de la Fiscalía Anticorrupción- ya es doctrina jurisprudencial consolidada del Tribunal Supremo la posible comisión de una falsedad contable por la simple reformulación de cuentas ha supuesto un jarrón de agua fría para las defensas de los acusados y para la dirección actual de Bankia. 

La entidad que preside Goirigolzarri se ha jactado públicamente de que el juicio oral que ha comenzado este lunes 26 carecía de contenido y estaría destinado a la absolución de los acusados.

La reformulación de las cuentas se llevó a cabo el 25 de mayo de 2012, dieciséis días después del nombramiento de Goirigolzarri, el 9 de mayo,  por el consejo de administración de Bankia a propuesta de Rato.

Los peritos judiciales Victor Sánchez y Antonio Busquets -inspectores del Banco de España- ya señalaron en sus seis informes -tres por cada uno de ellos- que la reformulación era ilegal. 

También algunos administradores, como Araceli Mora, catedrática de Economía Financiera y Contabilidad en la Universidad de Valencia, que formaba parte del comité de auditoría en la época de Rato y nombrada presidenta de la comisión delegada de riesgos por Goirigolzarri, se negaron a firmar esa reformulación, que ni siquiera figuraba en el orden del día de la reunión del comité de auditoría de Bankia del 25 de mayo de 2012.

El argumento de la dirección de Goirigolzarri para justificar los ajustes que daban lugar a esa reformulación es que se habían producido cambios en la coyuntura económica y normativa.

Pero esos cambios en ningún caso podían afectar a las cuentas anuales de 2011, según la ley, y sí a las cuentas de 2012.

“Cualquier cambio de estimaciones por circunstancias sobrevenidas después del cierre del ejercicio tienen un impacto prospectivo, lo dice claramente la norma (Normas Internacionales de Contabilidad 11 y circular del Banco de España). No hay vuelta de hoja”, declaró la catedrática Mora ante el juez Andreu. La primera formulación de cuentas de 2011 se había hecho el 28 de marzo de 2012.

Los peritos judiciales han considerado que esos ajustes contenidos en reformulación no respondían a las razones invocadas por el equipo de Goirigolzarri. 

Los ajustes que se presentaron, según los peritos, con el disfraz de “cambios en la coyuntura económica y normativa” o, incluso, invocando un informe del Fondo Monetario Internacional (FMI), ocultaban la realidad: ajustes y saneamientos que se deberían haber acometido antes de la salida a Bolsa.  Tampoco el Banco de España conocía esta propuesta de reformulación. 

Según los peritos judiciales “los administradores y los directivos del Grupo BFA-Bankia sabían que habían deterioros no registrados y por ello procedía la reformulación porque en la primera formulación [28 de marzo de 2012] se había producido un error”.

Una acusación por falsedad contable, pues, llevaría a la Fiscalía a dirigir la acción contra BFA, Bankia y la firma Deloitte, que aprobó la reformulación.

La Fiscalía, asimismo, ha hecho naufragar casi definitivamente la doctrina Botín, invocada por las defensas, según la cual si el Ministerio Público no acusa, la acusación popular carece de legitimidad para hacerlo, máxime cuando, sostenían, los inversores del tramo minoritario en este caso ya han recuperado los casi 1.800 millones invertidos en la salida a Bolsa.

“No es que las defensas tuvieran posibilidad alguna de que se expulse a la acusación popular porque ya con ocasión del caso Nóos el tribunal de Palma de Mallorca desestimó aplicar la doctrina Botín para evitar el banquillo a la infanta Cristina. Es que no hay jurisprudencia consolidada como tal, ya que después de Botín vino la doctrina del caso Atutxa” dijo una fuente judicial a ARA.

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