La Generalitat mantiene la acusación contra Adrián Sas, que niega haber golpeado a ningún policía en el aniversario del 1-O

El Govern dice que ha planteado aplazar el juicio para negociar y la defensa asegura que es "falso"

La Generalitat ha elevado finalmente a definitiva la acusación contra Adrián Sas, el joven de Vilafranca del Penedès acusado de desórdenes públicos, atentado contra la autoridad y lesiones por su participación en 2018 en las protestas por el primer aniversario del 1-O. A pesar de que JxCat y ERC se habían posicionado la semana pasada en el Parlament  a favor de retirar la acusación particular del Govern, los servicios jurídicos del ejecutivo han decidido mantener la petición de cinco años y medio de prisión contra Sas -la Fiscalía pide siete- en el juicio celebrado hoy martes, donde el acusado ha negado haber golpeado a ningún agente de los Mossos d'Esquadra. Según ha afirmado en rueda de prensa la consejera portavoz, Meritxell Budó, el letrado de la Generalitat ha planteado a la defensa un aplazamiento del juicio para negociar, pero el abogado de Sas y miembro de Alerta Solidària, David Aranda, asegura al ARA que esto es "completamente falso".

La Generalitat ejerce de acusación contra una cuarentena de independentistas

"Desde la Generalitat hemos pedido un aplazamiento del juicio para encontrar una solución, es lo que me trasladan, y han sido las defensas que han dicho que no", ha afirmado Budó. Aranda admite que ha habido un "contacto informal" con el letrado del Govern antes del juicio, pero asegura que en ningún caso ha "dado a entender la posibilidad de un aplazamiento". "No ha hecho ninguna mención a un aplazamiento, ni lo ha hecho por escrito ni en la sala", añade, recordando que, en todo caso, la "forma procesal" de plantear este escenario tendría que haber sido en las cuestiones previas. Aun así, el abogado de Sas lamenta que Interior no haya mantenido su palabra, después de que el conseller Miquel Sàmper asegurara el pasado miércoles que se estaba trabajando para  rebajar las acusaciones en delitos de lesiones en los numerosos casos en los que la Generalitat se ha personado contra participantes en movilizaciones independentistas -una cuarentena ahora mismo, según los datos de Alerta Solidària.

Sea como fuere, los diputados de los dos partidos en el Govern, Francesc de Dalmases (JxCat) y José Rodríguez (ERC), habían pedido directamente la retirada de las acusaciones en el caso de Sas y la revisión de los "automatismos" en este tipo de procesos por parte de la Generalitat -que mantiene que está obligada a defender a los Mossos en caso de lesiones si así lo solicitan-. Budó ha alegado este martes que los "mecanismos" para hacerlo no son tan "directos" y ha insistido que lo que se ha intentado desde los servicios jurídicos es llegar a un acuerdo con la defensa del joven de Vilafranca. Más allá de negarlo, Aranda remarca que la retirada de la acusación particular no se tiene que pactar. "La Generalitat tiene potestad discrecional para hacerlo", afirma, y añade que para llegar a un eventual acuerdo haría falta que también implicara a la Fiscalía.

Voluntad de "proteger" al inspector Jordi Arasa

El letrado de Alerta Solidaria intuye que detrás del papel de los servicios jurídicos de la Generalitat está la voluntad de "proteger" a Jordi Arasa, ex jefe de los antidisturbios del área Regional de Recursos Operativos (ARRO) en Barcelona y uno de los dos Mossos que aseguran que Sas les golpeó. "Desconozco qué poder tiene este hombre, pero parece que siempre lo acaban protegiendo", dice, recordando que este inspector de los Mossos fue condenado en junio a más de dos años de prisión por los golpes de porra en el desalojo del 15-M -una sentencia por la cual fue redestinado-. En todo caso, todos los agentes que han declarado como testigo en el juicio han coincidido al señalar Sas como el autor de varios golpes durante el primer aniversario del 1-O, según ha informado la ACN. Según han argumentado, lo identificaron porque el día de los hechos llevaba un pañuelo de una peña castellera de Vilafranca y un palo del Baile de Pastorcillos, con el cual han asegurado que los agredió, y uno de ellos asegura que le provocó una "brecha en la barbilla".

Mientras Sas ha contradicho de forma muy breve esta versión y solo ha respondido a preguntas de su defensa, su abogado ha lamentado que la "piedra angular" de toda la causa sean los vídeos analizados después de los disturbios, que no muestran "absolutamente nada" que permita señalar Sas como autor de las agresiones. "Vídeos que no sabemos de dónde se han extraído", ha añadido. Tal como insiste en conversación con el ARA, Aranda también ha cuestionado em el juicio la investigación, "cuando menos irregular", de los Mossos: ha señalado que los agentes identificaron a Sas en Vilafranca el 17 de noviembre del 2018 mientras que las minutas policiales sobre la recogida de imágenes están firmadas dos días más tarde. Afirma, con todo, que las peticiones de la Fiscalía y el Govern son "esperpénticas" y "totalmente desproporcionadas" y concluye que, a su parecer, solo puede haber una sentencia absolutoria.

La CUP pide la dimisión de Sàmper

En rueda de prensa desde el Parlament, la CUP ha pedido "explicaciones" al Govern y la dimisión "inmediata" de Sàmper por "no cumplir con su palabra" y haber mantenido todas las acusaciones contra Sas. Una causa que, en palabras de la diputada Natàlia Sànchez, interpretan como una "operación represiva contra el movimiento independentista". "Es totalmente injustificable por parte de Interior", se ha quejado la cupaire, que ha lamentado que la Generalitat esté detrás de una sentencia que puede llevar a un independentista a prisión. Desde Alerta Solidària recuerdan, además, que la Generalitat animó a la población a manifestarse cuando se cumplía un año del 1-O, y, en un comunicado, piden una "disculpa pública del Govern hacia los independentistas en riesgo de encarcelamiento y la retirada de las casi cincuenta acusaciones de prisión que actualmente tiene formuladas contra independentistas".

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