La Fiscalía contempla prisión incondicional para Forcadell y Corominas y cautelares para los demás

MadridLa Fiscalía General del Estado se inclina por diferenciar las peticiones de medidas cautelares de carácter personal contra los seis miembros de la Mesa del Parlament, ahora Mesa de la Diputación Permanente, contemplando, en principio, a expensas de lo que aporten las declaraciones, la solicitud de prisión incondicional al menos para la presidenta, Carme Forcadell, y el vicepresidente primero, Luis María Corominas, según fuentes consultadas por ARA.

Para los restantes cuatro miembros se solicitarán otras medidas cautelares. Será el magistrado instructor, Pablo Llarena, el que tras las declaraciones y oídas las peticiones, adoptará la decisión.

La Fiscalía optó -según anticipó ARA el mismo jueves 2 de noviembre- por pedir una medida de prisión para los dieciséis querellados (6 en el Tribunal Supremo y 9 en la Audiencia Nacional), una orientación que se aplicó a rajatabla en la Audiencia Nacional, pero que no pudo concretarse en el Supremo porque el magistrado Llarena aceptó la petición de los querellados de aplazar las declaraciones a raíz de la premura con que fueron citadas (con menos de 24 horas de anticipación)

Pero nadie cayó en la cuenta el jueves pasado, día 2, en que la postergación de una semana haría coincidir las declaraciones en un día de fiesta en Madrid, el de la Almudena.

Esas fuentes señalan que hay una diferencia cualitativa entre las actuaciones de Forcadell y Corominas, vicepresidente primero de la Mesa y presidente del grupo parlamentario Junts pel Sí y los restantes miembros de la Mesa. “Pero no estamos por medidas caritativas” advirtió la fuente consultada.

El hecho de que la actual presidenta del Parlament ha sido, con anterioridad, la presidenta de la Asamblea Nacional de Cataluña (ANC), hasta mayo de 2015, cuando le sustituyó Jordi Sánchez, encarcelado por los actos preparatorios del referéndum del 1 de octubre, es un factor que la Fiscalía considera relevante.

“No es lo mismo la posición de la presidenta del Parlament y del vicepresidente primero que la de un secretario. Y, además, el papel de Forcadell como impulsora desde la ANC no es un antecedente a ignorar”, señaló la fuente consultada por ARA. Lo mismo apuntan sobre el papel protagonista de Corominas.

En otro escalón se coloca a Luis Guinó, vicepresidente desde el 25 de julio de 2017, a Anna Simó, secretaria primera, a Ramona Barrufet, secretaria cuarta y Joan Josep Nuet, secretario tercero, quien, además, votó en contra de la tramitación de la declaración del 27 de octubre.

A las comparecencias acudirán hoy, tal como estaba previsto el pasado jueves, día 2 de noviembre, cuatro fiscales. Serán los fiscales de Sala, Consuelo Madrigal, ex fiscal general del Estado, y Fidel Cadena, quienes participarán en la comparecencia de Forcadell y de otros dos miembros de la Mesa; a las de los siguientes tres asistirán los fiscales de Sala Javier Zaragoza y Jaime Moreno.

Según ha podido saber ARA, las defensas de los querellados han insistido a sus clientes que sería bueno responder a las preguntas tanto de los fiscales como del magistrado instructor. Forcadell, por ejemplo, se ha limitado en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) a responder solamente a preguntas de su letrado, Andreu Van den Eynde.

Al parecer, los seis miembros de la Mesa estárían dispuestos hoy a atender las preguntas de los fiscales y del magistrado instructor.

La declaración de hoy en el Supremo se ha convertido en una prueba relevante del procedimiento por rebelión/sedición y, como telón de fondo, del “modelo” de artículo 155 que aplica el gobierno de Mariano Rajoy.

Sucede que el único vestigio de la autonomía de Cataluña, una vez intervenido y cesado el Govern, encarcelado y parcialmente huido a Bélgica, es la Mesa de la Diputación Permanente, que asegura el tránsito del disuelto Parlament al nuevo que resulte de las urnas del 21 de diciembre.

