La fiscalía pedirá una orden de detención internacional para Puigdemont y 'los consellers' que siguen en Bruselas

La huída a Bélgica comportará que también pida cárcel para el resto de consejeros

El fiscal general del Estado, José Manuel Maza, pedirá hoy cuna orden de detención internacional para Carles Puigdemont y los consejeros cesados que siguen en Bruselas, así como cárcel provisional para los políticos investigados por rebelión y sedición.  

Ya que Puigdemont y los cuatro consejeros que siguen en Bruselas -Serret, Comín, Ponsatí y Puig- han sido declarados en rebeldía por no haber ido a declarar, la fiscalía pedirá l'OEDE (Orden Europea de Detención y Entrega) ala juez. Puigdemont y su abogado la van a recurrir. La petición llegará a un juez instructor de Bruserlas, que podría tardar 60 días en resolverla. 

El antecedente de un magistrado del Supremo que ordena prisión para aforados es de 1997 cuando se pidió orden detención de la  Mesa de Herri Batasuna huída a Bélgica. Había aforados y el magistrado que dictó la orden fue Jose Manuel Martinez-Pereda. 

Maza refuerza su decisión de pedir prisión esta mañana para los seis aforados de la Mesa del Parlament y 13 miembros del Govern de la Generalitat  con la decisión del president cesado Carles Puigdemont y cuatro consellers de permanecer en Bruselas ante la citación para hoy y mañana de la magistrada de la Audiencia Nacional Carmen Lamela.  El riesgo de fuga, pues, se ha convertido en el argumento central para Maza, según fuentes judiciales consultadas por ARA.

La solicitud de prisión estaba entre las medidas que Maza ya había anunciado en  público y en privado durante  semanas. Pero, según fuentes judiciales, la inesperada decisión de Puigdemont de viajar a Bélgica y el anuncio de su abogado, Paul Beckaert, de que su cliente no prestará declaración en España, donde debe comparecer hoy, ha endurecido más, si cabía, la posición inicial.

El punto de vista de la Fiscalía era éste: imputar un delito de rebelión, como se plantea en las dos querellas presentadas el pasado lunes, en el que las penas de prisión pueden llegar hasta un máximo de 30 años, y no solicitar una medida cautelar de prisión provisional sin fianza sería interpretado como una prueba de incoherencia o inconsistencia, restaría credibilidad a la acusación.

El letrado de Puigdemont en España, Jaume Alonso-Cuevillas, señaló anoche a ARA que estaba elaborando un escrito para presentar esta mañana ante la magistrada Lamela en el que se solicitará la declaración de Puigdemont por el sistema de videoconferencia desde Bruselas, una propuesta que ayer lanzó el abogado Paul Bekaert.

La ley de Enjuiciamiento Criminal, artículo 731 bis contempla la posibilidad de que los imputados, testigos y peritos presten declaración, bajo ciertas condiciones, a través de videoconferencia.

Con todo, la Sala Segunda del Tribunal Supremo, según sentencia de marzo de 2015, cuya ponencia correspondió al presidente de la Sala, Manuel Marchena, restringe el uso de la video conferencia.

"El entendimiento histórico-convencional del principio de inmediación sigue siendo considerado un valor que preservar, sólo sacrificable cuando concurran razones que, debidamente ponderadas por el órgano jurisdiccional, puedan prevalecer sobre las ventajas de la proximidad física y personal entre las fuentes de prueba y el tribunal que ha de valorarlas”, decía. Precisamente, el tribunal del caso Gürtel  se basó en dicha sentencia para denegar la petición del presidente de Gobierno, Mariano Rajoy, para declarar por videoconferencia en el juicio y le oyó como testigo el pasado 26 de julio.

El Convenio Europeo de Asistencia Judicial en Materia Penal, firmado en mayo de 2000, regula la práctica de las videoconferencias. El artículo 10 establece que se aplicará a las audiciones de peritos o testigos, si bien también, en ciertas condiciones podría aplicarse a personas inculpadas, siempre y cuando exista acuerdo entre los Estados.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional se opondrá, según fuentes jurídicas, a la propuesta que hoy formalizará el letrado Alonso-Cuevillas.

La defensa de los investigados, tanto ante el Supremo como ante la Audiencia Nacional, va a cuestionar las condiciones en que se ha citado a sus clientes como la competencia de ambos tribunales para investigarles. Los imputados han sido citados, señalan los letrados, con menos de 24 horas de antelación (la citación , el auto de admisión a trámite y las querellas fueron comunicadas ayer, miércoles día 1 de noviembre a las 10,15 horas), siendo que la competencia sobre los aforados, sostienen, es del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Por esta razón, solicitarán un aplazamiento de la declaración en un plazo mínimo de quince días.