El juez García-Castellón no reclamará de momento la investigación de los disturbios

Si se advierte nexo con la investigación sobre terrorismo de los CDR-ERT, la Audiencia Nacional podría pedir esas causas

El titular del juzgado central de instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, no solicitará a los juzgados de Cataluña, de momento, las causas de investigación de los disturbios posteriores -como el bloqueo de la autopista AP-7 en La Jonquera y Girona-a la sentencia del procés para instruirlas junto con la investigación de los CDR por delito de terrorismo.

Fuentes judiciales señalan que esta posición variaría si más adelante se encuentran vínculos de esas movilizaciones con los siete detenidos en Sabadell en prisión provisional.

No hay consenso en los distintos estamentos judiciales sobre una respuesta represiva dura a esas movilizaciones. Según las fuentes consultadas por ARA, sería necesario frenar la deriva hacia una situación como la del País Vasco, donde un historial prolongado y sistemático de violencia callejera provocó una interpretación y aplicación extensiva del delito de terrorismo a actos que estrictamente no lo eran.

La sentencia del procés, que rechazó el delito de rebelión y optó por la sedición, y la respuesta a ella en Cataluña ha creado una nueva dinámica. En esa nueva situación hay que insertar la batalla política entre las fuerzas políticas en el Parlament, con la iniciativa de la CUP en el sentido de impulsar el debate para “ejercer” el derecho de autodeterminación nacional, una táctica dirigida a explotar la aparente contradicción de Esquerra Republicana de Catauña (ERC), entre sus postulados independentistas y su posición pactistacon un PSOE que ha endurecido en la campaña electoral sus declaraciones sobre la situación en Cataluña.

La Abogacía del Estado solicitó al Tribunal Constitucional - al interponer uno de los últimos incidentes de ejecución de sentencia sobre la votación en el Parlament de una declaración sobre el derecho de autodeterminación- la deducción de testimonio o el envío a la Fiscalía de los hechos acaecidos en el Parlament por posibles responsabilidades penales.

El TC suspendió la declaración, pero esa suspensión es cautelar, lo que quiere decir que los magistrados no han entrado en el fondo del alcance de esa declaración, cosa que harán en las próximas semanas. EL TC no tiene más opción que suspender porque dicha prerrogativa del Gobierno -la de lograr la suspensión con solo pedirlo- está consagrada por el artículo 161.2 de la Constitución. 

Pero el TC puede llegar a encontrarse que esa declaración es un brindis al sol o una “quimera”, para usar una de las expresiones de la sentencia del procés, que no merece reproche penal.

Sin embargo, la Fiscalía General del Estado no parece dispuesta a seguir el ritmo del TC y ya esta considerando la posibilidad de presentar una querella criminal por el delito de desobediencia contra el presidente del Parlament, Roger Torrent.

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