En otros términos: si la autonomía catalana no ha desaparecido del todo a partir de la aplicación del 155 es precisamente por la supervivencia de la presidenta del Parlament, y la Mesa de la Diputación Permanente.

El encarcelamiento de los 8 miembros del Govern por la magistrada Carmen Lamela, a petición de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, supuso un “autocuestionamiento”, según fuentes judiciales consultadas por ARA, del “modelo de 155” elegido finalmente por Rajoy, un modelo que fue “tolerado”, por así decir, en Cataluña precisamente por optar a la convocatoria de elecciones inmediatas.

¿Por qué? Por el hecho de que mientras todos los partidos catalanes han decidido participar en las elecciones del 21-D, el encarcelamiento –con el antecedente de la prisión de Sánchez y Jordi Cuixart- ha supuesto sembrar de minas la precampaña y campaña electoral.

Aquí el fiscal general del Estado ha jugado un papel central. Durante el último mes y medio ha anunciado su deseo de detener preventivamente a Carles Puigdemont, primero por el delito de malversación, que instruye la magistrada Mercedes Armas en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), y más tarde, por los delitos de rebelión/sedición.

Fuentes consultadas por ARA señalan que ha habido una “desconexión” entre el ministro de Justicia, Rafael Catalá, y Maza, una desconexión estricta. “Maza ha llegado en ciertos momentos a desconectar su teléfono móvil respecto a las llamadas de Catalá. Quizá sería porque el fiscal general del Estado estaba reunido. Pero Catalá ha tenido problemas de comunicación con Maza”, señala una fuentes con conocimiento de los hechos.

Maza, según esta información, ha actuado en el tema de Cataluña tomando más como referencia a los sectores conservadores de la magistratura y judicatura y a un sector de la opinión pública que veía la necesidad de provocar un escarmiento, que a cálculos políticos del Gobierno.

La huida y parapeto de Carles Puigdemont y cuatro ex consejeros en Bélgica exige, al tiempo, medir bien los mensajes a la justicia belga. La orden europea de detención y entrega será objeto de un largo proceso que teóricamente podría superar, incluso, los noventa días, plazo que rige para los detenidos, situación diferente a la de Puigdemont y los otros cuatro ex consejeros.

La llave parece haberse desplazado ahora a las manos del magistrado Pablo Llarena. Ya hemos anticipado en ARA que será Llarena quien requerirá a las magistradas Lamela y Armas las actuaciones para centralizar las causas en el Supremo, una decisión que deberá adoptar tras las declaraciones de hoy.

La declaración de Forcadell es particularmente relevante hoy. Porque, según el auto de admisión de la querella de la Fiscalía, la rebelión o la conspiración para la rebelión, según quedó definido allí, “parte de la base de una estrategia concertada dirigida a declarar la independencia, que habría tenido como protagonistas a autoridades gubernamentales, parlamentarias y de movimientos sociales ideológicamente afines, cada uno de los cuales habría contribuido a ese objetivo desde el espacio funcional que le es propio”.

En otros términos, Forcadell no se habría limitado a desobedecer al Tribunal Constitucional –como éste ha reiterado ayer al anulación de la Ley de Transitoriedad y la declaración de independencia del 27 de octubre- sino que dicha desobediencia formaría parte, en la construcción jurídica de Maza, de la conspiración para la rebelión.

Será el magistrado Pablo Llarena quien a través de las medidas de carácter personal –prisión incondicional, prisión eludible con fianza- y real – fianza por responsabilidades civiles-, en función del riesgo de reiteración delictiva –ya no pueden someter a votación normas o leyes en el Parlament- o riesgo de fuga, el que definirá el horizonte de la investigación, incluso para los exconsejeros, ya que se quedará con toda la causa.

A saber, definirá Llarena si la acción penal practicada hasta ahora se corrige hacia un modelo de artículo 155 más acorde con los planes del Gobierno de Rajoy o si la precampaña y campaña electoral del 21-D se convierte en el campo minado que ya es más que una amenaza.