CRÒNICA

La Guardia Civil vuelve a llevar a Cuixart a juicio

Un agente reclama 10.000 euros a Òmnium por haber utilizado su declaración en el Supremo en un vídeo

Xavi Tedó
4 min
Una pantalla mostra el president d'Òmnium, Jordi Cuixart, declarant des de Lledoners en un judici contra l'entitat independentista

BarcelonaJordi Cuixart ha tenido que volver este jueves a los tribunales. Pero lo ha hecho en un juicio muy alejado de la pompa del Supremo. Ni escaleras nobles, ni bancos aterciopelados, ni frescos en el techo. Ni siquiera un sonido digno. Desde la prisión de Lledoners, y con evidentes problemas de conexión, el presidente de Òmnium se ha tenido que defender otra vez de la Guardia Civil, que esta vez no lo acusa de haberse ensartado a un coche del instituto armado sino de haberse servido de la voz de un agente del cuerpo en un vídeo de Òmnium con finalidades lucrativas.

El agente, que participó en los cacheos de la consejería de Economía el 20 de septiembre del 2017, explicó durante el juicio del 1-O que aquel día había banderas de Òmnium en los alrededores del departamento. Cuando la abogada Marina Roig le preguntó como eran, el agente se hizo un lío: "Un trozo de tela cuadrada donde pone Òmnium. De color verde, con alguna raya, con un palo". Pero Òmnium no tiene bandera, y aprovechó esta declaración en un vídeo de la entidad que se hizo viral y que quería denunciar las irregularidades de la vista en el Supremo. Ahora el agente de la Guardia Civil reclama a la entidad 10.000 euros por daños morales.

Como máximo representante de la entidad, pues, Cuixart se ha visto obligado a volver a comparecer ante un tribunal, y lo ha hecho para acusar el sargento de mentir: "Òmnium no tiene ninguna bandera", ha recordado, y se ha amparado en la libertad de expresión para defender el derecho de Òmnium a difundir aquel "despropósito". "Queríamos denunciar que el testigo mintió y lo continuamos haciendo. O hay mala fe o hay incompetencia de un servidor público", ha remarcado, sin que esta vez el presidente del tribunal lo haya tenido que alertar porque se le escaparan los "hostia" constantes con los que regó su declaración al Supremo.

La presidenta del tribunal sí que ha tenido que llamar al orden a su abogado, Benet Salellas, a quien ha pedido que no defendiera con "tanta vehemencia" a su cliente, golpeando la mesa. "Es la defensa de los derechos fundamentales", ha tratado de justificar el letrado, que ha tardado unos segundos a retomar su alegato porque se había perdido.

Después de este coitus interruptus, Salellas ha dicho que la declaración del agente se hizo "en un lugar público autorizada por una autoridad competente y retransmitida en directo" y que "el tribunal tampoco encontró necesario distorsionarle la voz". Sobre el afán publicitario del spot, el letrado ha rebatido que los medios de comunicación también piden a los lectores que se subscriban al final de sus noticias y "no dejan de ser medios de comunicación y no publicitarios". "Hay una voluntad de escarmentar", ha concluido sin picar este golpe a la mesa.

El agente ha querido dejar claro que la demanda la habría presentado contra cualquier entidad o partido que hubiera usado su voz. "Han hecho negocio con mi voz porque al final del vídeo pedían a la gente que se hiciera socia de la entidad, y habría presentado la demanda contra la Cruz Roja, el PSOE o el PP", ha asegurado para tratar de rebatir que se tratara de una cuestión política.

El sargento ha reiterado que su demanda obedecía a los "daños morales" que le ha ocasionado el spot y ha relatado que los hechos han afectado también a su familia, y a nivel profesional quizás no puede volver a hacer servicios como agente encubierto. "¿Un narcotraficante con quien me he reunido hace quince días me podrá reconocer? El daño es importante", ha asegurado. De hecho, ha explicado que un compañero del cuerpo que ahora trabaja en Cádiz y que hace años que no ve le ha llamado para decirle que había reconocido su voz. "Mi voz salió en todos los medios y me llegaron 5.000 tuits y centenares de memes con la declaración de la bandera riéndose de mí".

El agente también se ha ratificado en la controvertida definición que hizo de la supuesta bandera de Òmnium. "La bandera era exactamente la que yo describí", ha dicho, y ha admitido, eso sí, que no recordaba si decía la palabra democracia. También ha reconocido que no pidió que se le protegiera durante su declaración en el juicio del 1-O y que tampoco lo notificó a sus superiores posteriormente. Sea como fuere, ha denunciado que Òmnium no le hubiera pedido permiso para poder utilizar su voz en el vídeo.

Oleguer Serra, director de campaña de Òmnium, ha admitido que no se pidió permiso al demandante pero tampoco a nadie de los que salían. En este sentido, ha recordado que en la cincuentena de vídeos que ha elaborado en los últimos tiempos aparecen "dirigentes u otros agentes de la Guardia Civil y ninguno de ellos ha presentado ninguna demanda".

Una campaña "sin objetivo publicitario"

"La finalidad de la elaboración de estos vídeos formaba parte de una campaña más amplia que empezó a principios del 2019 para denunciar la carencia de democracia en el estado español y que en ningún caso tenía un objetivo publicitario", ha remarcado Serra. Que dijera "Hazte socio" al final del vídeo no era, según el trabajador de Òmnium, porque la entidad se lucrara económicamente, sino para "pedir la implicación de la gente", y ha añadido que el hecho que se haya retirado ahora "es por respecto al proceso judicial".

El ministerio fiscal, en cambio, sí que ve un objetivo publicitario por la inclusión de la frase "Hazte socio" al final del vídeo. "Se ha proyectado su voz con la voluntad de captar nuevos socios", ha considerado la Fiscalía en el alegato final. "Se ha vulnerado una intromisión con objetivos publicitarios y el demandante tiene que ser indemnizado", ha razonado el ministerio contradiciendo la defensa y después de recordar que se podía emitir su declaración porque era pública, pero no por este supuesto objetivo. Unos alegatos finales que Cuixart ya no ha podido oir porque a las 11 había programada otra videoconferencia y tenía que ceder la sala de Lledoners, que tendrá que mejorar la conexión si, como se prevé, no se para la judicialización del Procés.

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