Forcadell correría el riesgo de prisión ante una 'investidura telemática'

MadridUna reforma del reglamento del Parlament catalán para instaurar una hipotética investidura telemática de Carles Puigdemont como president del nuevo Govern de la Generalitat sería suspendida automáticamente por el Tribunal Constitucional (TC) a petición del Abogado del Estado en función de la prerrogativa que otorga a los recursos de inconstitucionalidad presentados por el Gobierno contra las decisiones de las Comunidades Autónomas (artículo 161.2 de la Constitución). En el Gobierno y en el TC se sigue, según ha sabido ARA, con especial atención esa posible reforma con la disposición de bloquearla.

Como ya es norma, una suspensión mientras se entra al fondo de los argumentos de la reforma en un periodo de cinco meses, iría acompañada de un requerimiento a la nueva Mesa del Parlament y a su presidente o presidenta para que se acate la suspensión a riesgo de incurrir en un delito de desobediencia. Una nueva instalación electrónica, con conexión Barcelona-Bruselas, supondría, además, unos gastos, los que podrían ser calificados como una malversación de caudales públicos.

La idea: la investidura es la culminación de la presentación del programa del candidato, cuenta con la posterior intervención de todos los grupos parlamentarios y la respuesta a ellos del candidato a presidente. Este debate quedaría, señalan fuentes judiciales consultadas, desnaturalizado a través de una “investidura telemática”.

Esas fuentes señalan, asimismo, en lo que se refiere al acta de diputado, que una cosa es mandatar a una persona para que recoja en la Junta Electoral su credencial de diputado, cosa que podría hacerse, y otra diferente la que estipula el reglamento del Parlament en su artículo 23. 1 a, a saber, “presentar al Registro General del Parlamento la credencial expedida por el órgano correspondiente de la Administración electoral y prometer o jurar respetar la Constitución española y el Estatuto de autonomía de Cataluña”.

La idea de una reforma del Reglament para introducir modificaciones como la “investidura telemática”, y otras posibles, y la respuesta del Gobierno a través del TC sitúa en el centro de la escena al presidente o presidenta del futuro Parlament.

En concreto: el alcance de la propuesta de que Carme Forcadell, actual presidenta de la Mesa de la Diputación Permanente y presidenta del Parlament en la anterior legislatura, repita en dicho puesto.

Su margen de acción sería casi inexistente. Porque está en libertad provisional por el delito de desobediencia y el magistrado del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, seguirá sus pasos.

El auto de prisión incondicional estaba redactado antes de la declaración de Forcadell y los miembros de la Mesa del Parlament, el pasado 9 de noviembre. Llarena conocía la petición de la Fiscalía.

Pero en la vistilla del artículo 505 de la ley de Enjuiciamiento Criminal unos rápidos reflejos llevaron a Forcadell y a los otros tres miembros –Luis Corominas, Anna Simó, y Luis Guinó- a acogerse a la llamada vía Barrufet, en referencia a la declaración realizada con anterioridad ese mismo día por la secretaria cuarta de la Mesa del Parlament. Barrufet acató el artículo 155 y el orden constitucional.

Llarena, pues, dictó prisión eludible con fianza. Pero en su auto, el magistrado se cubrió.

"No se escapa que las declaraciones...pudieran ser mendaces sin perjuicio de poderse modificar las medidas cautelares si se evidenciara un retorno a la actuación ilegal que se investiga", escribió Llarena.

El sábado 11 de noviembre, al recuperar su liberar después de pasar un día en prisión hasta cubrir la fianza de 150.000 euros impuesta por Llarena, Forcadell no acudió –por consejo de su abogado, según dijo- a la manifestación de Barcelona convocada para exigir la libertad de Jordi Sánchez, Jordi Cuixart y los exconsejeros encarcelados.

Por tanto, el nombramiento de Forcadell como futura presidenta del Parlament no parece ser todavía una realidad. “Forcadell pasa por una realidad personal que hay que respetar”, dijo una fuente conocedora de las circunstancias. Y en ellas hay que incluir el hecho de que su situación de libertad bajo fianza y bajo amenaza de volver a prisión en caso de reiteración de desobediencia están pesando.

Las negociaciones en firme para formar el nuevo Govern no conocerán un avance importante hasta que se despejen dos incógnitas: la prisión de Oriol Junqueras, diputado electo como número uno de la lista de ERC, y la de Jordi Sánchez, diputado electo como número dos de la lista de Junts pel Cataluña. También Jordi Cuixart declarará.

El 4 de enero se celebrará la vista en la Sala Segunda del Tribunal Supremo sobre la situación de Junqueras y el 11 de enero prestará declaración Sánchez ante Llarena. Tras la misma, la Fiscalía y la acusación popular de Vox expondrán su posición sobre la prisión. Y la Sala de Recursos decidirá.

Una vez aclarado si siguen en prisión o no, comenzará la contrarreloj para formar gobierno y decidir, también, que pasa con las acta de diputados de aquellos que permanecen en Bélgica y de los que siguen en prisión.

Cada voto es importante en la investidura…pero también para asentar la acción del nuevo gobierno en el Parlament.