Grave derrota del juez Llarena en su defensa 'creativa' de la rebelión

El bumerán de la prisión planteada por el Fiscal General de Schleswig-Holstein

El juez instructor Pablo Llarena ha sufrido la segunda derrota en su nuevo intento de obtener la entrega de Carles Puigdemont por rebelión “o cualquier otro precepto penal” del Código Penal alemán (artículos 89, 113, 125 y 240)”.

El tribunal de la Audiencia Territorial de Schleswig-Holstein ha vuelto a considerar los delitos al solicitar el fiscal general, Wolfgang Zepter, la prisión de Puigdemont por un presunto incremento del riesgo de fuga.

El fiscal invocaba el 9 de mayo, fecha de presentación de su petición de la medida cautelar, los nuevos datos enviados por el juez Llarena desde España: videos y documentos que pretendían ilustrar la existencia de  violencia el 1-O.

El fiscal Zepter no elevaba, el 9 de mayo, una nueva solicitud de extradición, tras la resolución del tribunal del 5 de abril, en la que se deniega “de entrada” la entrega por rebelión y se dejaba abierta la puerta para examinar el delito de malversación/corrupción a la luz de aclaraciones pendientes.

Simplemente describía el material enviado por Llarena, solicitaba la entrega por rebelión (81 del Código Penal alemán o alta traición) y por el 125 (violación de la paz o perturbación del orden público).

Zepter no reproducía, en cambio, los otros delitos apuntados por Llarena: el 89 ("acciones anticonstitucionales contra el Ejército y los órganos de seguridad pública"), 113 ("resistencia a agentes ejecutores") y 240 ("coacciones").

Sea como sea, para resolver la solicitud de reingreso de Puigdemont por incremento del riesgo de fuga, los jueces de la Audiencia Territorial  -aun cuando sigue pendiente la decisión final de la extradición- estaban obligados a examinar el nuevo material que invocaba el Fiscal General,

Los jueces visionaron los videos sobre enfrentamientos el 1-0 y examinaron los nuevos documentos.

Según el nuevo Beschluss o resolución dictada ayer, los nuevos datos no cambian los hechos tal como los expusieron los jueces el 5 de abril cuando señalaron que la ausencia, en Cataluña, de una violencia de intensidad capaz de doblegar al Gobierno suponía que en Alemania los hechos no pudiesen ser enjuiciados como alta traición o equivalente a la rebelión.

Porque, señala, “la información adicional sobre hechos individuales presentados en momentos diferentes no cambia esto".

La resolución estima "poco probable que exista responsabilidad penal” de Puigdemont en las acusaciones de perturbación del orden público. Puigdemont no puede ser responsable directo de los hechos que pudieran constituir dicho delito.

La grave derrota de la vía creativa de Llarena en materia de rebelión no le augura, todavía, mejor suerte en el tema de la malversación, tema que sigue pendiente, según los jueces, “a pesar del contenido contradictorio del material facilitado por las autoridades españolas”. Los jueces apuntan que “con arreglo al derecho alemán, una investigación sobre la sospecha de este delito  podría tener un resultado bastante dudoso”.

Por tanto, la Fiscalía ha ofrecido a los jueces una oportunidad para pronunciarse sobre el material fresco enviado por Llarena a fin de decidir si se había incrementado el riesgo de fuga de Puigdemont al punto de ordenar su reingreso en la prisión de Neumünster.

Tiene su miga que en el momento de resolver esta petición de prisión en Schleswig-Holstein -presentada ante la Audiencia Territorial el 9 de mayo pasado, según se ha apuntado- ya se haya pronunciado –el miércoles 16 de mayo- la justicia belga declarando inválida la solicitud de España, hecho que vacía de contenido la advertencia sobre el incremento del riesgo de fuga. Si Puigdemont hubiese permanecido en Bruselas ahora estaría sin cargos.

Los jueces, eso sí, según señalan en su decisión, consideran válida la euroorden a pesar de la ausencia de una orden de arresto nacional, lo que llevó a la denegación de la extradición en Bélgica. Con todo, la defensa de Puigdemont todavía no ha presentado alegaciones sobre la resolución de la justicia belga denegando la extradición por carecer la euroorden de la orden de detención/prisión nacional. Lo planteará una vez que el Fiscal General presente la solicitud formal de extradición y la defensa se tome tres semanas para responder.

Días antes, pues, de que el Fiscal General Zepter eleve al tribunal su solicitud formal de extradición de Puigdemont, el tribunal ya le ha contestado al tener que resolver sobre la medida cautelar de prisión de Puigdemont solicitada el 9 de mayo.

Eso, una petición que ha actuado como un bumerán para Llarena y que ya perfila su derrota casi definitiva respecto a obtener la entrega de Puigdemont por rebelión o delitos parecidos. 

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