La Generalitat no usó para el 1-O la partida de 6,2 millones que la Audiencia Nacional reclama a los 'consellers'

La interventora certifica que no se destinaron al referéndum

La Generalitat bloqueó las partidas presupuestarias destinadas a los procesos electorales, tal como le exigía la sentencia del Tribunal Constitucional contra la disposición adicional de los presupuestos que preveía la financiación del referéndum del 1-O. Esto es precisamente lo que certifica la interventora de la Generalitat, Rosa Vidal, en un informe al que ha tenido acceso ARA y que acompaña las alegaciones presentadas por la defensa de los consejeros encarcelados por la Audiencia Nacional.

La jueza Carmen Lamela les reclama una fianza civil de 6,2 millones de euros, que se corresponde con las partidas sobre procesos electorales y consultas populares que se habían incluido en los presupuestos del Govern. Según ella, esta podría ser la cifra que el Govern habría destinado al 1-O. A pesar de los argumentos de la defensa, Lamela ha decidido este jueves mantener a todos los consellers en prisión provisional.

En el escrito, fechado en 31 de octubre, la interventora garantiza que desde que el TC consideró inconstitucional la financiación del 1-O, el 5 de julio, la Generalitat tomó las medidas necesarias para bloquear las partidas que el constitucional consideraba que se podrían utilizar para el referéndum. De hecho, señala que el único gasto relacionada con la organización de procesos electorales que se ha hecho en los últimos meses está relacionada con el "mantenimiento ordinario y evolutivo del sistema informático", que fuentes gubernamentales explican que es el que se utiliza para las elecciones al Parlament. Nada que ver con el referéndum, añaden dichas fuentes.

Las decisiones del gobierno español demuestran que la partida de gastos electorales está intacta

La defensa de los consellers considera que la fianza civil impuesta por la jueza Lamela –que no serviría para eludir la prisión provisional– es "arbitraria", lo que demostraría el informe firmado por la interventora de la Generalitat, pero también las decisiones del consejo de ministros. El 3 de noviembre, el gobierno español aprobó una modificación presupuestaria para cubrir las elecciones del 21-D. 25 millones repartidos en los presupuestos del 2017 (17,3 millones) y de 2018 (7,7 millones). Como la Moncloa considera que la partida de gastos electorales está intacta, en lugar de ampliar el presupuesto en 17,3 millones este año sólo tendrá que hacerlo en 12 millones de euros, que se cargarán a los fondos de contingencia. Además, desde el 20 de septiembre el ministerio de Hacienda tiene el control absoluto de las finanzas de la Generalitat.

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