La Fiscalía solicitará de inmediato al juez Llarena la emisión de euroórdenes

MadridLa sentencia del procés precipitará de inmediato, según fuentes judiciales, la emisión de las órdenes europeas de detención y entrega (euroórden) contra Carlos Puigdemont, Toni Comín, Meritxell Serret y Luis Puig (Bélgica), Clara Ponsatí (Reino Unido) y Marta Rovira (Suiza).

Según la ley de reconocimiento mutuo de resoluciones penales e la Unión Europea, (artículo 39.3) “el juez acordará mediante providencia el traslado al Ministerio Fiscal para informe”.

Por tanto, son las acusaciones (Fiscalía, Abogacía del Estado y acusación popular de Vox) las que desencadenan el proceso de detención para extradición. El juez canaliza la solicitud.

En este caso se trata de repetir el procedimiento habida cuenta de que el magistrado instructor, Pablo Llarena, decidió, en una resolución inédita, retirar todas las euroórdenes vigentes en julio de 2018 tras la resolución del Tribunal Superior de Schleswig-Holstein de entregar a Puigdemont solo por malversación, al ver rechazada la extradición por el delito de rebelión.

El caso más llamativo fue la retirada de la euroorden en Bélgica contra Puigdemont, Comín, Serret y Puig (procesados por los delitos de rebelión y malversación).

El tribunal de Bruselas no entró al examen de fondo de la extradición, porque objetó la petición española por defecto de forma: la ausencia de una orden de detención nacional contra ellos.

¿Qué ocurrió? La magistrada Carmen Lamela, quien primero se hizo cargo de la causa en la Audiencia Nacional, envió a los imputados a prisión el 2 de noviembre de 2017 y dictó orden de captura contra aquellos que eludieron la acción de la justicia, cursando las euroórdenes de detención el 3 de noviembre.

Cuando Llarena asumió las actuaciones en el Tribunal Supremo decidió retirar, a primeros de diciembre de 2017, las euroórdenes dictadas por Lamela con la idea de perfeccionar la fundamentación ante el temor de un rechazo de la justicia belga a extraditarles por el delito de rebelión.

El 23 de marzo de 2018,el magistrado volvió a cursar las euroórdenes a Bélgica acompañando los documentos con el flamante auto de procesamiento que acababa de dictar dos días antes, el 21 de marzo.

Pero no incluyó en el material enviado una orden de detención nacional en sustitución de la orden de Lamela, que había quedado sin efecto. El magistrado estimó que con el auto de procesamiento era suficiente, pero jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) -caso Bob Dogi -había establecido que la orden de detención nacional era un requisito.

La Fiscalía belga recomendó, con lealtad, a la Fiscalía del Supremo reparar el bache. Los fiscales, a su vez, plantearon a Llarena la necesidad de emitir una orden de detención nacional. Pero por aquellas fechas Llarena arrastró los pies. Y, finalmente, se cruzó la decisión del Tribunal Superior de Schleswig-Holstein de rechazar la extradición de Puigdemont -detenido en Alemania de regreso de un viaje a Dinamarca- condujo a Llarena a tirar la casa por la ventana. Retiró todas las euroórdenes.

Ahora vuelta a comenzar desde cero. El magistrado, a solicitud de las acusaciones, tendrá que dictar una orden de busca y captura y de detención nacional y acompañar el auto de procesamiento con la sentencia del Tribunal Supremo. El procedimiento es el mismo tanto si se trata de una detención en el curso de una instrucción como para el caso de enjuiciamiento.

La lupa del TEDH

Pero Bélgica está ahora más bajo los focos del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) que en 2018. A primeros de julio pasado, fue condenada a indemnizar a los hijos de una víctima de ETA por incumplir la obligación de cooperar” con España para esclarecer el asesinato del coronel Manuel Romeo en 1981. España cursó dos euroórdenes contra la etarra Natividad Jauregui Espina, alias Pepona,pero un tribunal superior belga, tras una primera decisión favorable a la entrega, rechazó la entrega como al examinar un recurso de apelación cuyo argumento era la existencia de “motivos considerables”, basados en informes internacionales, para estimar que la entrega a España podría violar derechos fundamentales de la etarra.

Paul Bekaert fue el abogado de laPepona. Y es el letrado que asiste a Puigdemont en Bélgica.

La sentencia del TEDH, de 9 de julio de 2019, no puntualiza que Bélgica debía entregar a la etarra a las autoridades españolas pero condenó a Bélgica a pagar 5.000 eurods a cada uno de los cinco hijos del coronel al valorar que el rechazo a una tercera euroorden, de 2015, “no fue lo suficientemente exhaustivo” y falló en “su obligación de cooperar”. Porque la justicia belga no solicitó “informaciones complementarias" sobre el régimen de detención que se iba a aplicar a Jáuregui, para "verificar la existencia de un riesgo concreto” para ella.

La alternativa de Suiza

La pregunta, pues, es ahora la siguiente:¿permanecerán en Bélgica Puigdemont y los otros dirigentes independentistas procesados con la sentencia del procésya dictada y ante las nuevas euroórdenes?

La alternativa es instalarse en Suiza, país que no forma parte del sistema de euroorden. A favor de esta posibilidad está el hecho de que el Convenio Europeo de Extradición de 1957, que rige las relaciones entre España y Suiza, contempla, a diferencia del acuerdo de euroorden, el célebre artículo 3 titulado “delitos políticos”, cuyo punto 1 señala que “no se concederá la extradición si el delito por el cual se solicita es considerado por la parte requerida [en este caso Suiza] como delito político o un delito conexo con un delito político”.

El pasado mes de marzo, ante una visita de Puigdemont a Ginebra para participar en un debate sobre la independencia de Cataluña, el Departamento Federal de Asuntos Exteriores helvético, en contacto con las autoridades españolas, hizo un comunicado según el cual Puigdemont tenía el derecho de visitar Suiza y pronunciar “discursos políticos” siempre y cuando respete su ordenamiento jurídico.

Puigdemont y sus asesores jurídicos han afirmado que permanecerá en Bélgica y han subrayado que ahora es eurodiputado electo.

Pero los riesgos de una entrega a las autoridades españolas -ya con una sentencia firme del Tribunal Supremo- son incomparablemente más elevados que con las euroórdenes de 2018.

La policía y los servicios de inteligencia de España están al acecho.